Arturo Pueblita, Presidente del Consejo General de la Abogacia Mexicana, expresó que los lineamientos generales para la protección de los derechos de la audiencia, lo recibió con bastante preocupación y que además, es algo que se ha comentado en el medio jurídico.

En entrevista, el abogado aseveró que lo que se está pretendiendo justificar con una protección de las audiencias, un derecho que no es plenamente reconocido y que se confronta directamente con otros derechos constitucionales.

«Lo que se busca y es lo que se nota, es limitar las expresiones que puedan ser contrarias al gobierno».

¿En qué caso se podría aplicar estos lineamientos?

El abogado puso como ejemplo lo siguiente: Que saliera una nota donde se dé a conocer que un servidor público realizó actos de corrupción, hay grabaciones que se difunden en los medios, pero lo que dice el gobierno es «para nosotros esas no son pruebas reales… ya hicimos una investigación en el gobierno y nos dijeron que nuestro funcionario no realizó ningún acto y vamos a sancionar al medio de comunicación, porque vamos a decir que dio información falsa».

Sobre quién decidiría aplicar la multa, el abogado afirmó que se volvería un tema complejo, debido a que antes lo aplicaba la Comisión de Telecomunicaciones, el cual era un órgano constitucional autónomo.

Afirmó que todo esto, va contra la libertad de expresión e invita a la población a buscar el Artículo Sexto Constitucional, que determina que de ninguna manera se podrá establecer mecanismos que impidan la libertad expresión.

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abre la puerta a un escenario de acoso e incertidumbre para los concesionarios de radio y televisión

Advierte que permitirá la presentación de denuncias que, aun careciendo de sustento, podrían derivar en procedimientos administrativos y actos de hostigamiento.

A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por las implicaciones de la legislación recientemente aprobada, al considerar que el nuevo marco jurídico facilita que cualquier persona presente denuncias contra concesionarios sin necesidad de aportar pruebas suficientes desde el inicio del procedimiento:

«Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias

La CIRT está analizando los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismos que están en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Asimismo, hemos visto y analizando la presentación que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal hizo el día de hoy sobre los mismos.

Al respecto informamos:

1.- Entendemos y apoyamos el mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias. En este ánimo hemos emitido opiniones constructivas a la CRT.

2.- La CIRT hará un ejercicio de consenso con sus más de 1,200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada y esta sea presentada en la consulta pública que se está desarrollando.

3.- Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud. Estos se resumen en:

I.-Los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite a al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad.

II.-Las sanciones por cada supuesta «falta» informativa son en exceso elevadas, hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador. Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley.

II.-Se pretende establecer un «recurso de inconformidad» a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no.

II.-Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. Delo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales.

A reserva de tener un análisis más a detalle y con comparativos internacionales, nos parece acertado que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen».

La discusión sobre los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias mantiene dividido al Congreso y al sector de la radiodifusión, luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresara preocupación por los posibles efectos que la regulación podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Durante el debate, legisladores de oposición, principalmente del PAN y el PRI, señalaron que el proyecto contiene disposiciones que consideran ambiguas y sujetas a interpretaciones discrecionales, lo que, advirtieron, podría derivar en mecanismos de censura para los medios de comunicación.

Los legisladores argumentaron que las reglas propuestas no establecen criterios suficientemente claros para determinar cuándo un contenido podría incumplir con los derechos de las audiencias, generando incertidumbre para concesionarios de radio y televisión.

La CIRT manifestó su preocupación por la posibilidad de que las autoridades puedan determinar de manera unilateral qué información podría considerarse falsa o incumplir con los lineamientos, situación que, afirmó, abriría la puerta a decisiones discrecionales.

Asimismo, el organismo consideró que las sanciones económicas contempladas en la propuesta resultan excesivas para los concesionarios, lo que podría generar un efecto inhibidor en la cobertura informativa y en la libertad editorial de los medios electrónicos.

Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados rechazaron que exista una intención de censurar a los medios de comunicación y sostuvieron que el proyecto aún se encuentra en proceso de consulta y análisis.

El bloque oficialista aseguró que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la protección de los derechos de las audiencias y garantizar que la población reciba información de calidad, sin afectar el derecho a la libertad de expresión.

Los legisladores oficialistas señalaron que las observaciones realizadas por distintos sectores serán revisadas durante el proceso legislativo antes de que exista una versión definitiva de los lineamientos.

La discusión sobre los derechos de las audiencias ha reavivado el debate entre la protección de los consumidores de contenidos audiovisuales y la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Mientras organizaciones del sector radiodifusor solicitan reglas claras y objetivas que eviten interpretaciones discrecionales, el oficialismo insiste en que la regulación busca fortalecer los derechos de la ciudadanía sin restringir el trabajo de los medios de comunicación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La captura fue resultado de meses de labores de inteligencia e investigación en una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con el funcionario federal, “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, esta organización opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en el estado de Jalisco, y está relacionada con delitos de extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

Según García Harfuch, con la detención de este objetivo prioritario, suman 31 personas capturadas por el caso del asesinato del exedil.

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, cuando un joven de 17 años le disparó. Manzo, quien llegó al cargo por la vía independiente, mantuvo un discurso frontal contra el crimen organizado.

Como parte de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía estatal, las autoridades detuvieron a presuntos integrantes y colaboradores de la estructura delictiva en distintos niveles operativos.

Ya fueron vinculados a proceso Gerardo “N”, alias “El Congo”; Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”; y Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, quien presuntamente fungía como enlace para compartir información logística.

Las autoridades detuvieron a un agente de la Fiscalía Regional de Uruapan y a un elemento de la Guardia Civil de Michoacán, señalados por presuntamente filtrar información sobre investigaciones y órdenes de aprehensión a la organización criminal.

Por su parte, la alcaldesa de Uruapan y viuda del exedil, Grecia Quiroz, exigió de manera reiterada que se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con posibles móviles políticos, con el propósito de esclarecer plenamente el caso y garantizar justicia.

El titular de la SEP indicó que comunicó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

En un comunicado, la SEP señaló que Delgado Carrillo solicitó a las Secretarías de Educación estatales realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que se hayan emitido en sus respectivas entidades.

“En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”, se lee en el boletín de la SEP.

Asimismo, la dependencia añadió que deberá ordenarse la entrega inmediata de la documentación escolar al estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa.

En caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles.

Añadió que el secretario de Educación Pública señaló que, “como lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) coloca en el centro de la educación el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y una formación humanista”.

Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años, murió el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Falleció pocos días después de haber ingresado al campamento. El certificado de defunción clasificó la muerte como homicidio y estableció como causa “asfixia por sumersión”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el pasado 25 de julio que carece de facultades para supervisar escuelas militarizadas tras la muerte de la adolescente Dafne.

En un breve comunicado, la Sedena precisó que no tiene atribuciones para autorizar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones de este tipo.