La senadora con licencia Imelda Castro fue nombrada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena para Sinaloa.

“Estamos seguras y seguros que Sinaloa vive tiempos complejos pero también decirles que desde la Cuarta Transformación nunca dejaremos solo al pueblo de Sinaloa que es trabajador, valiente, sobre todo patriota.

“Por ello sabemos que en las manos de Imelda Castro los trabajos de organización de la 4T estarán siempre resguardados”, expresó Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Luego de recibir la constancia, Imelda Castro aseguró que será coordinadora para la defensa de Sinaloa y del pueblo “para contribuir a la prosperidad y a la paz que Sinaloa, como dijera el gran Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz, la paz es el camino.

“Y como ha dicho nuestra presidenta, cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos, debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes y nuestras instituciones”.

Asimismo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, nombró a Santiago Nieto Castillo como Coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro.

“En esta coyuntura que vivimos de la defensa férrea de la soberanía nacional, el pueblo de Querétaro decidió que sea el doctor Santiago Nieto quien coordine los trabajos de defensa del movimiento en el estado”, señaló Ariadna Montiel.

Luego de recibir su constancia, Nieto Castillo indicó que llevar el movimiento de transformación a Querétaro representa construir una prosperidad compartida que se comparta entre todas y todos los ciudadanos, por lo que se comprometió a trabajar recorriendo todo el estado para conocer las necesidades de la población.

“Caminaremos Querétaro entero desde la Sierra hasta las zonas más industrializadas para conocer sus necesidades, atendiendo la grandeza de cada región. Queremos un estado ambientalista que garantice el derecho de las mujeres y en el que cualquier persona sin importar su origen o creencia tenga las mismas oportunidades de salir adelante”.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) del gobierno federal aprobó por unanimidad los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Según el organismo gubernamental, se busca implementar un procedimiento claro, homologado y transparente que dé certeza jurídica a las audiencias, a los defensores y a los propios medios de comunicación al momento de presentar y resolver quejas, comentarios o sugerencias.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, subrayó que los derechos de las audiencias no constituyen una figura jurídica nueva ni una “ocurrencia” regulatoria, sino que forman parte de la Constitución Federal desde la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013.

Según la presentación, ahora los medios de comunicación deberán plasmar en sus códigos de ética los criterios editoriales mínimos que aseguren la existencia de elementos de verificación antes de que una información sea difundida como veraz.

Se prohíbe que el público sea inducido a error o confusión cuando se promocione o comercialice un bien o servicio dentro de espacios informativos, de investigación o de opinión, por lo que debe existir una separación clara de publicidad y contenidos.

También tendrá que realizarse una distinción visual entre noticia y opinión. Según la comisionada, para no interrumpir las transmisiones ni forzar pausas incómodas al comunicador, los medios podrán recurrir a recursos de diseño como plecas, cintillos, cortinillas o leyendas explicativas en pantalla para clarificar la naturaleza del segmento. En el caso de radio se podrán usar señales auditivas.

Se refuerza la protección de la identidad y el rostro de menores de edad involucrados en coberturas noticiosas, particularmente sobre violencia, y se garantiza una programación plural que evite la discriminación por motivos de género, religión, edad u orientación sexual.

Con las nuevas reglas se obliga a los medios a disponer de canales claros para que las personas aludidas de forma inexacta o falsa ejerzan su derecho de réplica, así como a incorporar herramientas de accesibilidad como el subtitulaje, el doblaje al español y la Lengua de Señas Mexicana (LSM)

La CRT enfatizó reiteradamente que la emisión de estos lineamientos no constituye bajo ningún supuesto un mecanismo de censura. “La CRT no revisa contenidos ni decisiones editoriales, las cuales son entera responsabilidad de los medios conforme a sus códigos de ética”, enfatizó Solano Rodríguez.

Previo a su aprobación, el proyecto fue sometido a una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, en la que se recopilaron las opiniones de la ciudadanía, la industria y el sector académico. Derivado de este ejercicio de participación ciudadana, el pleno de la CRT aprobó precisiones fundamentales sobre el borrador original para blindar la libertad de expresión y dar mayor certeza jurídica:

-Modificación del artículo 12: El borrador de consulta indicaba que las concesionarias debían adoptar medidas para “no difundir información falsa o descontextualizada”. Para evitar interpretaciones subjetivas que pudieran derivar en censura, el texto aprobado se armonizó estrictamente con el texto constitucional y quedó redactado como la obligación de “adoptar las medidas necesarias para preservar la pluralidad y veracidad de la información”, apegándose a sus propios criterios y códigos éticos.

