Las recientes protestas protagonizadas por líderes e integrantes de centros de rehabilitación conocidos como “anexos” han escalado en el Estado de México, dejando afectaciones importantes en la movilidad tras bloqueos en vialidades clave como Periférico Norte, la Vía López Portillo y la caseta de Tepotzotlán, donde los manifestantes han intensificado su presión ante la falta de respuesta de las autoridades.
Las movilizaciones surgen como reacción a los operativos implementados por instancias estatales, los cuales han derivado en la clausura de diversos anexos bajo el argumento de operar fuera de la normatividad. Los inconformes exigen la reapertura de estos espacios, el cese de lo que consideran acciones arbitrarias y la instalación de una mesa de diálogo directa con autoridades estatales y de procuración de justicia.
El conflicto, sin embargo, va más allá de los cierres. Diversos reportes han señalado que una parte de estos centros funciona sin permisos, sin supervisión sanitaria y en condiciones precarias, lo que ha derivado en denuncias por presuntos abusos, que incluyen maltrato físico, encierros forzados, falta de atención médica adecuada y comida escasa o preparada sin la higiene mínima. Esta situación ha motivado la intervención de autoridades, que sostienen la necesidad de regular o clausurar aquellos espacios que representen un riesgo.
No obstante, quienes operan y respaldan estos anexos aseguran que cumplen una función social que el propio Estado no ha logrado cubrir. Para muchas familias, especialmente de bajos recursos, estos centros representan la única alternativa inmediata para atender problemas de adicción, ante la falta de una red pública suficiente y accesible de rehabilitación.
A esta problemática se suma el señalamiento de autoridades sobre posibles vínculos de algunos anexos con actividades ilícitas, lo que traslada el tema del ámbito de salud pública al de seguridad, incrementando la presión para su regulación.
En medio de este escenario, el cierre de anexos sin una estrategia integral que garantice opciones de atención deja a decenas de personas en incertidumbre, lo que explica la intensidad de las protestas. Lo que hoy se observa en las calles no es únicamente la defensa de estos espacios, sino la expresión de un problema estructural: la ausencia de políticas efectivas en materia de salud mental y adicciones.
Así, mientras continúan los bloqueos y las afectaciones a miles de automovilistas, el reto para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la legalidad, la protección de derechos humanos y la necesidad urgente de atender una crisis que, lejos de ser nueva, se hace visible en las vialidades del Estado de México.
