La Comisión Nacional del Agua (Conagua) asignó un contrato por 2 mil 975 millones 301 mil 99 pesos para construir la planta potabilizadora de Zumpango y su Línea Norte, uno de los proyectos hidráulicos previstos para reforzar el suministro de agua en esta región del Estado de México (EMX).

El contrato fue adjudicado de manera conjunta a Grupo Impulsor Pajeme, DII Proyectos y Structural Engineering & Design-Diec, luego de una licitación pública nacional en la que fueron analizadas siete propuestas económicas.

De acuerdo con el calendario establecido, los trabajos de la planta potabilizadora de Zumpango comenzarán el próximo 18 de agosto y tendrán un plazo de ejecución de mil 80 días naturales. La fecha límite para concluir el proyecto será el 1 de agosto de 2029.

El fallo de la licitación fue diferido en dos ocasiones, situación que provocó modificaciones en las fechas previstas inicialmente para el arranque y terminación de las obras.

Los recursos serán aportados mediante el fideicomiso número 1928, denominado Para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Aunque aprovechará el agua de la Laguna de Zumpango, la infraestructura será desarrollada en territorio de Teoloyucan.

La Conagua señala que el proyecto responde a la necesidad de incorporar una fuente estratégica de abastecimiento y mejorar la seguridad hídrica regional.

Con la planta potabilizadora de Zumpango se pretende incrementar la disponibilidad de agua potable para la población actual y futura, reducir la dependencia de fuentes externas o sobreexplotadas y mejorar la continuidad del servicio.

Además, el proyecto contempla un aprovechamiento regulado de la Laguna de Zumpango, con infraestructura que permita controlar la calidad del agua y disminuir riesgos sanitarios. La dependencia federal sostiene que esta estrategia también puede contribuir a una gestión más ordenada del cuerpo de agua y favorecer su conservación ambiental y recreativa.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arrestaron este miércoles en Naucalpan a César Jared ‘N’, identificado como integrante estratégico de la banda criminal ‘Los Tavos’ y/o ‘Los Escamillas’, acusándolo formalmente del delito de robo de vehículo con violencia.

La detención de este generador de violencia respondió al cumplimiento de una orden judicial por un atraco cometido el pasado 22 de julio, cuando encañonó con un arma de fuego a un automovilista en calles del municipio de Naucalpan para despojarlo de su unidad. La captura representa una fractura importante en la operatividad de esta célula delictiva que mantenía bajo asedio a conductores del Valle de México.

Tras ser localizado y asegurado por los agentes ministeriales, el probable responsable fue trasladado de inmediato e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, quedando a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente para definir su situación jurídica.

La estructura delictiva de ‘Los Tavos’ y/o ‘Los Escamillas’ acumulaba múltiples denuncias e investigaciones abiertas debido a su violento modus operandi en la zona metropolitana. Reportes oficiales de inteligencia de la FGJEM confirman que este grupo criminal concentraba sus operaciones ilícitas en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, extendiendo además sus atracos a diversas alcaldías de la Ciudad de México.

La investigación precisa que César Jared ‘N’ utilizaba la intimidación con armas de fuego para someter a sus víctimas a plena luz del día y huir rápidamente a bordo de los automóviles robados. De ser hallado culpable por el órgano jurisdiccional, el implicado podría alcanzar una pena de hasta 39 años de prisión, respetando su presunción de inocencia durante el proceso penal.

Las autoridades estatales mantienen desplegados operativos de campo para ubicar al resto de los integrantes de la organización delictiva y erradicar por completo sus actividades en el área limítrofe con la capital. El agente del Ministerio Público continúa integrando carpetas de investigación adicionales para determinar si el detenido participó en otros eventos de despojo violento reportados recientemente en la región.

La Fiscalía estatal puso a disposición ciudadana el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex para recibir denuncias anónimas. Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para denunciar al implicado en caso de haber sido víctima de sus atracos en los municipios mexiquenses o en la CDMX.

Transporte, luminarias, mayor seguridad, cursos gratuitos y espacios para atender casos de violencia de género forman parte de las demandas que estudiantes de la FES Cuautitlán aseguran haber conquistado durante los últimos años a través de organización, protestas y negociaciones con las autoridades.

Ahora, la comunidad estudiantil decidió sacar del archivo aquellas movilizaciones y hacer un recuento de lo conseguido desde 2017, con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones: varias de las condiciones que hoy existen dentro y alrededor de la facultad son resultado de las luchas que emprendieron estudiantes en años anteriores.

El balance reúne al menos seis años de protestas y presión hacia las autoridades universitarias, con demandas que han tenido como uno de sus principales ejes la seguridad de los alumnos durante sus traslados hacia y desde la FES Cuautitlán.

Uno de los primeros cambios que los estudiantes incluyen en su recuento ocurrió en 2017, cuando consiguieron un convenio de transporte para facilitar los traslados de la comunidad universitaria.

El tema volvió a generar inconformidad en 2022, cuando, de acuerdo con el pronunciamiento estudiantil, la dirección se negó inicialmente a firmar la continuidad del convenio.

Según los alumnos, la presión permitió destrabar la firma y avanzar también en rutas hacia El Rosario y La Quebrada, además de propiciar acercamientos con autoridades de Seguridad Ciudadana.

El transporte ha sido durante años uno de los temas sensibles para la comunidad de esta facultad de la UNAM, debido a que cientos de estudiantes deben combinar distintos medios para llegar a sus instalaciones, ubicadas entre los municipios de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán.

