El abogado Epigmenio Mendieta Valdés, representante legal del contralmirante Fernando Farías Laguna y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, consideró que el verdadero proceso judicial por el llamado huachicol fiscal se desarrollará en Estados Unidos, al señalar que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en México están limitadas a sus clientes y no han profundizado en el entramado financiero y operativo de la organización.
“Sí, yo creo que va a ser en Estados Unidos porque las líneas de investigación que están aquí están topadas en los personajes que ya tienen detenidos”, afirmó Mendieta en entrevista con Carmen Aristegui durante Aristegui en Vivo.
De acuerdo con el abogado, la investigación en México se ha concentrado en señalar a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como los responsables principales del tráfico ilegal de combustible, sin esclarecer aspectos como el destino de los recursos obtenidos, las cuentas en las que terminó el dinero, las gasolinerías que comercializaron el producto o la participación de funcionarios vinculados con las aduanas.
“No nos explican todo el entramado que sigue, no nos dicen cómo se recuperó el dinero, no nos dicen en las cuentas de quién quedó ese dinero, no nos dicen cuáles fueron las gasolineras que vendieron ese producto”, sostuvo.
Mendieta agregó que tampoco se ha esclarecido “la participación que tuvo ahí el director de Aduanas en aquellos distintos momentos” ni el destino final de las cantidades de dinero involucradas.
El abogado señaló que los recursos no se encuentran en las cuentas de sus representados y cuestionó que dos mandos de la Secretaría de Marina pudieran haber controlado por sí mismos una operación que, según su planteamiento, habría requerido la participación de distintas instituciones.
“Ya tienen a los dos que eligieron para que sean los culpables y ellos van a aparecer como responsables cuando realmente el entramado, como lo ha venido documentando Estados Unidos como lo han documentado otros medios de comunicación independientes, es gigantesco”, afirmó.
Mendieta denunció que la defensa de los hermanos Farías Laguna continúa sin tener acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación relacionada con el caso. Explicó que actualmente la indagatoria se encuentra en el tomo 30 y que aún no han podido concluir el cotejo de toda la documentación.
El abogado calificó el proceso para obtener las constancias como una “odisea” y acusó a la FGR de mantener una actitud de resistencia “inexplicable” para entregar la información completa.
“Hay información ahí que van soltando a cuentagotas y esta información que ahora se difunde en los medios de comunicación, es información que nosotros debimos haber conocido desde febrero, pero esta información apenas está apareciendo”, afirmó.
El abogado añadió que también ha sido complicado obtener información de la Secretaría de Marina. Explicó que, ante solicitudes relacionadas con posibles actos atribuidos a sus representados, la respuesta de la institución ha sido que la documentación solicitada tiene carácter de seguridad nacional.
Mendieta explicó que la defensa ha pedido documentos que permitan acreditar las acusaciones contra los hermanos Farías, entre ellos propuestas para nombramientos, oficios, nombramientos en aduanas y documentos relacionados con la remoción o designación de funcionarios. “Si firmaron oficios nombrando a personas en las aduanas, mándame los nombramientos”, ejemplificó.
Sin embargo, sostuvo que la respuesta obtenida de manera sistemática ha sido negativa, bajo el argumento de la seguridad nacional. Ante ello, la defensa ha promovido solicitudes por omisiones, audiencias de tutela de derechos ante jueces de control y amparos para intentar acceder a la información.
Declaraciones que mencionan a Adán Augusto López y a ‘Andy’ López Beltrán
Respecto de las referencias a personas vinculadas con el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado confirmó que parte de la información difundida recientemente por medios de comunicación sí se encuentra dentro de la carpeta de investigación.
Identificó dos declaraciones de testigos como elementos relevantes. El primero, identificado con el denominativo “Santo”, habría relatado una cronología sobre la llegada de buques y señalado los muelles 289 y 290.
Según el abogado, ese testigo explicó quién era el representante legal del muelle, quién era su permisionario o propietario y qué relación política tendría con un personaje que actualmente es senador de la República por Morena. “El nombre de este senador de la República es Adán Augusto López Hernández y es este testigo quien lo menciona, lo relaciona y lo involucra en los hechos”, afirmó.
