Con una derrama económica proyectada de 30 mil 800 millones de pesos, el Estado de México (EMX) se prepara para la décimo sexta edición del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, periodo durante el cual se desplegarán mil 958 agentes de seguridad en los 125 municipios para vigilar zonas comerciales, instituciones bancarias y establecimientos con mayor afluencia de compradores.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, informó que la expectativa representa un incremento del 10 por ciento respecto a 2025 y equivale al 13 por ciento de la derrama nacional proyectada. Además, destacó que se prevé la participación de 22 mil establecimientos registrados formalmente en la plataforma del Buen Fin, aunque existen otros negocios que también ofrecerán promociones sin necesidad de inscribirse.

La funcionaria detalló que la entidad cuenta con 541 centros y plazas comerciales, 45 mil 521 tiendas de autoservicio y departamentales, así como 39 mil 243 unidades económicas dedicadas al comercio al por menor. En conjunto, el sector terciario, que comprende comercio y servicios, concentra 741 mil 368 unidades económicas en territorio mexiquense.

Entre los productos con mayor demanda se encuentran ropa, calzado, electrónicos, teléfonos celulares, artículos de belleza, línea blanca, muebles y tecnología. Asimismo, afirmó que se prevé un aumento en las compras digitales, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Venta Online, el 62 por ciento de los consumidores combinará compras por internet y en establecimientos físicos, mientras que el 25 por ciento comprará exclusivamente en línea y el 13 por ciento restante acudirá únicamente a tiendas físicas.

González Hernández señaló que el Buen Fin marca el comienzo de la temporada de mayor consumo de fin de año, que se prolonga hasta el Día de Reyes y suele generar un incremento en la actividad comercial y los empleos temporales.

“Este Buen Fin siempre nos da muestra del inicio de una temporada de fin de año; a partir de aquí y hasta la fecha de Reyes inicia un periodo de consumo y de dinamismo en el Estado de México y que siempre suele rebasar las cifras calculadas” puntualizó.

Autoridades federales emitieron una alerta dirigida al Estado de México (EMX) y otras seis entidades del país, luego del robo de nueve cajas con material radiactivo de uso médico, sustraídas de un vehículo que sufrió una volcadura cuando transportaba la carga desde el municipio mexiquense de Ocoyoacac hacia Veracruz.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el robo ocurrió durante las primeras horas del 7 de noviembre sobre la carretera Huamantla–Tlaxcala, donde una unidad que trasladaba sustancias radiactivas sufrió un accidente y posteriormente se reportó la desaparición de los materiales.

El cargamento había salido de las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicadas en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, Estado de México (EMX), y tenía como destino la ciudad de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), entre los materiales sustraídos se encuentran tres cajas con generadores de Tecnecio, con actividades de 200, 650 y mil milicuries; cuatro cajas de Yodo-131, cada una con 400 milicuries; una de Talio, con 12 milicuries, y otra de Samario, con 100 milicuries.

Las autoridades clasificaron el conjunto de materiales en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), considerada de riesgo bajo, debido a que la probabilidad de ocasionar lesiones permanentes es reducida, aunque el contacto directo sin protección puede provocar afectaciones temporales a la salud.

El ININ reportó que no se identificaron indicios de fuga radiactiva en el vehículo accidentado; sin embargo, las autoridades desconocen las condiciones actuales de los embalajes robados, por lo que advirtieron que su apertura, alteración o daño podría generar exposición o contaminación radiológica.

La alerta preventiva fue enviada a las unidades de Protección Civil del Estado de México (EMX), Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz, ante la posibilidad de que las cajas sean trasladadas por carretera hacia alguna de estas entidades.

La Coordinación Nacional de Protección Civil solicitó reforzar las acciones de búsqueda y localización del material, además de mantener comunicación entre autoridades estatales y federales para prevenir riesgos entre la población.

En caso de localizar cajas o recipientes sospechosos, las autoridades recomiendan no tocarlos, abrirlos ni trasladarlos, alejarse del sitio y reportar inmediatamente el hallazgo al 911. También se establece como medida inicial un perímetro preventivo de seguridad de al menos cinco metros, sujeto a las indicaciones de los especialistas.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias habilitó los teléfonos 800 111 3168 y 55 5415 2918 para recibir información que contribuya a la localización del material sustraído.

