Hacienda va contra empresa ligada a amigo de ‘Andy’ López Beltrán por huachicol fiscal de 834 mdp
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercitar acción penal contra los responsables de la empresa tabasqueña Portacelis Gas and Oil, ligada a Jorge Amílcar Olán —amigo de Andrés Manuel López Beltrán—.
A la compañía se le imputa un esquema de “huachicol fiscal” que provocó un quebranto al fisco por más de 834 millones de pesos, de acuerdo con un reporte de Reforma.
Según la declaratoria de perjuicio entregada a la FGR el 25 de marzo pasado por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, la empresa utilizó información falsa en 139 pedimentos de importación de combustibles ingresados en ferrotanques entre febrero y junio de 2025, evadiendo el pago de impuestos y derechos.
Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que el administrador único de Portacelis fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza y presunto prestanombres de Amílcar Olán. De la Cruz también figuraba como comisario en Romedic (proveedora de medicamentos del Insabi), accionista en la ferretera Poyago y vigilante en Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, donde Olán posee el 90% de las acciones.
El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz renunció al cargo y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, un joven de 32 años residente de una ranchería en Jalpa, Tabasco, sin antecedentes empresariales.
El periodista Raúl Olmos, de MCCI, calificó la salida de De la Cruz como una “estrategia bien planeada” para ocultar a los verdaderos fundadores tras una estructura de socios sin trayectoria y domicilios modestos. Tras el cambio, la denuncia del SAT fue dirigida contra Ulin, empleados y agentes aduanales, excluyendo a De la Cruz de los cargos directos.
En el marco de las indagatorias, trascendió que el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta —pieza clave en la operativa del contrabando de combustible— logró huir a Estados Unidos en enero pasado tras eludir un operativo de captura de la FGR en el cruce fronterizo de Matamoros y Brownsville.
Carretero, quien posee doble nacionalidad y es conocido por su faceta como pastor cristiano en Tamaulipas, acumula dos órdenes de aprehensión previas por presunto contrabando de hidrocarburos vinculadas al caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y a una investigación sobre mandarines militares en la aduana de Matamoros. La FGR integró esta tramitación de 139 pedimentos fraudulentos para Portacelis como un tercer expediente en su contra.
Una pipa cargada con 26 mil 119 litros de diésel cruzó la línea fronteriza el 4 de febrero de 2025, por la aduana de Matamoros. El registro quedó asentado como un movimiento ordinario, uno más entre cientos que circulan cada día. Pero ese contenedor tenía algo que lo distinguía del resto: era el primer cargamento de Portacelis Gas and Oil, una empresa tabasqueña fundada medio año antes por el contador de un personaje que, desde hace meses, flotaba en el centro del debate público: Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo íntimo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador.
El proveedor de ese primer cargamento también decía mucho. El diésel provenía de Ikon Midstream, una firma asentada en Houston que semanas después quedaría en el centro del mayor escándalo de huachicol fiscal, tras el decomiso de un cargamento de 10 millones de litros de diésel de contrabando que la empresa había introducido en el buque Torn Agnes por el puerto de Ensenada.
Ese embarque en Ensenada se hizo casi a la par de que Hevi Transport LLC —otra firma texana involucrada en el huachicol, que ha compartido domicilio con Ikon— introdujo 20 millones de litros de diésel por Tampico. Los dos decomisos ocurridos simultáneamente a inicios de marzo de 2025, uno en el Pacífico y otro en el Golfo, son los que detonaron el escándalo del huachicol fiscal.
Ikon llevaba años registrando ante las autoridades aduanales que sus envíos correspondían a “aditivos”, “aceites” y “mezclas”, lo cual —según las investigaciones federales— sirvió para enmascarar combustible real y evadir impuestos.
Portacelis Gas and Oil había sido constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, ante el notario Manuel Alejandro Cachón Silva. Así que cuando hizo su primera importación, estaba a dos días de cumplir medio año de vida. El hecho de que una empresa recién creada escogiera como su primer socio a Ikon no podía explicarse por el azar o la casualidad.