El segundo testimonio corresponde a una persona identificada con las iniciales JCSP, quien estuvo adscrita a la aduana marítima de Guaymas. Mendieta explicó que ese testigo relató la llegada de un buque y las dificultades que se presentaron para descargar el producto. De acuerdo con su declaración, ante los problemas para que el cargamento pudiera salir, se habría planteado recurrir al secretario de Marina para facilitar la operación.
“Y lo que le dice es que ya le van a llamar al secretario de Marina para el efecto de que facilite las cosas y que le van a hacer saber que el tema es de ‘Andy’”, relató, en alusión a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario y a quien recientemente Estados Unidos le retiró su visa.
Mendieta confirmó que esas dos declaraciones forman parte de la carpeta de investigación y que, en lo que ha podido revisar directamente como abogado de los hermanos Farías, son las menciones a integrantes de la familia del expresidente López Obrador que ha identificado.
Sobre la postura de la FGR, que señaló que no encontró datos de prueba con fuerza legal suficiente para iniciar una investigación contra uno de los hijos del expresidente, Mendieta sostuvo que la institución tiene la obligación constitucional de realizar los actos de investigación necesarios para esclarecer esa línea.
“Mi opinión es que incumple la obligación constitucional que le da el artículo 102 de la Constitución”, afirmó. Según el abogado, la FGR debería documentar las líneas de investigación derivadas de los testimonios que ya obran en la carpeta.
“La Constitución claramente le ordena que tenga que llevar a cabo los actos de investigación que fueran necesarios para documentar esta línea de investigación”, señaló.
Mendieta sostuvo que, en contraste con la actuación de la Fiscalía mexicana, el Gobierno de Estados Unidos ha explorado algunas de esas líneas y ha difundido información relacionada con ellas.
“No es casualidad que la mayor cantidad de información de la que nos hemos enterado y que son las líneas de investigación que no quiso documentar nuestra Fiscalía General de la República, sí las hizo y sí las está publicando y sí las está difundiendo el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Entre las líneas que, según Mendieta, deberían investigarse está la participación de distintas instituciones federales en el traslado y comercialización del combustible. El abogado describió una operación en la que combustible sustraído de Pemex habría sido enviado a EE.UU. o Canadá para ser procesado y posteriormente regresado a México mediante buques.
Añadió que en el proceso intervienen agencias navieras y agentes aduanales, además de aduanas y puertos específicos en México donde se realizaría el trasiego. “No le ha interesado a la Fiscalía ver la participación que hubiesen tenido todas estas dependencias”, sostuvo.
Puso en duda que dos mandos de la Marina pudieran haber controlado por sí mismos una operación que habría involucrado a diversas instituciones y áreas del Gobierno federal.
“Porque si tú me dices que dos marinos de mando medio son capaces de poder mandar en Pemex, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, en Profeco, en todas las empresas encargadas de recuperar ese dinero, entonces no tenemos a dos marinos”, afirmó.
Pide citar a exsecretario de Marina
Mendieta también cuestionó que la FGR no haya concretado la comparecencia del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, a quien la defensa ha solicitado interrogar en relación con los hechos.
Recordó que el asesinado contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue quien consiguió que Ojeda Durán recibiera información relacionada con el huachicol fiscal y que la defensa pidió desde meses atrás que el exsecretario declarara ante la Fiscalía.
La defensa, dijo, ha insistido en que se establezca fecha y hora para que Ojeda Durán comparezca y posteriormente poder interrogarlo. Según Mendieta, la respuesta recibida por la Fiscalía es que no tienen ubicado el domicilio del exsecretario y no saben dónde localizarlo para citarlo.
“Entonces, claramente existe una obstaculización para el efecto de poder acceder a esa información”, sostuvo.
El abogado consideró que citar al exsecretario de Marina podría generar implicaciones políticas por su cercanía con el gobierno de López Obrador. “Claramente incomodar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán es incomodar directamente al ex presidente de la república”, afirmó.
