Después de más de una década de investigaciones, señalamientos cruzados y un proceso legal que marcó la historia reciente de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas en el que concluye que el Ejército Mexicano no tuvo responsabilidad institucional ni participación directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La resolución, bajo la presidencka de Rosario Piedra Ibarra, llega después de que el 24 de junio de 2021 un grupo de padres y madres de los estudiantes desaparecidos presentara una queja formal ante el organismo, señalando directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como una de las autoridades responsables de lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Esa queja abrió un expediente de investigación por presuntas violaciones a derechos humanos que ahora, cinco años después, llega a una conclusión que no deja satisfechos a todos.
El Ejército en el ojo del huracán: ¿Qué dice el expediente?
Para entender por qué la CNDH llega a esta conclusión, hay que revisar los argumentos centrales.
Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas que ha seguido de cerca el caso, señala que la narrativa que coloca al Ejército como actor directo en la desaparición fue impulsada desde los sectores más radicales de Morena durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Para Ibarrola, ese posicionamiento político nubló la discusión técnica y jurídica sobre el papel real de la institución castrense aquella noche.
El especialista recuerda un punto de contexto que muchas veces se pasa por alto: en 2014, el Ejército no tenía funciones policiales.
Intervenir para detener o impedir las acciones de la Policía Municipal de Iguala habría constituido, en sí mismo, una ilegalidad. Bajo ese marco legal, la inacción no equivale necesariamente a complicidad.
«El Ejército no los detuvo, el Ejército no los mató, el Ejército no los desapareció, al contrario, los papás de 56 jóvenes que esa noche no regresaron a sus casas, al primer lugar donde fueron a pedir ayuda fue al 27 Batallón de Infantería para que les ayudaran a encontrar a esos 56 muchachos; fueron apareciendo después una cantidad, donde desafortunadamente 43 ya no aparecieron».
Este dato resulta relevante: si las propias familias recurrieron al batallón en busca de ayuda esa misma noche, el cuestionamiento sobre si el Ejército fue cómplice o simplemente un actor informado de lo que ocurría adquiere otra dimensión.
Uno de los señalamientos más polémicos que rodearon la investigación fue la figura del estudiante Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien según Alejandro Encinas —exsubsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj)— fungía como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», operando bajo lo que Encinas llamó una «fachada de alumno».
La implicación era directa: si el Ejército tenía un informante dentro de la Normal, entonces sabía lo que estaba pasando y, por tanto, podría haber actuado de manera diferente.
«Documentado está que no tenía ningún tipo de acceso a áreas de inteligencia militar y que tampoco generó ningún tipo de información que al Ejército le sirviera de algo, es decir, hay cuestiones de inteligencia militar que son muy necesarias más en función en cuestión de guerrillas o movimientos subversivos porque ese es un tema de seguridad nacional que le atañe completamente al Ejército».
En pocas palabras: tener un contacto en una escuela rural no equivale a tener información de inteligencia operativa, según el especialista.
Argumenta que el perfil de López Patolzin como informante no se tradujo en conocimiento previo ni en capacidad de intervención por parte de las Fuerzas Armadas.
La recomendación de la CNDH no borra por completo la presencia del Ejército en los hechos de aquella noche. La Defensa Nacional sí estuvo informada de lo que ocurría, y hay evidencia documental de una llamada en la que el coronel José Pérez —quien posteriormente fue detenido— contactó a la Policía Municipal de Iguala para preguntar si requería algún tipo de apoyo.
Ese detalle es importante porque matiza la imagen de un Ejército completamente ajeno a los eventos. Estar informado y no intervenir es distinto a participar activamente en una desaparición forzada, pero también abre preguntas sobre los protocolos y omisiones de esa noche, subraya el entrevistado
De hecho, algunos elementos militares fueron procesados penalmente, aunque no por desaparición forzada sino por vínculos con delincuencia organizada, una distinción jurídica que marca una diferencia sustancial en la narrativa oficial.
Un gobierno que manejó mal el asunto desde el principio
Ibarrola también fue directo al señalar que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto cometió graves errores en el manejo del caso desde sus primeras horas.
Para el experto, se dejó crecer una crisis que pudo haberse atendido con mayor transparencia y oportunidad, lo que terminó alimentando la desconfianza social y abrió la puerta a versiones que mezclaron hechos con especulación política.
La recomendación de la CNDH no cierra el caso Ayotzinapa ni satisface el dolor de las familias que llevan más de una década exigiendo justicia.
Lo que sí hace es establecer, desde la institución nacional de derechos humanos, una posición oficial documentada: el Ejército Mexicano no fue el responsable directo de la desaparición de los 43 normalistas. La búsqueda de la verdad completa, sin embargo, sigue abierta.