Cuando fue creada, los socios de la empresa tabasqueña anotaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, un contador que nunca había mostrado señales de manejar negocios energéticos, pero que aparecía en numerosos documentos como hombre de todas las confianzas de Amílcar Olán, con quien venía trabajando desde 2018, cuando se desempeñaba como agente de ventas en su tienda de baños y azulejos.
El nombre de Juan Carlos se repetía una y otra vez en actas mercantiles: como administrador en Portacelis Gas and Oil; como comisario en Romedic, la empresa de Amílcar que recibió más de 490 millones de pesos en contratos de medicamentosfinanciados con recursos del Insabi; como accionista mayoritario de Poyago, la ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicamentos y, de esa forma, recibir 20 contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 344 millones de pesos; como titular del órgano de vigilancia en Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Amílcar es dueño del 90% de las acciones; como socio fundador de Portacelis OC, junto con el abuelo materno de Amílcar, una sociedad que lo colocaba dentro del núcleo familiar del empresario tabasqueño.
Portacelis era un nombre recurrente en al menos tres empresas ligadas a la familia de Olán Aparicio. Y en el papel, Juan Carlos de la Cruz Murillo parecía un empresario multifacético al centro de las compañías que recibían contratos millonarios o permisos estratégicos. Pero la dirección que él mismo registró en actas contaba otra historia. Su domicilio, ubicado en la calle Constancio Valenzuela, en Cárdenas, Tabasco, era una vivienda sencilla, con una fachada deteriorada, ventanas pequeñas protegidas con herrería y una única lámpara expuesta sobre la entrada. Ninguna señal de actividad corporativa. Ninguna oficina. Ninguna infraestructura. Nada que permitiera imaginar que desde ahí operaba un hombre que aparecía como comisario, accionista mayoritario o administrador de empresas que movían millones de pesos por la venta de medicamentos y combustibles.
Ese contraste revelaba la naturaleza del entramado: De la Cruz Murillo no era un empresario, sino el operador contable de Amílcar Olán, el empleado de confianza que aparecía firmando donde otros no podían aparecer.
En ese contexto, el debut de Portacelis Gas and Oil adquiere un relieve distinto. No era solo la primera importación de una empresa nueva: era el primer movimiento de una compañía fundada por el contador del empresario tabasqueño que en audios grabados clandestinamente en investigaciones periodísticas decía recibir instrucciones directas de un hijo del presidente (Gonzalo) para explotar minas de balasto en Oaxaca o surtir materiales al Tren Maya; el mismo hombre que relataba negociaciones con funcionarios del IMSS-Bienestar; el mismo que en fotografías aparecía orgulloso como amigo de otro de los hijos de AMLO (Andy), al que su círculo presumía como parte de una red que abría puertas en proyectos públicos millonarios.
El primer proveedor de combustible de esa empresa vinculada al entorno de los López Beltrán —justo antes de que su nombre incendiara el sector aduanero— fue Ikon Midstream, la compañía texana que en días sería ligada al mayor caso de contrabando de combustibles.
Una modesta casa, en esta calle de Cárdenas, Tabasco, es el domicilio de quien en actas aparecía como operador de empresas que realizaban millonarias transacciones de medicinas y combustibles.
Los primeros socios de Portacelis Gas and Oil llevaban el apellido Aparicio, como Amílcar Olán: Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio. Ese apellido había estado presente en otras sociedades vinculadas al empresario, como Portacelis OC, en la que el abuelo materno de Amílcar figuraba como socio junto con Juan Carlos de la Cruz Murillo. En Gas and Oil el patrón se repetía, pero ahora con De la Cruz Murillo como administrador y apoderado general. El contador no solo era firmante. Era el hombre que abría empresas, dirigía asambleas, modificaba objetos sociales, recibía facultades y tomaba control operativo inicial. Un empleado convertido en pilar contable de una estructura que se extendía desde negocios de azulejos y escusados hasta compañías que movían diésel importado desde Texas.
