En el Estado de México disminuyó el número de personas hablantes de lenguas indígenas, al pasar de casi 415 mil en 2020 a 403 mil 386 en 2025, una diferencia de más de 11 mil personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

El fenómeno representa un riesgo para la preservación cultural, debido a que una lengua no solo constituye una forma de comunicación, sino que también concentra conocimientos, experiencias y saberes transmitidos de generación en generación.

“Una lengua no solamente representa la forma de interactuar o de comunicarnos, lleva además experiencia y muchos conocimientos que se han guardado durante años”, señaló Mauricio García Sandoval, docente de la Facultad de Antropología de la UAEMex.

El especialista explicó que cuando una lengua deja de utilizarse también pueden desaparecer expresiones culturales como refranes, dichos, mitos, leyendas, costumbres, tradiciones y formas de saludo, elementos que contribuyen a preservar la identidad de los pueblos originarios.

“La lengua es parte de nuestra identidad y de los elementos culturales que nos distinguen al interior del país y en el mundo”, afirmó.

Tanto en 2020 como en 2025, las mujeres representaron la mayoría de las personas hablantes. Hace cinco años se contabilizaron poco más de 218 mil mujeres y casi 196 mil hombres; para 2025 fueron más de 215 mil mujeres y 188 mil hombres.

El mazahua es la lengua indígena con mayor número de hablantes en la entidad, principalmente en municipios como San Felipe del Progreso y Atlacomulco.

El segundo lugar corresponde al otomí, con presencia en municipios como Temoaya, Acambay, Toluca, Otzolotepec y Xonacatlán. El náhuatl se habla en comunidades de Texcoco y Malinalco, mientras que el tlahuica se mantiene principalmente en Ocuilan.

Entre las causas de la disminución de hablantes se encuentra el relevo generacional, debido a que las nuevas generaciones han dejado de practicar las lenguas originarias. Actualmente, una parte importante de quienes las hablan son adultos mayores, mientras que la presencia de jóvenes y niños es menor.

A ello se suma la discriminación que pueden enfrentar personas de pueblos originarios por utilizar su lengua materna, situación que puede contribuir a que las nuevas generaciones dejen de aprenderla.

 “Desafortunadamente, al verse afectados por la discriminación, las nuevas generaciones optan por ya no aprender la lengua materna”, mencionó García Sandoval.

Para evitar que estas lenguas desaparezcan, es necesario reconocerlas como parte del origen y la diversidad cultural de México, además de eliminar las etiquetas y prejuicios que generan rechazo hacia quienes las hablan, consideró el docente.

“Corresponde a toda la sociedad mexicana hacer algo porque seguimos viendo a los pueblos originarios como personas de menos recursos”, refirió.

Finalmente, el especialista señaló que la diversidad lingüística debe ser motivo de reconocimiento y no de discriminación.

Un total de 565 kilos con 242 gramos de narcóticos fueron incinerados este martes en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las sustancias destruidas se encontraban cocaína, metanfetamina y marihuana, aseguradas durante distintos operativos realizados en días recientes, de acuerdo con la dependencia federal.

Durante la jornada también fueron destruidas pastillas de diferentes sustancias psicotrópicas. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México.

En la incineración participaron agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscritos a la FGR, personal del Órgano Interno de Control (OIC), peritos especializados en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La FGR señaló que los narcóticos destruidos fueron asegurados como resultado de distintas acciones realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal y autoridades de la Ciudad de México.

Un total de 454 personas fueron detenidas por su probable participación en diversos delitos durante el Operativo Otomí, desarrollado del 23 al 27 de septiembre en el Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales, mediante despliegues tácticos, labores de inteligencia y operativos de vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, las 454 detenciones estuvieron relacionadas con diferentes conductas delictivas, principalmente delitos contra la salud, robo y portación de armas prohibidas.

Las autoridades detallaron que las personas detenidas están presuntamente relacionadas con los siguientes delitos:

– 226 por delitos contra la salud.

– 65 por robo en sus distintas modalidades.

