La falta de personal, medicamentos y materiales médicos en distintos hospitales del Edomex ha llevado a trabajadores del IMSS a continuar con las movilizaciones y bloqueos los cuales comenzaron desde el viernes 9 de octubre. Las protestas también se han extendido a la avenida Morelos, en Toluca, y a las avenidas Tecnológico, en Metepec, y Gustavo Baz, en Naucalpan, donde los manifestantes denunciaron carencias que, aseguran, dificultan la atención a los derechohabientes.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscritos a la sección 37 Toluca, bloquearon la avenida Tecnológico, en Metepec, para exigir medicamentos, insumos médicos, mejores salarios y condiciones laborales dignas.

Durante la protesta, José Reyes Álvarez Medina, auxiliar de limpieza e higiene del Hospital General Regional No. 251, llamó a los derechohabientes a sumarse a sus demandas ante la falta de materiales para brindar atención médica.

“Si no alzan la voz, no hay medicamentos para los pacientes, no hay doctores para operarlos, no hay enfermeras para que tengan un servicio”, expresó.

Los manifestantes también pidieron un aumento salarial del 10 por ciento, jubilaciones dignas y el regreso del régimen de jubilaciones y pensiones. Además, demandaron personal suficiente, abasto de materiales y el cese de presuntos actos de intimidación sindical.

Álvarez Medina ofreció disculpas a los pacientes por las deficiencias en los suministros y las molestias ocasionadas por el bloqueo. Aseguró que los trabajadores se incorporaron a la protesta después de concluir sus turnos.

Una enfermera que participaba en la movilización señaló que la falta de materiales se prolonga desde hace aproximadamente 18 meses y dificulta la atención a los pacientes.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon este lunes la avenida Gustavo Baz, frente al Hospital General de Zona No. 194, conocido como El Molinito, en Naucalpan, lo que provocó afectaciones viales desde las primeras horas del día.

La movilización fue convocada para este 12 de octubre y contempla la participación de personal de distintos turnos y unidades médicas, en una jornada de protesta sobre una de las principales vialidades del municipio.

El bloqueo complica la circulación en los alrededores del hospital y los accesos a El Molinito, así como los traslados desde colonias como San Esteban y San Luis Tlatilco. También afecta a quienes buscan incorporarse hacia Periférico Norte o Río Hondo.

Ante las complicaciones, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, mantenerse atentos a los cortes viales y utilizar rutas alternas mientras continúe la movilización.

Un hombre en medio de una crisis psicoemocional ingresó armado a una iglesia del municipio de Zinacantepec, Estado de México. Autoridades locales lograron detenerlo y eventualmente asegurar el arma.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo en la iglesia de “San Matías Transfiguración”, ubicada en el municipio.

Versiones señalan que, por un supuesto problema con su hermano, el sospechoso ingresó armado al templo y amenazó a diversas personas que estarían en el lugar.

Ante la presencia del sujeto, el sacristán solicitó apoyo a través del número de emergencias 911. Por ello, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y desplegaron un operativo.

En un video captado por las cámaras corporales de los uniformados, se observa cómo los policías se aproximan al hombre y, mediante maniobras de control, logran desarmarlo y someterlo sin necesidad de accionar sus armas de fuego.

El sospechoso —identificado como Christofer ‘N’—, junto con el arma, fue presentado a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a fin de deslindar responsabilidades.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, ya que la iglesia se encontraba sin feligreses al momento del incidente, aunque había personal en el lugar.

La consejera electoral Karina Vaquera Montoya advirtió que los procesos electorales enfrentan importantes desafíos en la actualidad, especialmente en lo que al uso de la Inteligencia Artificial se refiere, porque no existe una regulación específica y existe un vacío legal importante que puede ser mal aprovechado por algunos actores.

Los riesgos son muchos, ya se ha visto en casos como Bolivia, donde se detectaron “minigranjas de bots” y miles de cuentas automatizadas en X e Instagram, que dan muestra de cómo la IA no sólo forma parte de las campañas para posicionar y promover candidaturas, sino que también es usada para manipular elecciones o influir en la opinión pública.

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También se registra el mismo problema en países latinoamericanos como Chile, Colombia, Argentina, Perú y Brasil. En el caso mexiquense, la legislación electoral está rebasada en este tema, al igual que los actos anticipados de campaña. En algunas avenidas y espacios públicos, la ciudadanía ve a personas que, sin pedir el voto, son muestra clara de una inequidad en la contienda al tratar de posicionarse anticipadamente.

“La soberanía popular radica en la libertad de la ciudadanía de elegir a sus representantes, por eso es importante también el tratar de combatir la desinformación que se da a través de noticias falsas y que tratan de alterar la realidad. El uso y el avance de la tecnología ha rebasado el marco normativo de las reglas del juego político electoral” señaló.

Hoy en día, las “granjas de bots o trolls” cumplen la misma función de controlar la narrativa inmediata a través de guerras sucias digitales o generar atributos inexistentes a quienes contienden. Ya no necesitan alterar el algoritmo de un sistema de cómputo físico, usan las redes sociales de manera coordinada para poder posicionar tendencias o incluso hacer simulaciones de fraude o victoria.