En poco más de nueve meses, el Estado de México registró mil 714 manifestaciones, bloqueos, plantones y tomas de casetas. Detrás de estas movilizaciones hay familias que buscan a personas desaparecidas, trabajadores que reclaman mejores salarios, transportistas que denuncian extorsiones y comunidades que exigen agua, caminos y servicios públicos.

La cifra, proporcionada por la Secretaría General de Gobierno, corresponde al periodo del 1 de enero al 18 de octubre de 2026 y representa un promedio de casi seis movilizaciones diarias en la entidad.

Las protestas han alcanzado desde las principales autopistas que conectan al Estado de México con la capital del país hasta las calles del centro de Toluca, donde confluyen demandas de habitantes de distintos municipios debido a la concentración de dependencias y poderes estatales.

Aunque las exigencias son distintas, los conflictos documentados por El Sol de Toluca durante el año muestran que el cierre de una vialidad no necesariamente pone fin a las inconformidades.

Algunos plantones permanecen instalados después de varias semanas y otros bloqueos se levantaron tras conseguir mesas de diálogo, sin que las demandas hayan quedado resueltas.

De las mil 714 movilizaciones registradas, 700 fueron atendidas por personal de la Secretaría General de Gobierno, equivalente a 40.8% del total.

Las restantes mil 14 estuvieron a cargo de autoridades municipales, el Congreso local, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras instituciones.

La búsqueda de personas desaparecidas ha llevado a familias a cerrar carreteras para exigir avances en las investigaciones. El caso más reciente ocurrió el 20 y 21 de octubre, cuando integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Flores en el Corazón bloquearon la carretera y la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma.

Durante más de 36 horas, las madres buscadoras exigieron una reunión con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, además de avances en las carpetas de investigación y en la identificación de restos humanos localizados durante sus búsquedas.

El cierre provocó filas de vehículos de hasta 15 kilómetros y afectó una de las principales conexiones entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Las manifestantes también denunciaron agresiones y exigieron que se investigara a los responsables.

El bloqueo concluyó durante los primeros minutos del 22 de octubre, después de una reunión con autoridades estatales y la firma de acuerdos de seguimiento. Sin embargo, las familias mantienen sus exigencias de localización e identificación.

No fue la única movilización por desapariciones. En marzo, familiares de Dolores Enríquez Arias bloquearon la carretera Toluca-Tenango para exigir su localización, y en julio, familiares de Luilli Francisco realizaron una protesta sobre la carretera Toluca-Naucalpan.

Los conflictos laborales también han provocado cierres prolongados. Desde el 9 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un plantón frente al Hospital General Regional 220, sobre Paseo Tollocan, en Toluca.

Tres días después, personal de la unidad médica ubicada en avenida Tecnológico, en Metepec, se sumó a las movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales, medicamentos, personal suficiente y un incremento salarial de 10%.

Los inconformes rechazaron el ajuste inicial de 2.9% y, aunque posteriormente se anunció un incremento global de 8%, las protestas continuaron por demandas relacionadas con el abastecimiento de insumos, las condiciones de trabajo y la representación sindical.

Al 25 de octubre, los plantones de Toluca y Metepec acumulaban 17 y 14 días calendario, respectivamente. Durante ese periodo se han realizado cierres intermitentes a la circulación en ambas vialidades.

En agosto, trabajadores del IMSS-Bienestar también se manifestaron por pagos pendientes, basificación y falta de insumos. Las movilizaciones alcanzaron municipios como Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Acolman y Teotihuacán.

Los pacientes también han recurrido a las protestas. En febrero, personas que requerían tratamientos de hemodiálisis bloquearon la avenida Adolfo López Mateos, en Nezahualcóyotl, para exigir atención médica. Lo mismo ocurrió en Toluca y Tenancingo.

La inseguridad es otro de los motivos de inconformidad. El 13 de enero, transportistas de la zona oriente realizaron bloqueos para denunciar asaltos, extorsiones y presuntos abusos relacionados con grúas y corralones.

En junio, operadores del transporte también bloquearon la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, para exigir mayor seguridad durante sus recorridos.