– 60 por encubrimiento por receptación.

– 45 por portación de armas prohibidas.

– 19 por ataques a las vías de comunicación.

– 14 por resistencia.

– Siete por homicidio.

– Cinco por robo de vehículo.

– Cinco por uso de documento falso.

– Cuatro por extorsión.

– Dos por cohecho.

– Una por feminicidio.

– Una por tentativa de feminicidio.

Estas detenciones forman parte de las acciones emprendidas para intervenir puntos de operación de grupos delictivos y combatir distintas actividades ilícitas en territorio mexiquense.

Como parte de las investigaciones realizadas por la FGJEM, también se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Asimismo, las autoridades ejecutaron 16 órdenes de cateo, con apoyo perimetral de elementos federales y estatales, además de efectuar 89 inspecciones preventivas en campo.

Estas intervenciones formaron parte de la estrategia coordinada entre instituciones de seguridad y procuración de justicia para localizar a personas investigadas por diversos delitos.

Los filtros de revisión y patrullajes preventivos permitieron asegurar 29 armas de fuego, de las cuales 21 eran cortas y ocho largas.

De acuerdo con la SSEM, uno de los objetivos prioritarios del operativo fue retirar armamento y sustancias ilícitas de las calles, así como intervenir puntos relacionados con actividades delictivas.

La dependencia destacó que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales permitió realizar las detenciones y aseguramientos durante los cinco días de despliegue.

El Operativo Otomí forma parte de las acciones de seguridad implementadas en el Estado de México para combatir la delincuencia y fortalecer la vigilancia en la entidad.

Hasta 30 años de prisión podrían alcanzar las personas responsables de ataques con ácidos u otras sustancias químicas contra mujeres, niñas y adolescentes, luego de que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal.

La propuesta, impulsada entre otras iniciativas por la diputada Zaira Cedillo, establece una pena de ocho a 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para los ataques dolosos cometidos con este tipo de sustancias.

Cuando las lesiones provoquen desfiguración permanente en la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o causen la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, la pena será de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa.

El dictamen establece que la sanción podrá aumentar hasta en una mitad cuando el agresor sea servidor público y actúe en ejercicio de sus funciones, o cuando exista con la víctima una relación de parentesco, convivencia, afectiva, sentimental, laboral, docente, de subordinación, confianza o cuidado.

Con estas agravantes, la sanción máxima podría alcanzar los 30 años de prisión.

La propuesta también establece que estos casos sean perseguidos de oficio, por lo que la investigación no dependería exclusivamente de que la víctima presente una denuncia.

La diputada Zaira Cedillo señaló que todavía no existe una fecha definida para que el dictamen sea sometido al Pleno y precisó que la votación realizada este lunes correspondió únicamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Las modificaciones planteadas a otras leyes, entre ellas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedaron pendientes de discusión.

Al término de la sesión, Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2014 y presidenta de la fundación que lleva su nombre, reconoció el aumento de las penas, pero sostuvo que una reforma debe garantizar también atención continua para las víctimas.

Sánchez relató que ha pasado por 67 cirugías reconstructivas y señaló que los tratamientos médicos, dermatológicos y psicológicos suelen depender de gestiones realizadas por las propias sobrevivientes.

“Una sentencia no me ha reparado mi proyecto de vida”, afirmó.

Recordó que su agresor, Efrén García Ramírez, fue sentenciado en 2023 a casi 47 años de prisión. Añadió que su fundación tiene conocimiento de 53 sobrevivientes de violencia química en el país, aunque aclaró que se trata de casos identificados por la organización y no de un registro oficial.

Ximena Reyes Canseco, vicepresidenta de la fundación, cuestionó que los ataques químicos permanezcan dentro del delito de lesiones como una modalidad agravada, pues la iniciativa ciudadana planteaba reconocerlos como un delito autónomo y modificar también la Ley de Víctimas.

Reyes Canseco señaló que aún no había revisado el dictamen completo porque, según dijo, no les fue compartido antes de la sesión.