La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó incorporar al Código Civil estatal la figura de nulidad de juicio concluido, que permitirá invalidar sentencias firmes cuando se compruebe que el proceso judicial se llevó a cabo de manera fraudulenta, colusoria o con pruebas falsas.

El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, establece que esta acción será de carácter excepcional y aplicará únicamente en resoluciones que ya hayan causado ejecutoria.

La reforma reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones judiciales firmes cuando existan irregularidades graves en el proceso.

Podrá ejercerse en los siguientes casos:

Cuando el juicio se haya realizado sin conocimiento de alguna de las partes

Si existió falsa representación o emplazamiento indebido

Cuando se acrediten maniobras fraudulentas que afectaron el debido proceso

Si la sentencia se basó en pruebas que posteriormente fueron declaradas falsas

Cuando exista colusión entre las partes litigantes

Además, podrán promover esta acción:

Personas que hayan sido parte en el juicio

Sus sucesores o causahabientes

Terceros afectados por la resolución

Posturas en el Congreso mexiquense

Durante la discusión, legisladores coincidieron en la necesidad de adaptar la norma a la realidad jurídica actual.

“Mientras el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no aplique en esta entidad, podrá legislarse localmente sobre esta figura para revisar los juicios fraudulentos”, señaló el diputado Octavio Martínez Vargas.

Por su parte, el legislador Vladimir Hernández Villegas destacó que la reforma responde a la función legislativa de actualizar el marco legal.

En contraste, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio propuso limitar a un año el plazo para solicitar la acción, como lo establece el Código Nacional, planteamiento que fue rechazado.

El decreto aprobado establece restricciones claras para evitar abusos:

No procederá si han pasado cinco años desde que la sentencia causó ejecutoria

Tampoco si han transcurrido dos años desde que se conocieron los hechos que motivan la nulidad

No será admisible contra resoluciones dictadas en el mismo juicio de nulidad

Si hay un proceso pendiente sobre la falsedad de pruebas, los plazos se suspenden

Asimismo, la interposición de la nulidad no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia, aunque puede solicitarse una suspensión con garantía.

La reforma también contempla medidas para evitar el uso indebido de esta figura:

Si la nulidad resulta improcedente, la garantía se entregará a la parte afectada

El promovente deberá pagar daños, perjuicios, gastos y costas

Se impondrá una multa equivalente a un año de la UMA (42 mil 794 pesos en 2026) al abogado que haya promovido la acción

No será necesaria la garantía cuando se acredite que la ejecución de la sentencia podría causar un daño irreparable.

Representantes del Poder Judicial señalaron que esta disposición será temporal, ya que se prevé su abrogación cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad.

Más de 400 personas han sido detenidas en el Estado de México (EMX) como resultado de operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, derivados de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y ejecutados como parte de la estrategia impulsada desde la Mesa de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Estas acciones también han implicado la intervención de inmuebles, establecimientos y vehículos relacionados con actividades ilícitas, con el objetivo de frenar delitos de alto impacto en distintas regiones de la entidad.

Entre los operativos, Gómez Álvarez señaló que la Operación Enjambre, iniciada en noviembre de 2024, permitió investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos, lo que derivó en la detención de 60 personas en 18 municipios y en 19 sentencias contra 17 objetivos prioritarios.

En materia de recursos y patrimonio, la Operación Caudal permitió intervenir en 48 municipios para frenar el comercio ilícito de agua, asegurando 62 pozos y 138 tomas clandestinas, mientras que la Operación Restitución ha intervenido mil 695 inmuebles relacionados con despojo, de los cuales 947 ya fueron devueltos a sus propietarios.

De forma paralela, Delfina Gómez explicó que la Operación Liberación se ha enfocado en combatir redes de extorsión en 14 municipios del sur, en tanto que la Operación Atarraya ha intervenido 821 establecimientos y mantiene bajo investigación otros 3 mil 823 por su posible relación con actividades ilícitas.

Finalmente, operativos como Bastión, Fortaleza y Senda han permitido realizar cateos, asegurar inmuebles y recuperar vehículos vinculados con delitos como el robo de transporte y autopartes, como parte de la estrategia integral de seguridad en el Estado de México (EMX).

