Integrantes de la organización Resistencia Civil Pacífica A.C. denunciaron haber sido víctimas de un nuevo ataque a balazos contra sus unidades vehiculares y acusaron presuntas omisiones en la atención que recibieron al acudir a la Fiscalía de Zumpango para presentar la denuncia correspondiente.
En un comunicado difundido el 18 de octubre, la agrupación señaló que sus compañeros acudieron a las instalaciones ministeriales alrededor de las 11:00 horas del domingo, después de la agresión armada; sin embargo, según su testimonio, permanecieron durante varias horas sin obtener una respuesta efectiva para formalizar su denuncia.
La organización exigió la intervención del fiscal regional de Zumpango y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de que se investigue tanto el ataque denunciado como la actuación del personal ministerial señalado por una presunta falta de atención.Consultar atlas
Hasta el momento, los señalamientos sobre la agresión y las supuestas irregularidades en la Fiscalía corresponden a la versión difundida por la agrupación.
Además de solicitar que se investigue la agresión armada, Resistencia Civil Pacífica pidió que las autoridades de control interno y anticorrupción revisen posibles irregularidades en el servicio público.
El colectivo también solicitó investigar las quejas que refiere sobre presuntos actos de extorsión atribuidos a elementos de las policías municipal y estatal, sin que ello implique que exista una responsabilidad acreditada contra algún servidor público.
Entre sus demandas se encuentran la recepción inmediata de la denuncia, el inicio de las investigaciones correspondientes, la intervención de las instancias de Asuntos Internos y Anticorrupción, así como la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de sus respectivas competencias.
La organización advirtió que promoverá las denuncias y quejas necesarias contra quienes pudieran resultar responsables, tanto por la agresión como por las posibles omisiones o vulneraciones al derecho de acceso a la justicia.
La nueva denuncia se produce después de una agresión armada registrada el 22 de septiembre pasado sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de San Miguel Totolcingo, en el municipio de Acolman.
En ese hecho, cuatro hombres que viajaban en un vehículo fueron atacados a balazos.
Dos murieron en el lugar y otros dos resultaron heridos, donde las víctimas eran integrantes de Resistencia Civil Pacífica.
De acuerdo con testimonios los ocupantes habrían acudido previamente a una reunión en Tezoyuca para solicitar protección tras agresiones anteriores.
No obstante, las circunstancias y el móvil del ataque deben establecerse mediante las investigaciones ministeriales.
Otro antecedente ocurrió en junio de 2025, cuando Juan Carlos García Franco, conocido como “Bigotes García” e identificado como integrante de la misma agrupación, fue asesinado a balazos en su domicilio, ubicado en San Pablo Ixquitlán, municipio de San Martín de las Pirámides.
La sucesión de estos hechos coloca nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad de integrantes de la organización, aunque no se ha establecido públicamente que las distintas agresiones estén relacionadas entre sí.
En su pronunciamiento, Resistencia Civil Pacífica sostuvo que ninguna persona debe verse obligada a entregar dinero para acceder a un servicio público y reclamó que las autoridades garanticen el derecho de la ciudadanía a denunciar hechos posiblemente delictivos.
El colectivo pidió a las instancias municipales, estatales y federales informar sobre las acciones emprendidas y garantizar que los hechos sean investigados sin prejuicios ni omisiones.
La atención a la denuncia, el esclarecimiento del ataque y la determinación de posibles responsabilidades dependerán de las diligencias de las autoridades competentes.