Por meses, la empresa avanzó con ese organigrama sencillo: dos Aparicio como dueños, y De la Cruz Murillo como administrador único. Sin embargo, semanas antes de que Portacelis iniciara su ascenso como importadora, ocurrió un giro que no corresponde a prácticas de una compañía que está a punto de entrar a un mercado regulado y de alto riesgo como el energético: los Aparicio cedieron sus acciones y renunciaron silenciosamente a la sociedad. No vendieron la empresa a corporaciones con trayectoria ni a empresarios del ramo. Entregaron su lugar a dos jóvenes sin experiencia comercial, sin capital visible y sin historial administrativo, ambos residentes en rancherías del municipio de Centro, Tabasco.
Un primer movimiento ocurrió el 11 de octubre de 2024, cuando De la Cruz Murillo otorgó poder a Armando Carrillo Peregrino, que en ese momento se desempeñaba como miembro de la dirigencia del sindicato de choferes de Tabasco, ligado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la llamada Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la 4T que a nivel nacional preside el diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pedro Haces.
Una semana después, los Aparicio argumentaron en una asamblea ante notario público que “por así convenir a sus intereses” se veían “en la necesidad de vender la totalidad” de sus acciones en Portacelis Gas and Oil. Lo propio hizo De la Cruz Murillo, quien renunció como administrador único.
Lo insólito es que la salida de los socios y la renuncia del contador de Amílcar ocurrió unos días después de que la Secretaría de Energía le había otorgado a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. El permiso se otorgó el 27 de septiembre de 2024 y el cambio en la compañía ocurrió en una asamblea realizada el 17 de octubre. ¿Qué persona, en sus cabales, renuncia a un negocio millonario ya aprobado? Por el perfil de los nuevos socios, todo apunta que el relevo fue una simulación para encubrir a los verdaderos beneficiarios.
En sustitución de los Aparicio entraron como nuevos socios Jeysi Armando Balcázar Vértiz y José Alonso Ulín Hernández; el primero es un joven nacido en 1991 que declaró vivir en la Ranchería Baquerón y cuya ficha curricular refiere que hizo estudios de contaduría, con experiencia laboral previa como auxiliar administrativo y vendedor de cambaceo (puerta por puerta); el segundo nació en 1994 en Jalpa de Méndez, residente en la Ranchería Ixtacomitán, sin historia empresarial previa.
En la misma asamblea, el operador de Amílcar dejó la administración de la empresa y en su lugar se colocó a Ulín Hernández, pese a no tener relación con el sector energético, la logística ni el comercio exterior. El único que fue ratificado en su cargo fue el comisario Jesús Medina Córdova, quien a la par ocupaba el mismo cargo en Portacelis OC, la empresa del abuelo de Amílcar.
El movimiento fue una estrategia bien planeada. La estructura que quedó en Portacelis Gas and Oil después de la salida de los Aparicio y de la renuncia de De la Cruz Murillo era la de una empresa preparada para operar negocios con sigilo: socios sin trayectoria, domicilios modestos en rancherías, y un organigrama que buscaba disolver cualquier vínculo evidente con las figuras que la fundaron.
Esa reconfiguración ocurrió en el umbral de que Portacelis se convirtiera en una de las importadoras de diésel más activas del año, y en las semanas previas de que Ikon Midstream, su primer proveedor, se convirtiera en el nombre central del escándalo del huachicol fiscal.
Antes de obtener contratos millonarios o de tomar decisiones sobre balasto, minas y proveedores de medicamentos, Jorge Amílcar Olán Aparicio era un vendedor de azulejos, baños y materiales de construcción en Villahermosa. Lo que cambió su trayectoria fue un vínculo personal: la amistad con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, compañeros de escuela, cómplices de fiestas y celebraciones familiares, parte del mismo núcleo social que se movía en círculos discretos de Tabasco.