El reclamo continúa. Para este lunes 26 de octubre, organizaciones del autotransporte de carga convocaron a un paro nacional para denunciar robos, extorsiones y cobros ilegales, además de exigir mejores condiciones de operación.

Entre los convocantes se encuentra la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto con otras organizaciones del sector. La movilización podría tener repercusiones en los corredores industriales del Estado de México, aunque hasta este domingo no se habían confirmado puntos específicos de cierre.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) anunció que no participará en el paro y mantendrá sus servicios.

Las exigencias por infraestructura y servicios públicos completan el panorama. En junio, habitantes de Tultitlán protestaron por obras de drenaje inconclusas; en agosto, comunidades de Tenango del Valle bloquearon accesos carreteros para exigir la rehabilitación de caminos.

En Almoloya de Juárez, habitantes recurrieron a la toma de la caseta El Dorado para solicitar la construcción de un puente vehicular. En Naucalpan también se documentaron protestas por problemas de suministro de agua y conflictos relacionados con desarrollos inmobiliarios.

La capital mexiquense concentra dos tipos de movilizaciones, las relacionadas con problemas de sus habitantes y aquellas que organizaciones de otras regiones realizan para exigir la intervención de las autoridades estatales.

La ubicación del Palacio de Gobierno, la Legislatura, el Poder Judicial y diversas dependencias convierte al centro de Toluca en un punto recurrente para marchas, mítines y plantones, aunque los conflictos que los originan no necesariamente ocurren en el municipio.

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El 3 de marzo, integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir infraestructura educativa, pagos a docentes y el cumplimiento de compromisos con comunidades de la zona oriente de la entidad.

En junio, integrantes del Movimiento Antorchista también marcharon hacia la sede del Ejecutivo estatal para reclamar obras públicas, agua, vivienda, educación y apoyos para el campo.

La movilización más reciente de este tipo ocurrió el 24 de octubre, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Tenería, Tenancingo, marcharon por las calles de Toluca y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno.

Los normalistas exigieron recursos, cumplimiento de acuerdos, respeto a la organización interna de las normales rurales y el cese del hostigamiento contra estas instituciones.

Seguridad y servicios, los reclamos en el Valle de México

En municipios del Valle de México y la zona oriente, en cambio, las movilizaciones documentadas durante el año han incluido cierres en vialidades directamente relacionadas con los conflictos.

En Ecatepec, transportistas denunciaron extorsiones e inseguridad; en Nezahualcóyotl, pacientes reclamaron servicios médicos; en Naucalpan, vecinos protestaron por problemas de agua y desarrollos inmobiliarios.

En Ixtapaluca, durante julio, una protesta por denuncias de presunto abuso sexual en una escuela provocó afectaciones a la autopista México-Puebla, y en Tenango del Valle, habitantes de distintas comunidades cerraron accesos carreteros para exigir caminos en mejores condiciones.

Las autopistas México-Toluca, México-Puebla y México-Pachuca, la carretera México-Texcoco, Paseo Tollocan y avenida Tecnológico figuran entre las vialidades afectadas por las manifestaciones documentadas durante este año.

Al respecto, la Secretaría General de Gobierno informó que sus directores regionales son los primeros en atender las manifestaciones y que también participa en reuniones con los inconformes para buscar acuerdos.

En el caso de Mariposas Buscando Corazones, dio a conocer que estará presente en las mesas de seguimiento y que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dirige los trabajos para abrir un Centro Estatal de Búsqueda de Personas conectado con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Cinco centros penitenciarios del Estado de México ya cuentan con escáneres corporales Body Scan, dispositivos similares a los utilizados en los aeropuertos que permiten reforzar las revisiones de ingreso y detectar drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

El director general de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), capitán Rafael Ángel González Uscanga, informó que estos equipos fueron instalados en cinco de los penales de mayor tamaño de la entidad, como parte de las medidas para fortalecer los controles de seguridad en los reclusorios.

Explicó que los dispositivos permiten realizar inspecciones corporales mediante tecnología de escaneo y se suman a los filtros de revisión que operan en los accesos de los centros penitenciarios.