El riesgo, agregó, no sólo es influir en las elecciones, sino influir para generar posiciones maximalistas o intransigentes, por lo cual en la actualidad la ciudadanía tiene que esforzarse más para poder identificar la información veraz y ejercer su derecho con total libertad, tal y como lo establece la Constitución.

El diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la comisión legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, reconoció esta carencia y anunció que en su momento se harán mesas de trabajo con los institutos electorales para poder presentar iniciativas, con el fin de regular la IA, porque es un tema importante que debe tomarse con toda seriedad y tomar en cuenta la opinión de diversos especialistas del IEEM y del INE, con quienes han trabajado en conjunto para garantizar un escenario con mayor certidumbre.

Para el proceso electoral en marcha es complicado hacer cambios, pero esperan si lograrlo para la elección en materia judicial que se celebrará en 2028.

Jesús Darío Murrieta Navarro, alias “El Cara de Cochi”, señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora 24/7, fue detenido junto con otras siete personas durante dos operativos coordinados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en los municipios de Valle de Bravo y Toluca. Entre los implicados hay tres ciudadanos colombianos; de acuerdo con la información difundida, el principal objetivo cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

La primera intervención se realizó en una residencia de descanso ubicada en la zona de Avándaro, en el pueblo mágico de Valle de Bravo, donde fue detenido Murrieta Navarro junto con otras cuatro personas: tres mujeres y un hombre. En una segunda acción, efectuada en Toluca, las autoridades arrestaron a tres hombres de nacionalidad colombiana, entre ellos Christian “N”, identificado como presunto operador logístico y jefe de seguridad de Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”.

Asimismo, de acuerdo con información de las autoridades, La Barredora 24/7 está vinculada al Cártel de Caborca y tiene presencia en el Estado de Sonora, donde su actividad se relaciona con disputas entre organizaciones criminales. Junto con esto, la célula es señalada por su participación en hechos de violencia en esa entidad, por lo que Murrieta Navarro contaba con una orden de aprehensión en Sonora, según el comunicado de las comandancias de la I Región Militar y la 22 Zona Militar.

Antecedentes periodísticos identifican a Murrieta Navarro como presunto jefe de sicarios de La Barredora 24/7 y operador de Rodrigo Páez Quintero, alias “El R”, identificado como uno de los dirigentes del Cártel de Caborca. En mayo de 2020, el nombre de La Barredora 24/7 apareció en una manta localizada junto a restos humanos en el municipio de Caborca.

Respecto a los detenidos en la capital del Estado de México (EMX), Christian “N” figura como presunto colaborador de Carlos Páez Pereda, a quien las autoridades identifican como líder de Los Rugrats, facción vinculada al Cártel de Sinaloa. Durante ambas intervenciones se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos útiles, dosis de presunta metanfetamina y varios vehículos que, según los reportes, serían utilizados para los desplazamientos de la célula delictiva.

Las ocho personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica. En tanto, la posible extradición de Murrieta Navarro deberá seguir el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades competentes. Los señalamientos contra los detenidos deberán acreditarse durante el proceso judicial, por lo que todos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

Las personas que tienen una casa o un terreno sin antecedentes registrales pueden regularizar su situación patrimonial mediante un trámite de inmatriculación administrativa del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), cuyo costo puede ser de mil 092 pesos, bajo determinadas condiciones.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el procedimiento permite inscribir por primera vez la propiedad o posesión de un inmueble que no cuenta con antecedentes registrales, siempre que no pertenezca al régimen ejidal o comunal.

El trámite busca facilitar el acceso a la certeza jurídica sobre el patrimonio familiar y reducir los gastos que implica la regularización de un inmueble mediante servicios particulares.

Según David Silva Miranda, director general del IFREM, este tipo de procedimientos puede alcanzar costos de entre 30 mil y 40 mil pesos cuando se recurre a servicios particulares de acompañamiento jurídico, gestoría o tramitación.

El costo de mil 092 pesos aplica a inmuebles cuya superficie no exceda los mil metros cuadrados y cuyo valor catastral sea de hasta 947 mil 690 pesos.

Además, el instituto exenta a las personas solicitantes del pago por la expedición del Certificado de No Inscripción, documento necesario para realizar el procedimiento y cuyo costo ordinario es de mil 407 pesos.

La exención representa un ahorro adicional para quienes cumplen con los requisitos del programa.

El IFREM ha firmado convenios de colaboración con 10 ayuntamientos mexiquenses para facilitar la regularización de inmuebles: Toluca, Atizapán, Tenango del Valle, San Mateo Atenco, Atizapán de Zaragoza, Zacualpan, San Antonio la Isla, Jiquipilco, Calimaya y Metepec.

Mediante estos acuerdos, los gobiernos municipales participan en los programas de regularización de la tenencia de la tierra, con el propósito de acercar el procedimiento a las familias.

Las personas que inicien el procedimiento podrán consultar su avance mediante un código QR disponible para dispositivos móviles. Este mecanismo permite conocer el estatus de la solicitud e identificar al servidor público responsable de atenderla.

El Gobierno del Estado de México señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias y favorecer el crecimiento urbano ordenado.

Antes de iniciar el procedimiento, se recomienda consultar directamente con el IFREM los requisitos documentales, las etapas y las condiciones aplicables al inmueble, ya que la inmatriculación administrativa no resuelve automáticamente todos los conflictos relacionados con la propiedad.