En el Estado de México, el derecho a informar enfrenta una contradicción: mientras en los últimos años se han creado leyes, un mecanismo estatal y protocolos para proteger a periodistas, las agresiones persisten y, en varios casos, tienen como protagonistas a autoridades encargadas precisamente de garantizar la seguridad.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 2 de octubre de 2025 en Toluca, durante la marcha conmemorativa por la matanza de Tlatelolco. La movilización terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías municipales, con una patrulla incendiada, personas lesionadas y detenidas, pero también con agresiones contra periodistas que documentaban los hechos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) investigó lo ocurrido y, en marzo de 2026, emitió las recomendaciones 01/2026 y 02/2026 contra el Ayuntamiento de Toluca. El organismo acreditó vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto del ejercicio periodístico, así como afectaciones a la integridad y seguridad personal.
El gobierno municipal reconoció posteriormente las agresiones y, un mes después de lo ocurrido, en noviembre de 2025, informó que nueve policías habían sido identificados por su probable participación y que serían sujetos a procedimientos administrativos. Además, Toluca comenzó a trabajar con periodistas en un protocolo municipal. Para febrero de 2026, formalizó un convenio con el mecanismo estatal para fortalecer la prevención y atención de agresiones contra comunicadores.
En abril de 2024, el periodista Giancarlo Serrano denunció haber sido agredido por policías municipales de Toluca mientras transmitía en vivo una presunta balacera en San Felipe Tlalmimilolpan. De acuerdo con su testimonio, le quitaron el teléfono y eliminaron material que había obtenido durante la cobertura.
En julio de 2024, los reporteros Carlos Pérez y Víctor Castillo fueron detenidos por policías estatales mientras cubrían una protesta en Paseo Tollocan. ARTICLE 19 documentó las detenciones y señaló que los comunicadores fueron criminalizados mientras realizaban su trabajo periodístico. Los reporteros denunciaron, además, irregularidades durante su traslado y acusaron a los agentes de intentar incriminarlos.
Para septiembre de 2024, dos periodistas fueron agredidos por particulares mientras realizaban una cobertura en la zona de la Terminal de Toluca. El Mecanismo estatal incorporó a ambos comunicadores y les otorgó medidas urgentes de protección.
Estos casos permiten dimensionar que la violencia contra la prensa no se limita a los homicidios.
El propio Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México reportó 199 agresiones entre mayo de 2023 y junio de 2025. Cerca de 40%, según su coordinador, Israel Hernández Sosa, provenían de servidores públicos.
En agosto de 2025, la cobertura de conflictos limítrofes entre los municipios de Cuautitlán y Teoloyucan, fue la causa para que Noticias MQS fuera bajado de su perfil informativo en Facebook y desde entonces ha estado en la mira.
En octubre de 2025, solo 13 de los 125 municipios habían firmado convenios de colaboración con el mecanismo estatal para facilitar la atención ante agresiones. Para 2026, ampliar esos acuerdos y lograr que los ayuntamientos adopten protocolos específicos continuaba como una de las tareas pendientes, de acuerdo con la propia institución.
La cobertura de protestas se ha convertido en uno de los escenarios donde esta vulnerabilidad resulta más evidente. Toluca reportó en 2024 que había capacitado a más de 500 policías en derechos humanos y libertad de prensa. Sin embargo, un año después ocurrieron las agresiones del 2 de octubre.
El contraste muestra que la capacitación por sí sola no garantiza el respeto al trabajo periodístico si no existen controles, sanciones y una cultura institucional que reconozca que fotografiar, grabar y transmitir la actuación de las autoridades forma parte del ejercicio de informar.
En el Estado de México se han documentado los casos de Diego García Corona, asesinado en Ecatepec en diciembre de 2018; Nevith Condés Jaramillo, encontrado muerto en Tejupilco en agosto de 2019; Enrique García García, asesinado a tiros en Metepec en junio de 2021; y Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en Teoloyucan en enero de 2025.
La CODHEM había documentado cuatro homicidios de periodistas en la entidad entre 2000 y 2019.
Tras el crimen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció que Salvador “N”, alias “Chava”, habría ordenado el homicidio y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Ese avance representa un paso en la investigación, pero no equivale todavía a una sentencia. En los otros casos emblemáticos tampoco existen resultados judiciales públicos que permitan hablar de una respuesta contundente frente a los homicidios.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que cuando una agresión, amenaza o ataque contra un periodista no genera consecuencias, aumenta el riesgo de que la violencia termine funcionando como un mecanismo para inhibir la cobertura periodística, especialmente en zonas donde confluyen intereses políticos, económicos o criminales.
El Estado de México cuenta desde 2021 con una Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, además de un mecanismo estatal. En 2026 también avanzaron reformas para ampliar apoyos sociales a periodistas independientes, incluidos servicios de salud, vivienda y apoyo funerario.
Sin embargo, de acuerdo con periodistas del Valle de Toluca entrevistados, el reto ya no es solamente crear normas, sino lograr que funcionen en la práctica.
Varios coincidieron en que el gran logro de la ley será responder con rapidez ante una amenaza, investigar los ataques considerando la línea periodística como posible móvil, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas.
También exige que los 125 municipios conozcan y apliquen protocolos para evitar que la seguridad pública termine convirtiéndose en un obstáculo para informar.
Este 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista, el balance para el Estado de México deja una tarea todavía pendiente: que ejercer el periodismo no implique asumir riesgos por informar.
La existencia de leyes, mecanismos y protocolos representa un avance, pero su eficacia dependerá de que las agresiones se prevengan, las autoridades actúen cuando ocurran, los responsables sean sancionados y las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia.