Su incorporación responde a que, pese a las restricciones, durante las revisiones todavía se detectan pequeñas cantidades de drogas, teléfonos celulares y artículos que representan riesgos para la seguridad. El funcionario reconoció que tanto visitantes como personas privadas de la libertad buscan distintas formas de introducir estos productos.

Entre las sustancias aseguradas se encuentran cannabis y la droga conocida como piedra, aunque la marihuana es la que se localiza con mayor frecuencia. También se han decomisado puntas de fabricación artesanal, encendedores y otros artículos cuya posesión está restringida.

González Uscanga no precisó cuáles son los cinco penales que ya cuentan con esta tecnología, pero adelantó que durante 2027 se buscará ampliar la incorporación de dispositivos electrónicos para fortalecer la detección de sustancias y objetos prohibidos.

Además de los escáneres corporales, la Secretaría de Seguridad mantiene un sistema de videovigilancia integrado por mil 161 cámaras distribuidas en las instalaciones penitenciarias, cuyas imágenes se transmiten directamente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

González Uscanga explicó que la dependencia también cuenta con un centro de monitoreo penitenciario desde el cual se supervisan en tiempo real las actividades que se desarrollan al interior de los centros de reclusión, incluido el desempeño del personal de custodia.

Este mecanismo cobra relevancia ante las denuncias de familiares de personas privadas de la libertad por presuntos cobros indebidos y otras irregularidades durante las visitas.

Al respecto, el director aseguró que las conductas indebidas del personal penitenciario son sancionadas y que se mantienen mecanismos de supervisión para identificar posibles incumplimientos.

La dependencia también contempla ampliar el equipamiento de videovigilancia durante 2027, aunque todavía no se ha definido cuántas cámaras adicionales podrían instalarse.

Los mecanismos tecnológicos se complementan con revisiones técnicas y operativas en los centros penitenciarios mexiquenses, mediante las cuales se evalúan las condiciones de las instalaciones y el desempeño de sus responsables.

De acuerdo con González Uscanga, cada año se realizan 44 supervisiones técnicas, en las que se consideran 132 estándares internacionales, 54 protocolos nacionales, 19 estándares institucionales y 25 puntos de diagnóstico establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los resultados de estas evaluaciones permiten calificar el desempeño de directores, administradores y jefes de custodia.

Por separado, el área de Seguridad y Operación lleva a cabo inspecciones para localizar y retirar artículos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, sustancias ilícitas y dispositivos de almacenamiento.

Finalmente, el funcionario reportó que durante 2026 se han realizado aproximadamente 138 supervisiones operativas en los centros penitenciarios del Estado de México.

Darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los principales temores entre los productores agropecuarios del Estado de México. El desconocimiento de los trámites y la preocupación por las obligaciones fiscales provocan que algunos eviten registrarse, una situación que puede cerrarles oportunidades comerciales, señaló la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés.

A esta situación se suman las dificultades para acceder a una cuenta bancaria y la falta de estructuras empresariales formalmente constituidas, condiciones que complican los trámites para agricultores y ganaderos, explicó el presidente de la Unión Ganadera del Centro-Norte del Estado de México, Javier Reyes Escamilla.

La secretaria del Campo consideró que la falta de inscripción al SAT representa un obstáculo para los productores, debido a que el registro fiscal suele ser uno de los requisitos que solicitan restaurantes, cadenas comerciales y establecimientos similares para establecer contratos de proveeduría.

Reiteró que el miedo a las obligaciones fiscales impide que algunos productores se acerquen a las instituciones para regularizar su situación.

“El problema que tenemos es que no se animan a tener un trato comercial porque no se quieren dar de alta en Hacienda, porque le tienen miedo”, dijo Rojano Valdés.

Darse de alta ante el SAT puede resultar complicado para los pequeños productores, principalmente porque sus ingresos son variables y, en temporadas difíciles, pueden disminuir considerablemente, señaló Reyes Escamilla.

A ello se suma que muchos agricultores y ganaderos no cuentan con una empresa legalmente constituida, lo que podría facilitar algunos procedimientos administrativos, comentó Hugo Hernández, productor de maíz del norte del Estado de México.

“Si usted pregunta entre los compañeros, no tienen una empresa como tal porque los tratos son directos: entregando y pagando, y a veces tener una marca hace menos difícil estos trámites”, explicó.

