El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de México, Rodrigo Archundia Barrientos, señaló que en promedio reciben tres mil 500 denuncias al año, donde más de la mitad son por abusos de autoridad por parte de policías municipales, estatales y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

«Tenemos como abusos de autoridad la hipótesis de remisión injustificada del corralón, enviar vehículos a depósitos sin causa justificada, por ejemplo, licencias irregulares, autorizar establecimientos para vender bebidas alcohólicas sin cumplir los requisitos. Tenemos también abuso de autoridad con contenido patrimonial, es utilizar el cargo para obtener o apropiarse de recursos o de bienes en beneficio propio o de terceros, y abuso de autoridad contra subalternos; exigir del sueldo bienes o servicios a subordinados u obligarlos a realizar actividades para obtener beneficios económicos».

Durante su encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) del Valle de Toluca, resaltó que a la fecha los delitos más denunciados ante la Fiscalía Especializada son el cohecho y el abuso de autoridad, que tienen 15 fracciones: incumplimiento de ejercicio indebido, abandono de funciones públicas, la coalición, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, conclusión del peculado de los cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.

«En 2023 solicitamos órdenes de aprehensión en contra de un juez que se dedicaba a dictar sentencias contrarias a derecho y conocido como un cartel inmobiliario para quedarse con casas y terrenos. Teníamos más de 30 expedientes en su contra y sus dos secretarios de acuerdo; hoy día ya se encuentran más de 10 personas detenidas por este delito».

Aunado a la intimidación, el uso ilícito de atribuciones y facultades, y el ejercicio abusivo de funciones, donde entran los hechos arbitrarios, utilizar el cargo público para realizar acciones indebidas; la agresión; insultar o agredir física o verbalmente a una persona sin causa legítima; negar o retrasar un servicio injustificadamente, eso es un hecho de corrupción; negarse a auxiliar; no brindar apoyo a una autoridad competente cuando se tiene la obligación de hacerlo; la privación ilegal de la libertad, fuera de los supuestos legales e inspecciones indebidas.

En el sector privado, la práctica más común consiste en el pago de sobornos a funcionarios públicos para que actúen en beneficio de sus empresas o de ellos mismos, por ejemplo, la manipulación de licitaciones en los procesos de contratación pública, así como la corrupción administrativa para obtener documentos oficiales como licencias. También se incluyen los delitos económicos en los que participan actores públicos y privados con fines de lucro, como lavado de dinero, evasión o elusión fiscal, tráfico de influencias, entre otros.

En el Estado de México —enfatizó—, la empresa ya no se puede deslindar del delito que se comete en su nombre por sus empleados o directivos y para beneficio, por lo que está obligada a responder y reparar el daño.

«El soborno está contemplado dentro del Artículo 222 del Código Penal Federal; el servidor público lo comete cuando recibe dinero para realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones, el representante también comete cohecho cuando ofrece, promete, entrega dinero o beneficios al servidor público que tenga una ventaja indebida».

Conforme a la Ley Responsabilidades, las penas por este delito van entre 6 meses y 4 años de prisión y la máxima de entre 3 años y 9 años de prisión. Por ello, los empresarios deben saber qué hacer, dónde acudir y encontrar el enlace correcto para presentar su denuncia, las cuales son vitales para poder legitimar su actuación en el combate a este flagelo que todos perjudican.

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México (EMX) presentó este jueves una alianza con el Movimiento Construir para promover la formación y participación ciudadana, mediante programas de capacitación gratuitos dirigidos a personas interesadas en involucrarse en la vida pública y, eventualmente, ocupar cargos de representación popular. Como parte de esta colaboración, 75 ciudadanos participaron en un simulacro de Parlamento Ciudadano en el Congreso mexiquense, donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante varios meses de preparación.

El ejercicio fue encabezado por el diputado local y dirigente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, acompañado por la diputada federal Ana Balderas Trejo, Karla Leticia Fiesco, secretaria de Operación Política del partido, e Ivonne Solís, coordinadora nacional del Movimiento Construir. Azar explicó que el parlamento representa la etapa práctica de un diplomado de aproximadamente seis meses, en el que los participantes recibieron herramientas para conocer el funcionamiento de las instituciones, desarrollar propuestas y comprender las responsabilidades de quienes ejercen un cargo público.

Durante su intervención, el legislador sostuvo que la intención es abrir los espacios políticos a ciudadanos con preparación y capacidad para representar a la sociedad, además de convertir sus inquietudes en propuestas legislativas.

“Las iniciativas deben salir de los ciudadanos, porque a través de ellas podemos plasmar lo que nos duele para que quienes logren llegar a los espacios de representación defiendan esas causas. De este diplomado y de las acciones del Movimiento Construir saldrán muchas iniciativas de ley que habremos de presentar a los partidos”, afirmó.

Por su parte, Ivonne Solís, coordinadora nacional de Movimiento Construir, explicó que el proyecto surgió como una iniciativa ciudadana para preparar a personas interesadas en participar en política, independientemente de su afiliación partidista, aunado a que defendió que los espacios de representación popular deben ser ocupados por perfiles con conocimientos y capacidad para atender las necesidades sociales, y no por personas improvisadas.

“Hoy tenemos que llevar a ciudadanos preparados, conscientes, para defender las causas de los mexicanos y estar en cualquier partido, porque necesitamos gente que nos represente con dignidad, con honor y, sobre todo, con justicia”, expresó.

También añadió que el diplomado y las actividades de formación son gratuitos y que buscan acercar oportunidades de capacitación a quienes no necesariamente tienen experiencia política.

