El nivel de abstencionismo en el Estado de México tuvo un costo superior a mil 566.6 millones de pesos, los cuales representan la mitad del presupuesto destinado al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral y del financiamiento que reciben los partidos políticos para sufragar sus gastos ordinarios, actividades específicas y la búsqueda del voto.
Las cifras disponibles hasta el momento señalan que votaron la mitad de los 12 millones 739 mil 629 electores, ya tomando en cuenta la lista nominal de los casos anticipados y del extranjero, lo cual en términos generales significa que no se aprovechó la mitad de la inversión que realizaron diferentes autoridades en la organización del proceso electoral.
Entre el IEEM y el financiamiento a los partidos políticos se destinaron 2 mil 729.1 millones de pesos este año y si bien parte de este recurso es para organizar ya el proceso de 2024, en el que se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local, el instituto empezó a planear la elección de gubernatura a finales del año pasado.
El objetivo de todas las acciones y la existencia del IEEM y de los partidos es para organizar las elecciones y garantizar la posibilidad de que participe la totalidad de electores y en esta ocasión sólo lo hizo una de cada dos personas, por lo que la mitad de la inversión del gobierno estatal se pierde al no cumplirse el objetivo.
Al IEEM le toca mantener una estructura de forma permanente y en periodo electoral aumentarla. Debe adquirir las urnas y mamparas en las que erogaron este año 11 millones, 57 millones más en la documentación electoral con y sin medidas de seguridad, 15 millones en papelería y otros 15 millones en tinta indeleble; además del funcionamiento de 45 juntas distritales y el personal; la difusión de la elección, el llamado al voto, la organización de debates, entre otras acciones.
De los partidos se considera la totalidad de financiamiento porque al final, tanto el ordinario, como el específico y el de campaña tienen la misma finalidad; su organización, integración de oferta política, formación de cuadros hasta la promoción del voto, lo cual no sólo se hace en año electoral, sino de manera permanente.
En el caso del Tribunal Electoral, encargado de atender y sancionar las controversias que se suscitan entre los partidos políticos y derivado de los procesos electorales, se debe tomar en cuenta que, entre salario y operación del órgano, este año se consideraron 404 millones de pesos.
En estas tres acciones se consideran 3 mil 133.2 millones de pesos, de los cuales la mitad de recursos no aquilatados por los no votantes supera los mil 566 millones de pesos.
Cabe señalar que en esta estimación no se considera el gasto del INE y su Junta local en el Estado de México, quienes se encargaron de empadronar a la población mexiquense de 18 años y más, del funcionamiento de los módulos de atención para mantener al día el padrón electoral, de imprimir 183 mil 456 cuadernillos de la lista nominal para las casillas y de la difusión para tramitar y recoger la credencial.
Además el INE y la Junta local se encargaron de capacitar a las 143 mil personas que fungieron como funcionarios electorales y recibieron una compensación de 71.5 millones de pesos, del salario de 4 mil 113 Caes durante varios meses, de la fiscalización de los gastos de campaña y quienes monitorearon las campañas, de las urnas electrónicas que se usaron en 36 secciones, de la promoción de la elección; del voto anticipado en prisiones, el extranjero y de personas incapacitadas, entre otras acciones.
A esto se debe sumar el gasto de los órganos jurisdiccionales federales, desde la Sala Toluca hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que parte de su trabajo lo destinan a atender asuntos del Estado de México. Tampoco el gasto de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Tomando en cuenta los gastos proporcionales de las instancias federales, el costo de la no participación se podría ir al doble.