-Límite a la intervención de la CRT: En el proyecto inicial, la Comisión podía intervenir en cualquier etapa del proceso a solicitud de las audiencias. En la versión definitiva se aclaró que el regulador solo intervendrá de manera excepcional y a petición del usuario, únicamente cuando los medios o defensores incumplan con el trámite procedimental; por ejemplo, si no se admite una queja legítima, si el medio no rinde sus informes o ignora las recomendaciones de la defensoría.

-Alineación jurídica de las sanciones: El artículo 54 se ajustó para precisar que los incumplimientos en materia de audiencias se sancionarán bajo el artículo 295 de la Ley —el cual castiga específicamente la falta de defensorías, códigos de ética o mecanismos de queja—, en lugar de referir al artículo 282, que correspondía a una disposición de infracciones genéricas.

El filtro propuesto para detectar posibles vínculos criminales o antecedentes de corrupción entre candidatos no permitirá al gobierno decidir quién puede contender, sino que dará a los partidos información para definir sus postulaciones, afirmó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum .

La mandataria explicó cómo funcionará el mecanismo de verificación de integridad para candidaturas, aprobado por el Congreso en mayo, ante la posibilidad de que personas con presuntos vínculos con la delincuencia busquen competir en las elecciones de 2027.

El mecanismo contempla que los partidos políticos puedan solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre sus aspirantes, para consultar posibles antecedentes ante autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Cabe recordar que el INE aprobó en julio la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para operar este esquema.

Ante ello, Sheinbaum aclaró que la comisión podrá solicitar información al gabinete de seguridad federal, a las fiscalías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instituciones.

Los datos obtenidos serán entregados al partido que solicite la revisión, que tendrá la decisión sobre si postula o no a la persona.

La presidenta aclaró que el gobierno federal no decidirá quién puede contender, pues la selección de candidatos corresponde a los partidos y la organización de las elecciones al INE.

La explicación surgió al ser cuestionada por personas que han manifestado aspiraciones para las elecciones de 2027 y que han sido señaladas en investigaciones periodísticas o relacionadas con investigaciones de autoridades mexicanas o estadounidenses.

Sin referirse de manera particular a los casos mencionados, Sheinbaum señaló que el mecanismo permitirá que los partidos conozcan información oficial sobre sus aspirantes antes de definir sus candidaturas.

La mandataria también explicó que el esquema contempla a quienes busquen competir por la vía independiente y que la revisión puede incluir información sobre posibles vínculos con la delincuencia o antecedentes de corrupción.

Sheinbaum hizo una distinción cuando existe una carpeta de investigación y una orden de aprehensión; en esos casos, señaló, la situación es distinta a la de una persona sobre la que únicamente existan antecedentes o señalamientos que las autoridades puedan consultar.

Si no hay carpeta de investigación, no hay orden de aprehensión, pues le corresponde al partido político decidir a quién postula, que el pueblo elegir si vota por esa persona o no.

En el caso de Morena, la presidenta señaló que corresponde al partido definir a sus candidatos y recordó que utiliza encuestas abiertas para seleccionar a quienes ocuparán determinadas posiciones.

Lo que defina la encuesta, que es lo que piensa la gente, porque son encuestas abiertas.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que el objetivo del mecanismo es fortalecer los filtros para que los partidos conozcan posibles antecedentes de sus aspirantes y evitar que personas con vínculos con la delincuencia o actos de corrupción lleguen a las candidaturas.

El senador Enrique Inzuza anunció que se mantendrá en el cargo de senador de la República, pero confirmó que dejará la banca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El sinaloense enfrenta una acusación del gobierno de Estados Unidos de colaborar con el crimen organizado, en el mismo caso que obligó a Rubén Rocha Moya a solicitar licencia a la gubernatura (ya en dos ocasiones).

Inzunza informó en comunicado, con logos del Senado de la República, que no dejará el cargo, que le confiere fuero constitucional.

En la parte final confirmó que ya no formará parte de la banca de Morena:

“En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”.

Enrique Inzunza Cázarez enfrenta tres cargos penales principales dentro de la acusación formal estadounidense presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Estos cargos se enmarcan en una supuesta red de complicidad con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa para permitirles operar con impunidad en la entidad.

El primer cargo que enfrenta es el de asociación delictuosa para la importación de narcóticos. Específicamente, se le imputa haber conspirado a sabiendas e intencionalmente para fabricar, distribuir e importar ilegalmente a territorio estadounidense cantidades masivas de sustancias controladas, incluyendo al menos 400 gramos de fentanilo, un kilogramo de heroína, cinco kilogramos de cocaína y 50 gramos de metanfetamina.