Esa amistad lo acompañó cuando el poder cambió de manos en 2018. Para un grupo de amigos de Tabasco, la llegada de López Obrador a la presidencia les dio acceso directo a funcionarios, proyectos y contratos que hasta entonces les eran ajenos. Las fotografías del recuerdo muestran a Amílcar posando junto a Andy en celebraciones, junto con su círculo de amigos, como Daniel Casasús Ruz y los hermanos Calderón Alipi, convertidos después en funcionarios federales con cargos estratégicos. El ascenso económico de Olán coincidió con los años en que ese círculo comenzó a ocupar posiciones clave.
Audios obtenidos por Latinus, y posteriormente por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), mostraron otra dimensión. En ellos, Amílcar habla como alguien que se mueve con instrucciones directas de Bobby, uno de los hijos del presidente, para operar el negocio del balasto, que es la piedra triturada utilizada en los mil 500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya.
“A ver, a mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’ ”, dice Amílcar en uno de los audios. Y a continuación se muestra él mismo como beneficiario de los negocios del balasto: “Ahora sí que Bobby es el que me metió en este desmadre […] es que él va a estar ahí supervisando; lo mandó el papá a ver eso”.
En otra conversación, Olán refiere una reunión pendiente con el hijo del presidente como si formara parte de su agenda laboral: “Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo, Gonzalito. Porque mañana tenemos recorrido allá en el Tren Maya con los de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con lo del balasto”.
Otro audio obtenido por MCCI muestra a Olán describiendo cómo se enteró de supuestos pactos para explotar minas en Oaxaca. Ahí su voz aparece de nuevo confiada, sin matices, como si relatara un acuerdo entre amigos: “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca… que nosotros las explotemos. O sea que yo la explote, pues, porque yo soy el que seguro va a meter todo el dinero”.
Los audios no solo exponen su cercanía con los López Beltrán; también revelan cómo se movía dentro de los sistemas federales más sensibles. En grabaciones adicionales difundidas por MCCI, Olán y un interlocutor hablan de corrupción en el IMSS-Bienestar con la misma naturalidad con la que comentaban viajes y reuniones.
“No, qué madres… lo van a tronar. Ya andan investigándolo, porque anda pidiendo dinero”, dice Olán sobre un funcionario del IMSS llamado Candelario. Y después, con un tono que combina advertencia y cálculo: “Ahorita hay que tener a Candelario… manéjalo bien tú ahorita, porque yo no me voy a acercar tanto a él, porque no me vaya a salpicar”.
La conversación transcurre como si las decisiones operativas de un ente público fueran parte de su propia estrategia privada. Esa manera de hablar explica cómo un empresario sin antecedentes en el sector salud se convirtió, en poco tiempo, en beneficiario de contratos por más de 830 millones de pesos para el abasto de medicamentos durante el gobierno de AMLO.
El mapa de los negocios de Portacelis Oil termina de dibujarse cuando se siguen, uno por uno, los pedimentos aduanales. Entre el 4 de febrero y el 11 de julio de 2025, la empresa ligada al círculo de Amílcar Olán movió, oficialmente, 15 millones 350 mil litros de diésel importado desde Texas, en 444 operaciones registradas en las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y el puerto de Veracruz. Esas cargas suman casi 7 millones de dólares en valor declarado, algo así como 120 millones de pesos. Todo eso en apenas cinco meses, para una compañía creada en agosto de 2024 y administrada, en su arranque, por el contador de Amílcar Olán.