Para 2018, los estudiantes ubican otro momento importante de su organización: la creación de una instancia enfocada en la defensa de los derechos universitarios y la atención de casos de violencia de género.

Ese mismo año, aseguran, también se consiguió la salida de cinco profesores señalados por presunto acoso, uno de los temas que había generado inconformidad entre integrantes de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el recuento estudiantil, la organización derivó en la creación de Comisiones de Inscripciones y cursos gratuitos, concebidos como herramientas de acompañamiento para alumnos que enfrentaban dificultades durante sus procesos académicos y administrativos.

Esta vez estuvieron relacionadas con la seguridad y las condiciones de acceso a las instalaciones de la FES Cuautitlán.

Los estudiantes aseguran que las movilizaciones permitieron conseguir la instalación de luminarias y la delimitación de algunos espacios mediante vallas, como respuesta a los riesgos que enfrentaba la comunidad, principalmente durante sus entradas y salidas del plantel.

De esta manera, a lo largo de seis años, las protestas estudiantiles pasaron de exigir mejores condiciones de transporte a colocar sobre la mesa temas como acoso, atención a la violencia de género, procesos de inscripción, seguridad e infraestructura.

Los estudiantes buscan que las nuevas generaciones conozcan qué hubo detrás de algunas de las condiciones y servicios que actualmente existen en la facultad y, al mismo tiempo, reconocen que todavía hay pendientes.

“Recordar estas luchas no significa vivir del pasado. Significa entender que cada conquista es un punto de partida”, señalaron.

El mensaje concluye con una idea que ha acompañado buena parte de estas movilizaciones: ante los problemas que aún persisten dentro y alrededor de la FES Cuautitlán, los estudiantes consideran que la organización colectiva seguirá siendo una de sus principales herramientas para impulsar nuevos cambios.

Un perro habría sido atacado a balazos en la zona de Urbi, Tecámac, hecho que quedó registrado en video y que generó indignación entre vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con reportes difundidos por habitantes de la zona, un hombre presuntamente habría disparado contra el animal y posteriormente se habría retirado del lugar.

Vecinos señalaron de manera extraoficial que el presunto responsable podría ser un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), versión que hasta el momento no ha sido confirmada por la corporación.

Habitantes de la zona pidieron investigar los hechos y determinar la identidad del hombre que aparece en la grabación, además de establecer si efectivamente pertenece a alguna corporación de seguridad.

El video difundido en redes sociales muestra el momento en que presuntamente ocurre la agresión contra el perro, aunque las circunstancias y la identidad del responsable deberán ser determinadas por las autoridades.

Hasta el momento se desconoce si el perro sobrevivió al supuesto ataque y cuál es su estado de salud. Vecinos solicitaron apoyo para localizarlo y conocer sus condiciones, además de que se investigue el uso del arma y la posible responsabilidad de quien realizó los disparos.

La denuncia pública también generó llamados para que las autoridades municipales y estatales intervengan y determinen si existe algún delito relacionado con el maltrato o la agresión contra el animal. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad del supuesto agresor ni sobre su pertenencia a la SSC-CDMX.

Una nueva polémica rodea a la presidenta municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, luego de que la edil presumiera en sus redes sociales la entrega de una máquina retroexcavadora destinada a la dirección de obras públicas. Diversos internautas denunciaron públicamente que la funcionaria omitió deliberadamente aclarar que el equipo no fue adquirido con recursos, adjudicándose la compra que no se realizó con presupuesto gubernamental.

La polémica exhibe una presunta simulación institucional orientada a inflar los logros de la administración en curso frente a la ciudadanía mexiquense. La difusión oficial generó reacciones inmediatas entre los habitantes, quienes recriminaron la falta de transparencia al ocultar el verdadero origen del equipamiento entregado al ayuntamiento.

El origen real de la maquinaria corresponde a una aportación realizada por el ciudadano Hugo Hernández Garrido, quien presuntamente se vio obligado a entregar el equipo en calidad de donación para evitar la clausura del negocio familiar con el que genera decenas de empleos en la demarcación. Esta serie de prácticas ha sido duramente cuestionada por sectores locales, quienes señalan la existencia de presuntas presiones administrativas institucionalizadas que vulneran de manera directa la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

La gravedad de los señalamientos apunta hacia un presunto uso faccioso de las facultades de inspección y reglamentación municipal para obtener beneficios materiales o operativos ajenos a la ley. Diversos actores sociales exigen una revisión profunda sobre el estatus legal de los establecimientos mercantiles en Tepotzotlán y los acuerdos informales que rigen la relación entre el gobierno local y el sector productivo.

Los cuestionamientos públicos hacia la administración local se intensificaron al exigir cuentas claras sobre las supuestas aportaciones voluntarias exigidas a diversas empresas de la zona, tales como Naturasol, Castores o establecimientos de la comunidad china que operan en el municipio. Los habitantes reprochaban que las presuntas medidas de protección oficial a cambio de beneficios particulares solo benefician los intereses económicos de la alcaldesa, mientras los problemas urbanos y viales continúan agravándose severamente en el territorio municipal.

La exigencia ciudadana se centra en frenar cualquier acto de opacidad institucional y garantizar que el ejercicio público en Tepotzotlán se conduzca bajo estrictos estándares de legalidad y rendición de cuentas. El descontento generalizado refleja la urgencia de esclarecer los mecanismos de recaudación y fiscalización vigentes en el ayuntamiento mexiquense.