El segundo y tercer cargo en su contra están directamente vinculados con el uso y posesión de armamento pesado para proteger estas operaciones ilícitas.

Para sustentar estas imputaciones, la acusación detalla que Inzunza Cázarez participó en reuniones personales con líderes de los Chapitos fuertemente custodiadas por sicarios armados con ametralladoras.

La fiscalía señala de manera destacada que, tras la victoria electoral de Rubén Rocha Moya, Inzunza Cázarez asistió a una reunión con líderes del cártel donde se pactó que los Chapitos tendrían el control de la Policía Estatal de Sinaloa para que pudieran transportar y almacenar cargamentos de droga sin riesgo de interferencia de las fuerzas de seguridad públicas.

La fiscalía también acusa a Inzunza Cázarez de haber operado como un enlace de comunicación clave, transmitiendo mensajes directos entre los líderes de los Chapitos y el gobernador Rubén Rocha Moya sobre el respaldo mutuo.

Asimismo, en su rol como secretario general de Gobierno, colaboró activamente en la designación de otros funcionarios alineados con el cártel en puestos estratégicos del gobierno y de las agencias encargadas del orden público, permitiendo con ello que la facción criminal consolidara su control sobre las instituciones estatales de seguridad y de procuración de justicia en Sinaloa.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó oficialmente a sus tres primeros coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, designaciones que, de acuerdo con la dinámica partidista, derivarán formalmente en precandidaturas a las gubernaturas una vez que los plazos electorales lo permitan.

Los primeros nombramientos anunciados son: Nora Ruvalcaba Gámez para el estado de Aguascalientes; Pablo Gutiérrez para el estado de Campeche, y Rosa María “Rosi” Bayardo para el estado de Colima.

La designación de estas figuras se produce bajo un esquema organizativo interno, pero se da en medio de una intensa discusión pública que abarca la posible violación de los tiempos de campaña y precampaña.

De hecho, durante una entrevista posterior al evento “Rosi” Bayardo dijo: “Yo soy candidata mira… del pueblo”, un reportero le preguntó “es coordinadora, ¿no?” a lo que ella respondió afirmativamente.

La dirigencia de Morena, encabezada por la presidenta del partido, Ariadna Montiel, puntualizó que la principal encomienda de estas coordinaciones es la movilización y organización territorial. Entre las actividades programadas se incluyen la realización de asambleas informativas en todo el país, recorridos territoriales, visitas casa por casa, distribución de volantes y difusión del periódico oficial del movimiento, Regeneración.

La presentación oficial de las coordinaciones estuvo marcada por la crisis política que rodea a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien solicitó licencias temporales ante el Congreso del Estado en medio de investigaciones judiciales, lo que derivó en la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina.

Nora Ruvalcaba llamó a la cautela política y afirmó que “no hay todavía un veredicto, pero hay investigación… Yo lo que logro resaltar de este tema, es que tengamos mucho cuidado para no sucumbir”.

Pablo Gutiérrez sostuvo una postura de cero tolerancia a conductas indebidas y señaló que “si el comportamiento es indebido, todos deben someterse. Como en todo, como en la familia hay de todo. Personas que nos hacen daño, no merecen estar ni representan a este movimiento”.

Rosa María Bayardo aseguró que el movimiento ya cuenta con filtros internos, al responder que el blindaje contra este tipo de perfiles “ya lo hicieron en nuestro movimiento, en nuestro partido”, y se remitió a los posicionamientos de la Presidencia de la República.

Por su parte, Citlali Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, aclaró que cualquier determinación disciplinaria o de suspensión corresponde estrictamente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Confirmó también que existe desacuerdo partidista respecto a las actuaciones unilaterales de Rocha Moya, las cuales se mantenían bajo investigación interna y penal.

El proceso de selección comenzó formalmente con las convocatorias emitidas el 17 de junio de 2026, que abrieron un periodo de registro de aspirantes entre el 22 y el 27 de junio de 2026. Esta calendarización sitúa el inicio de su campaña de posicionamiento territorial aproximadamente seis meses antes de los tiempos oficiales establecidos por las leyes locales para las precampañas ordinarias de cara al proceso electoral de 2027.

Según los códigos electorales locales de las entidades federativas donde se presentaron coordinadores, los plazos oficiales de precampaña para la renovación de gubernaturas inician en las siguientes fechas:

-Aguascalientes: inicia el 1 de febrero del año de la elección.

-Colima: se realiza exclusivamente durante enero y febrero del año de la elección.

-Campeche: puede durar hasta 40 días dentro de las fechas establecidas.