Con el objetivo de garantizar la seguridad, preservar el orden público, así como la paz y tranquilidad de las y los visitantes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), implementará un dispositivo de seguridad del 19 al 21 de marzo en diversas zonas arqueológicas de la entidad, con motivo del Equinoccio de Primavera 2026.

La estrategia contempla acciones preventivas, disuasivas y de proximidad social, ante el incremento significativo en la movilidad vehicular y peatonal que se registra durante estas fechas en las vialidades que conectan con los sitios turísticos y culturales donde se desarrollan diversas actividades conmemorativas del inicio de la primavera.

Se prevé una afluencia aproximada de 76 mil 400 visitantes, entre turismo nacional e internacional, grupos organizados, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, lo que incrementa la dinámica social y económica en las zonas aledañas a estos espacios.

Ante este panorama, la Policía Estatal desplegará un estado de fuerza de 277 elementos y 58 unidades, quienes realizarán labores de vigilancia, patrullajes preventivos, control del tránsito, así como acciones de orientación y apoyo a visitantes.

El operativo abarcará 15 zonas arqueológicas y espacios ceremoniales, entre los que destacan: Calixtlahuaca, Centro Ceremonial Otomí, Teotenango, Malinalco, La Peña en Valle de Bravo, Tenayuca, El Conde, Acolman, el Museo de la Prehistoria Tepexpan, Teotihuacán, Los Pochotes, Los Reyes Acaquilpan, Tlapacoya y Acozac.

Aunado a dichas acciones, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), reforzará las labores de seguridad a través del constante monitoreo de las cámaras de videovigilancia a fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, así como intervenir de manera oportuna ante cualquier alerta.

La Secretaría de Seguridad reitera su compromiso de implementar estrategias operativas que permitan salvaguardar la integridad de las y los mexiquenses, así como de visitantes a fin de que disfruten de las actividades en un ambiente seguro.

Una autoridad judicial determinó que Doña Carlota, de 74 años, podrá continuar su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de haber permanecido recluida desde abril de 2025 en un penal de Chalco, en el Estado de México.

El cambio de medida se dio tras la solicitud de su defensa, que argumentó su edad avanzada y el deterioro de su estado de salud, ya que padece hipertensión y diabetes tipo 2, por lo que requiere de cuidados médicos especializados que no podía recibir adecuadamente en reclusión.

Doña Carlota es investigada por el homicidio de dos personas, presuntamente relacionadas con la ocupación ilegal de una vivienda en Chalco. Este contexto fue parte de los elementos considerados por su defensa para solicitar la modificación de la medida cautelar.

En este caso, también se informó que uno de los presuntos invasores, identificado como Víctor Eladio Pérez Ortiz, fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de despojo, lo que reforzó los argumentos sobre el entorno en el que ocurrieron los hechos.

A pesar del beneficio otorgado, la mujer permanece vinculada a proceso, por lo que no ha sido declarada inocente. La prisión domiciliaria únicamente modifica el lugar donde cumplirá la detención preventiva mientras se desarrolla el juicio correspondiente.

Condiciones  para obtener la prisión domiciliaria

Para que Doña Carlota pueda salir del penal y continuar su proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en Chalco, Estado de México, destaca el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, además de la obligación de no contar con pasaporte vigente, con el fin de evitar una posible salida del país.

Asimismo, la imputada deberá presentarse ante las autoridades judiciales cada vez que sea requerida, como parte del seguimiento de su proceso penal, además de cumplir con otras disposiciones establecidas por el juzgado.

Las autoridades fijaron un plazo máximo de tres días para que se cumplan todos los requisitos y se formalice el cambio de medida cautelar.

Al concluir la audiencia, su hijo, Arturo Santana, celebró la resolución y adelantó que su madre podría trasladarse a su domicilio entre el viernes y sábado próximos, una vez que se completen los trámites correspondientes.

Las autoridades judiciales continuarán con el seguimiento del caso hasta que se emita una resolución definitiva.