Al menos cinco personas fueron detenidas ayer miércoles durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México relacionado con una presunta red de venta y asignación irregular de plazas en el sector educativo mexiquense.

Entre los capturados se encuentran Óscar N., exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, y Daniel Arturo N., delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI).

Fuentes confirmaron al Sol de Toluca que las detenciones forman parte de una investigación derivada de auditorías practicadas en áreas administrativas vinculadas con la gestión de personal y el manejo de nóminas dentro del sistema educativo estatal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Óscar N. fue asegurado durante la madrugada en el fraccionamiento Condado del Valle, en el municipio de Metepec. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

El exfuncionario ocupó cargos estratégicos dentro de la administración estatal anterior. Entre septiembre de 2017 y abril de 2021 se desempeñó como director general de Personal del Gobierno del Estado de México, área responsable de la administración de plantillas laborales y estructuras orgánicas de las dependencias estatales.

Posteriormente fue nombrado subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, cargo que desempeñó hasta el final de la gestión de Alfredo del Mazo.

Información relacionada con las indagatorias señala que las auditorías identificaron más de 300 plazas presuntamente irregulares, principalmente de carácter docente, cuyos titulares recibían pagos sin contar con una adscripción física identificable en escuelas o centros de trabajo.

Las revisiones también detectaron alrededor de 70 plazas con percepciones superiores a los 120 mil pesos mensuales, así como posibles inconsistencias en los mecanismos de control y asignación de personal.

Las observaciones se concentraron principalmente en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), aunque las investigaciones también alcanzan otras áreas relacionadas con la administración de recursos humanos y financieros.

Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no había emitido información oficial sobre los delitos que se imputarán a las personas detenidas ni sobre el número definitivo de involucrados en el caso.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las diligencias continúan, por lo que no se descartan más detenciones relacionadas con el presunto esquema de venta y asignación irregular de plazas dentro del sistema educativo mexiquense.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ministeriales den a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de los detenidos y el alcance de las investigaciones.

Entre 2025 y lo que va de 2026, el Poder Judicial del Estado de México ha atendido más de 14 mil solicitudes de pensión alimenticia, un derecho que busca garantizar el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes mediante el cumplimiento de una obligación compartida entre ambos progenitores.

El juez Marco Antonio Vergara Díaz, adscrito al Juzgado Primero Familiar de Ecatepec, explicó que la pensión alimenticia no se limita únicamente a cubrir gastos de alimentación, sino que también contempla aspectos esenciales para el crecimiento de las y los menores, como educación, atención a la salud física y emocional, así como actividades culturales y recreativas.

El juzgador señaló que, en numerosos casos, los conflictos entre los padres terminan afectando directamente a hijas e hijos, ya que las aportaciones económicas suelen utilizarse como una forma de presión dentro de las disputas familiares. Añadió que en municipios como Ecatepec también influyen factores sociales como la delincuencia y el consumo de sustancias nocivas, que pueden impactar en el cumplimiento de estas obligaciones.

Como ejemplo, refirió el caso de una joven de 17 años que enfrentaba dificultades para cubrir gastos de transporte, alimentación y materiales escolares necesarios para continuar sus estudios como ingeniera aeroespacial. La falta de recursos afectó su desempeño académico y puso en riesgo su formación profesional, por lo que se emitieron órdenes a las autoridades educativas para regularizar las materias que se vieron afectadas por la ausencia de apoyo económico.

Cómo se determinan las pensiones alimenticias

Para resolver este tipo de asuntos, explicó que los juzgados familiares trabajan de manera coordinada con diversas instituciones y especialistas. Entre las herramientas utilizadas se encuentran peritajes en trabajo social y psicología, además de información proporcionada por autoridades hacendarias, organismos de seguridad social e institutos registrales, con el objetivo de determinar montos acordes con las necesidades de las y los menores.

Vergara Díaz indicó que uno de los principales desafíos en estos procedimientos es agilizar el intercambio de información entre instituciones y contar con datos completos y actualizados que permitan ofrecer una atención más eficiente a las familias.

Recordó también que los trámites relacionados con pensión alimenticia pueden iniciarse a través de la Oficialía de Partes del Poder Judicial, el Sistema DIF, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de la Defensoría Pública y otras instancias que brindan orientación para la presentación de demandas.

“Hay que continuar alentando a la ciudadanía a resolver sus conflictos familiares entre ellos mismos a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y no afectar a niñas, niños y adolescentes, pues la familia es el núcleo básico de la sociedad”, concluyó el juez.

De acuerdo con el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad, así como quienes continúan estudiando, personas con discapacidad, adultos mayores y cónyuges o concubinos que se hayan dedicado al trabajo del hogar o estén imposibilitados física o mentalmente para trabajar, siempre que acrediten dicha condición mediante documentación expedida por una institución pública de salud.