La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza la posibilidad de que la elección judicial y la consulta de revocación de mandato se pospongan hasta el año 2028 como parte de los ajustes contemplados en el llamado Plan B de la reforma electoral.
Durante una conferencia de prensa realizada en Manzanillo, en el estado de Colima, la mandataria explicó que esta opción se evalúa principalmente por razones de presupuesto y para facilitar la participación ciudadana, ya que en 2027 podría haber un número elevado de boletas y procesos electorales simultáneos.
“Es un asunto de recursos y de conveniencia para el ciudadano, por la cantidad de boletas que se estarían utilizando en el 27”, señaló.
Sheinbaum también rechazó que el Plan B contemple reducir recursos a los estados, y afirmó que el objetivo principal es disminuir privilegios dentro de los congresos locales, el Senado de la República y en los ayuntamientos, especialmente en el número de regidores y asesores.
Según explicó, el dinero que actualmente se destina a esos gastos podría utilizarse en obras públicas y servicios básicos para los municipios.
“Ese recurso puede servir para tapar baches, mejorar el drenaje o garantizar agua potable, en lugar de destinarse a privilegios de funcionarios”, afirmó.
La presidenta indicó que el gobierno federal está a la espera de la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar si la elección judicial prevista podría posponerse formalmente hasta 2028.
Detalló que también se analiza si realizarla en 2027 realmente generaría un ahorro, ya que podría requerir la instalación de dobles casillas, lo que complicaría la participación de los ciudadanos.
Por otra parte, Sheinbaum reconoció que la reforma electoral enfrenta resistencia de algunos partidos políticos, incluidos aliados legislativos como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, aunque expresó confianza en que el debate continúe en el Congreso.
Finalmente, la mandataria sostuvo que su propuesta busca reducir gastos en la estructura política y redirigir los recursos hacia proyectos que beneficien directamente a la población.