En el sector agropecuario, particularmente entre pequeños productores, las operaciones comerciales suelen realizarse directamente, sin que necesariamente se soliciten facturas, documentos que permiten acreditar fiscalmente las transacciones, comentó el dirigente ganadero.

La facturación también permite a los productores acreditar sus ingresos y gastos ante el SAT, información necesaria para determinar sus obligaciones fiscales, aplicar las deducciones que correspondan y, en su caso, identificar posibles saldos a favor que podrían solicitar en devolución.

Sin embargo, entre los productores existe el temor de que registrarse ante Hacienda represente una carga económica adicional, pues consideran que podrían terminar pagando impuestos sobre recursos que necesitan para mantener sus actividades productivas.

“A veces es miedo porque se tiene la idea de que al darse de alta en el SAT uno termina perdiendo parte de lo que invierte en el negocio”, señaló.

Cada productor pecuario debe pertenecer a una asociación ganadera local, general o especializada, para acceder a sus guías de trazabilidad, precisó Reyes Escamilla.

Por ello, consideró que las asociaciones podrían convertirse en espacios de acercamiento entre las dependencias estatales y federales y los productores, a fin de orientarlos sobre los procedimientos para inscribirse ante el SAT y cumplir con sus obligaciones fiscales.

También planteó la necesidad de buscar alternativas comerciales para quienes no cuentan con las condiciones necesarias para establecer acuerdos con grandes empresas, particularmente los pequeños productores que buscan incorporarse a nuevos mercados.

Finalmente, destacó que, además de la formalización comercial, el sector debe mantener como prioridades la inocuidad y sanidad de los productos agropecuarios. En el caso de los ganaderos, recordó la importancia de cumplir con los mecanismos de identificación individual del ganado mediante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA)

La Secretaría de Salud del Estado de México aseguró que cuenta con vacunas suficientes para atender la demanda durante la temporada invernal, que comenzó formalmente el pasado 12 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2027.

La titular de la dependencia, Celina Castañeda de la Lanza, informó que para la vacunación contra Covid-19 se dispondrá de biológicos de los laboratorios Moderna y Pfizer, además de dosis contra influenza y neumococo.

El objetivo de la campaña es prevenir complicaciones asociadas con enfermedades respiratorias durante los meses de frío, principalmente entre los sectores de la población con mayor riesgo.

La campaña está dirigida prioritariamente a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personal de salud, personas embarazadas y quienes padecen enfermedades que incrementan el riesgo de presentar complicaciones.

La Secretaría de Salud estatal precisó que los grupos prioritarios varían según el biológico, particularmente en el caso de la vacuna contra neumococo.

Como parte de la estrategia de este año, también se aplicará la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de contribuir a proteger a los bebés contra este virus durante sus primeros meses de vida.

 ‘Tenemos suficientes vacunas para cubrir la temporada invernal, influenza, neumococo y virus sincicial respiratorio’, afirmó la secretaria de Salud estatal.

De acuerdo con la dependencia, la meta de la campaña es aplicar 2.4 millones de dosis contra influenza y 1.3 millones contra Covid-19. También se prevé administrar más de 183 mil vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

A tres semanas del inicio de la jornada de vacunación en territorio mexiquense, la campaña registraba un avance del 18%, según las cifras reportadas por la Secretaría de Salud estatal.

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La dependencia indicó que las vacunas contra influenza y Covid-19 pueden aplicarse durante una misma visita, una medida que facilita la inmunización de personas adultas mayores y de quienes viven con enfermedades crónico-degenerativas.

Además de los biológicos contemplados para la temporada invernal, el sistema de salud estatal dispone de vacunas para completar esquemas de inmunización contra enfermedades como sarampión y tétanos, así como de cartillas de vacunación.

La campaña contra el Virus del Papiloma Humano está dirigida a niñas y niños que cursan quinto grado de primaria, así como a adolescentes no escolarizados de 11 años.

Esta inmunización busca prevenir infecciones relacionadas con el desarrollo de cáncer cervicouterino y otros padecimientos oncológicos.

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan ampliar la cobertura de vacunación y reducir el riesgo de complicaciones por enfermedades prevenibles durante la temporada de frío.