En cuanto a su presencia, Solís informó que Movimiento Construir registra alrededor de 47 mil participantes en sus dos años de actividad a nivel nacional, mientras que en el Estado de México (EMX) cuenta con 12 mil 700 personas registradas. Junto con esto, aclaró que no se trata de un partido político ni de un esquema de afiliación, sino de una organización que busca establecer convenios con distintas fuerzas políticas para impulsar la preparación de ciudadanos y futuros representantes populares. Como ejemplo, mencionó que recientemente realizaron un Parlamento Ciudadano en Tijuana, Baja California, con participación de integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y adelantó que continuarían sus actividades en Baja California Sur.

De igual forma, durante el parlamento realizado en Toluca, los 75 participantes abordaron propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad, la atención a la primera infancia, el acceso a recursos para instituciones como los sistemas DIF y la incorporación de políticas públicas con perspectiva familiar en los gobiernos municipales. También se contemplaron temas relacionados con personas migrantes, personas con discapacidad y comunidades indígenas, particularmente aquellos sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. La intención, explicaron los organizadores, es que las propuestas surgidas de este ejercicio puedan convertirse en iniciativas legislativas que posteriormente sean retomadas por representantes populares.

El planteamiento también reflejó la agenda política que el PAN busca impulsar mediante esta colaboración, particularmente en torno a la defensa de la familia, los valores, la vida y las libertades. Al respecto, el legislador Azar Figueroa reconoció que, después de los resultados electorales de 2024, el partido realizó una revisión interna para identificar las razones de su desempeño y concluyó que necesitaba definir con mayor claridad su postura ante la sociedad.

Sin embargo, un punto que quedó por precisar es el alcance del aval académico mencionado durante la conferencia. Solís aseguró que el diplomado cuenta con respaldo del CONOCER, organismo coordinado por la SEP; sin embargo, la información oficial de este organismo establece que la capacitación y la certificación de competencias son procesos distintos. El CONOCER administra el Registro Nacional de Cursos de Capacitación (RENAC), donde se inscriben programas alineados con estándares de competencia, pero no certifica directamente los cursos.

El Congreso mexiquense recibió dos iniciativas de reforma constitucional relacionadas con la nacionalidad y la intervención extranjera en los procesos electorales. Una fue presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y busca impedir que quienes aspiren a la gubernatura conserven otra nacionalidad; la segunda, del diputado de Morena, Maurilio Hernández González, plantea incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad de elecciones locales.

La propuesta del Ejecutivo estatal busca modificar los requisitos para ocupar la gubernatura, de manera que las personas que tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas. También plantea prohibir que, durante el ejercicio del cargo, adquieran una nacionalidad extranjera o recurran a la protección diplomática de otro país.

La iniciativa forma parte de la armonización de la Constitución mexiquense con la reforma federal publicada el 7 de octubre de 2026.

Actualmente, la legislación estatal establece entre los requisitos para ocupar la gubernatura ser mexicano por nacimiento, tener al menos 30 años el día de la elección y acreditar la residencia correspondiente.

Con la propuesta, se busca ampliar las restricciones para que la nacionalidad mexicana sea la única que pueda ejercerse durante todo el periodo de gobierno, y no únicamente al momento de competir por el cargo.

Entre las conductas que quedarían comprendidas en la prohibición se encuentran utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países, ejercer derechos políticos como ciudadano extranjero y solicitar protección diplomática ante autoridades de otra nación.

Estas disposiciones forman parte de la reforma federal previamente aprobada por el Congreso mexiquense el 30 de septiembre.

Por separado, el diputado Maurilio Hernández González presentó una iniciativa para reformar la Constitución estatal e incorporar la intervención extranjera como una posible causa de nulidad de elecciones para la gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial.

La propuesta contempla supuestos como financiamiento extranjero de campañas, ciberataques, desinformación coordinada y presiones de agentes externos, siempre que existan pruebas de que esas acciones influyeron en los resultados electorales.

La iniciativa establece que correspondería a las autoridades electorales acreditar las conductas y determinar su impacto antes de declarar la nulidad de una elección.

Además, plantea que las modificaciones sean aplicables a partir del proceso electoral local 2029-2030, por lo que no tendrían efectos en los comicios de 2027.

Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) separó de su cargo a una policía de investigación señalada por presuntamente solicitar dinero a un ciudadano a cambio de agilizar los trámites de una denuncia por fraude, en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl.

A través de un comunicado, la institución informó que tomó conocimiento del caso luego de que la denuncia se difundiera en medios de comunicación y redes sociales. La servidora pública, identificada con las iniciales M.G.S.C., estaba adscrita a las oficinas ubicadas en la calle Caballo Bayo, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un ciudadano señaló a la agente por presuntamente pedirle dinero para iniciar una investigación por fraude. Según el testimonio de la víctima, la funcionaria le habría solicitado cantidades de entre 500 y mil pesos a cambio de brindarle apoyo y agilizar los trámites relacionados con su denuncia.

El señalamiento apunta a que los cobros no habrían ocurrido en una sola ocasión, sino que se repetían durante las visitas de los afectados a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas a un costado del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

Ante la falta de avances en su denuncia por fraude y después de acudir en varias ocasiones a las oficinas, los ciudadanos comenzaron a reunir información y pruebas para presentar una queja formal contra la servidora pública.

Entre las evidencias se encuentra un video que comenzó a circular en redes sociales, en el que presuntamente se observa a la agente recibiendo el dinero que le habría sido entregado por los denunciantes.

Este miércoles, la Fiscalía mexiquense informó que inició una investigación de oficio para determinar si la policía de investigación incurrió en alguna conducta constitutiva de delito o responsabilidad administrativa.

La institución también confirmó que la agente fue separada de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

“Esta Fiscalía reitera que no tolera ningún tipo de conducta ajena a la legalidad que deben guardar todos y todas las servidoras públicas que la integran”, señaló en el comunicado.