Dormir en los pasillos, convivir con chinches, recibir alimentos en mal estado y enfrentar dificultades para acceder a atención médica son algunas de las condiciones que, de acuerdo con familiares y un ex-interno, enfrentan personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, conocido como penal de Barrientos.

Los testimonios señalan que, pese a que algunas familias pagan cuotas de entre 12 mil y 20 mil pesos mensuales para mejorar las condiciones de estancia de sus familiares, persisten el hacinamiento y diversas carencias al interior del centro penitenciario.

Familiares de internos señalaron que la sobrepoblación obliga a algunos reclusos a dormir en pasillos, cerca de los baños o incluso sentados y de pie, ante la falta de espacios suficientes.

Una mujer relató que algunas familias pagan hasta 20 mil pesos para que sus familiares sean trasladados a un dormitorio; sin embargo, posteriormente deben cubrir cuotas adicionales para conservar un espacio para dormir.

De acuerdo con los testimonios recabados, por conservar una plancha de concreto, conocida entre los internos como “cantón”, se llegan a pagar hasta 800 pesos semanales. Un ex-interno afirmó que dentro del penal se debe pagar por diversos artículos y servicios, desde jabón y cobijas hasta determinados accesos.

“Ahí duermes entre chinches, te dan comida en mal estado y pagas por todo, por un jabón, una cobija, para acceder a la plancha de concreto para dormir, por la visita, y si te quejas te va peor, te llevan a un sitio aislado, donde te dejan por días”, aseguró.

Según su testimonio, los internos de nuevo ingreso pueden permanecer hasta un mes en los pasillos antes de ser trasladados a dormitorios. Durante ese periodo, dijo, son enviados desde temprano a realizar labores de limpieza en las instalaciones y algunos sufren golpes y maltratos.

Ante estas condiciones, familiares optan por pagar entre 12 mil y 20 mil pesos para que sus parientes sean llevados a dormitorios, además de cubrir cuotas adicionales por conservar un espacio para dormir.

“Los presos duermen en los pasillos, a la entrada del baño. Nosotros pagamos 800 pesos a la semana por uso de una cama, el cantón, y evitar que nuestros familiares hagan labores donde son maltratados. Aparte, si quieren salir al patio o hacer una llamada, por cada cosa son 20 pesos”, refirieron familiares de otra persona privada de la libertad.

El ex-interno también denunció la presencia de chinches en distintas áreas del penal y aseguró que algunos reclusos presentan lesiones derivadas de las picaduras.

“Hay reclusos que tienen la piel con heridas visibles por las picaduras de las chinches; hay enfermos sin atención debida, pero no hay que quejarse, es mejor conseguir dinero para pagar la consulta y la medicina adentro”, afirmó.

Agregó que los medicamentos pueden alcanzar precios elevados dentro del centro penitenciario, mientras que el ingreso de medicinas por parte de los familiares implica realizar trámites y esperar durante periodos prolongados.

Las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno intensificaron sus operaciones de vigilancia en el municipio de Jaltenco este fin de semana, implementando un despliegue estratégico coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) para combatir frontalmente la violencia y los delitos de alto impacto en la zona nororiente de la entidad.

Las acciones operativas, puestas en marcha desde la explanada de la colonia La Alborada con la participación activa de fuerzas federales, estatales y municipales, buscan transformar la tranquilidad de la demarcación mediante patrullajes intensivos y filtros de revisión enfocados principalmente en motocicletas, identificadas como el principal vehículo utilizado en la comisión de ilícitos locales.

La estrategia integral responde a la instrucción directa de reforzar la presencia policial en las zonas limítrofes del territorio mexiquense, garantizando que la inteligencia policial y la proximidad social marchen de la mano para recuperar la paz que las familias exigen cotidianamente en sus calles. Ante este despliegue, Brenda Servín Hernández, policía estatal de Proximidad, explicó con firmeza:

“El objetivo principal es la atención a las causas de los delitos, la investigación y la inteligencia de los delitos de alto impacto, así como la coordinación de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en todo el Estado de México. Dentro de las investigaciones que se han realizado, se ha priorizado que la mayor parte de las incidencias delictivas se ha desarrollado o realizado mediante tripulantes y conductores de motocicletas, por eso se trabaja más en ello y se le da prioridad a la revisión de las motocicletas”.

La alcaldesa María del Rosario Payne Islas reconoció públicamente el apoyo decidido de la administración estatal y federal, destacando que la coordinación interinstitucional es la única vía efectiva para atender las demandas ciudadanas y salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio. Durante el pase de lista previo al arranque de las acciones operativas, la edil subrayó que el trabajo conjunto con los diferentes mandos permite blindar las comunidades y dar respuesta inmediata a las inquietudes expresadas por los pobladores en materia de prevención del delito.

“Vamos a hacer un operativo en conjunto; de una forma muy coordinada, trabajando bajo indicaciones, por supuesto, y normas que trabaja el Gobierno federal, el Gobierno estatal y nosotros como municipales nos sumamos para resguardar la integridad de los ciudadanos, principalmente y por supuesto atender las inquietudes de la población. A nuestra Gobernadora, decirle que muchísimas gracias por su apoyo, por su colaboración, pero sobre todo por su preocupación y ocupación que tiene para con los pueblos, porque la ciudadanía, el pueblo es la base principal y son para quienes necesitamos servir”.

Las labores de seguridad no se limitaron al patrullaje vehicular, ya que los uniformados implementaron recorridos a pie tierra y dinámicas de proximidad en las colonias de Jaltenco, informando directamente a las familias sobre los protocolos de actuación y los números de emergencia disponibles las 24 horas, como el 911 y la Denuncia Anónima 089. Esta interacción directa busca reconstruir el tejido social y fomentar la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones del orden, recordando que la denuncia oportuna es una pieza fundamental para inhibir las conductas delictivas en la región.

La respuesta de los sectores productivos locales no se hizo esperar, encontrando en la presencia policial un aliento de esperanza frente a la creciente preocupación por la seguridad en las calles mexiquenses. Para el comercio local, la vigilancia representa un respaldo directo a su labor diaria, tal como lo señaló con claridad Martín Montiel, comerciante de la zona:

“Tienen que venir a trabajar, a dedicarse a lo que es cuidar la seguridad e integridad física de las personas porque tal parece que se incrementa más la violencia; que sigan así, que le echen ganas por el bien de todos, por el bien de ellos mismos, que también tienen familia, que también corren riesgo andando en las calles”.