El punto de partida fue modesto, pero significativo. El 4 de febrero de 2025, una sola pipa carretera cruzó por la aduana de Matamoros con 26 mil 119 litros de diésel a nombre de Portacelis Gas and Oil. El proveedor era Ikon Midstream LLC, la misma firma texana que semanas después aparecería en el centro de la mayor trama de huachicol fiscal documentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En pocas semanas, la escala cambió de manera vertiginosa. Del 9 de febrero en adelante, las importaciones de Portacelis dejaron la vía carretera y se apoyaron casi por completo en los ferrotanques. En bases de datos aduaneras, 435 de las 444 operaciones se realizaron por vía ferroviaria y sumaron cerca de 8.38 millones de litros, con un valor de 4.67 millones de dólares; solo un cruce fue carretero (el de Ikon) y ocho correspondieron a buques tanque que descargaron en Veracruz, con 6.95 millones de litros y 2.31 millones de dólares declarados. La empresa prácticamente montó, en cuestión de semanas, una línea de suministro binacional basada en trenes y barcos.
El principal proveedor de Portacelis fue Brownsville GTR LLC. Con 420 operaciones a su nombre, esta compañía le vendió alrededor de 7.83 millones de litros de diésel, por un valor declarado de 4.44 millones de dólares. La mayor parte de esos cargamentos entró al país por la aduana de Nuevo Laredo, aunque también hubo movimientos desde Matamoros, siempre en ferrotanques. Los registros fiscales de Texas muestran que Brownsville GTR es una empresa constituida en 2020 en Houston, con vínculos empresariales con Ballast Partners, arrendadora de trenes, lo que explica que el diésel para Portacelis viajara masivamente sobre rieles. Esa misma compañía ferroviaria es la que utilizó Luxemborg Trading, la compañía del presunto traficante Luis Ariel Rivera.
El segundo gran pilar del negocio de la empresa petrolera ligada a Amílcar fue MG Energy LLC. Se trata de una compañía registrada en 2022 en Texas que entre el 29 de mayo y el 11 de julio de 2025 suministró a Portacelis, por la terminal marítima de Veracruz, ocho cargamentos de diésel que sumaron cerca de 7 millones de litros y 2.31 millones de dólares. En bases de datos aparecen seis descargas de un millón de litros cada una, más otras operaciones de 600 mil y 345 mil litros. La sospecha de las autoridades es que el volumen declarado en aduanas es inferior al que realmente ingresó al puerto, ya que los buques tenían capacidad para varias decenas de millones de litros, con lo que habría incurrido en contrabando de combustibles.
Brownsville GTR y MG Energy concentran, por sí solas, cerca del 94% del volumen declarado por Portacelis: juntas aportan más de 14.77 millones de litros y 6.75 millones de dólares del total de 15.35 millones de litros y 6.99 millones de dólares. El resto del diésel provino de una constelación de proveedores más pequeños, también radicados en Texas, que completan el mapa de la red.
Ante irregularidades detectadas en los embarques —sobre todo la sospecha de que reportaba menos de lo que entraba—, el 1 de agosto de 2025 Portacelis fue suspendida del padrón de importadores de hidrocarburos. Su congelamiento ocurrió luego de que ya era inocultable la red de negocios que se había construido en torno a los amigos de los hijos de López Obrador. Oficialmente se aplicó la causal III prevista en las reglas generales de comercio exterior, que textualmente dice que se suspenderá del padrón cuando “el contribuyente no hubiera presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna otra obligación fiscal”. Esa causal aplica incluso para aquellos importadores de combustibles que declararon menos impuestos de los que estaban obligados a pagar, lo que es, en términos llanos, la base del huachicol fiscal.
En menos de medio año, la empresa ligada al círculo de Amílcar Olán pasó de una pipa solitaria ligada a Ikon Midstream a una operación que combinaba ferrotanques cargados por Brownsville GTR y buques tanque contratados a través de MG Energy, apoyada por una red de comercializadoras pequeñas.
MG Energy, uno de los mayores proveedores de Portacelis, abastecía también a Empowering People, S. A. de C. V., una comercializadora vinculada a Luis Ariel Rivera Rodríguez y Arnold Rojas Tame, “los señores de los trenes”, ambos involucrados en redes de huachicol.
Texto publicado en MCCI el 27 de julio de 2026.