Mendieta agregó que la propia declaración del testigo identificado como JCSP se refiere a embarques recibidos en 2025, ya en la gestión de Raymundo Pedro Morales Ángeles como secretario de Marina. Por ello, consideró que también debería ser llamado a declarar. A su juicio, la FGR estaría siguiendo una selección de actos de investigación que evitaría llamar tanto a Ojeda Durán como al actual titular de Marina.
El audio de la Marina
El abogado también se refirió al audio difundido por Aristegui Noticias en febrero de 2026, relacionado con las reuniones del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con los entonces secretario y secretario entrante de Marina.
Recordó que Guerrero Alcántar había sido designado para trabajar en las aduanas marítimas y que posteriormente proporcionó información sobre el llamado huachicol fiscal. El abogado sostuvo que, a partir de esa información, la defensa solicitó que Rafael Ojeda Durán compareciera ante la FGR.
También cuestionó la forma en que se ha abordado el audio por parte de las autoridades, particularmente después de que se informara que un peritaje no estableció correspondencia entre la voz atribuida a Guerrero Alcántar y registros oficiales.
Mendieta señaló que, cuando se pidió formalmente a la Secretaría de Marina información sobre el audio, la institución respondió que no lo tenía y que desconocía el motivo de la reunión. “Simplemente se presentaron para saludarlo y para felicitarlo”, explicó al referirse a la versión ofrecida sobre el encuentro.
El abogado sostuvo que existen documentos que contradicen algunas de las versiones proporcionadas por autoridades y que esos documentos han tenido que ser difundidos públicamente para que las instituciones reconozcan las inconsistencias. A su juicio, la FGR debería haber documentado esos elementos de manera objetiva y transparente.
Mendieta sostuvo que la investigación debería permitir determinar responsabilidades independientemente del rango, cargo, función o partido político de las personas involucradas y conocer con claridad cómo se desarrollaron las operaciones y quiénes participaron.
El traslado desde Argentina
Afirmó que la extradición de Fernando Farías Laguna a México no es inminente, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su traslado desde Argentina podría concretarse en los próximos días. Sostuvo que la información con la que cuenta la presidenta es incorrecta y aseguró que el proceso todavía debe desahogar diversas etapas en Argentina.
“En ese expediente pudimos corroborar que no existe resolución ni ningún acuerdo que permita llegar a la conclusión de que se autorizó la extradición de Fernando Farías Laguna como lo ha solicitado el Estado mexicano”, afirmó.
Explicó que el próximo 27 de agosto está programada una audiencia en la que participarán la Fiscalía argentina, la defensa y el propio Farías Laguna, con el propósito de que las partes expongan sus argumentos y se valoren las pruebas antes de que se determine si procede la solicitud de extradición. Una vez emitida la resolución, agregó, esta deberá notificarse al contralmirante, quien tendrá la posibilidad de recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia de Argentina, si así lo decide.
Mendieta explicó que, además de la extradición, existe la posibilidad de que las autoridades argentinas recurran a un procedimiento de expulsión, debido a que Farías Laguna ingresó a ese país con un documento falso. Sin embargo, señaló que ese procedimiento tampoco permitiría un traslado inmediato, debido a que existe una fase de impugnación pendiente.
Farías alega temor por su vida
Sobre el ingreso irregular de Farías Laguna a Argentina, Mendieta explicó que el principal argumento de su cliente ante las autoridades judiciales fue el temor de ser privado de la vida.
El abogado vinculó ese temor con los antecedentes de personas asesinadas en hechos relacionados con la investigación del huachicol fiscal y sostuvo que esa situación llevó al contralmirante a abandonar México, obtener posteriormente un documento falso y utilizarlo para ingresar a Argentina.
Mendieta precisó que, por ese ingreso irregular, Farías Laguna también enfrenta una causa penal en Argentina, por lo que deberá responder ante las autoridades de ese país por el uso del documento falso. Sin embargo, destacó que el argumento principal de la defensa es que su cliente actuó ante un riesgo para su vida.
“Él dice que es el riesgo a su vida y así se lo manifestó también al juez federal, tan es así que hizo uso del derecho humanitario, pidiéndole que se salvaguardara su vida”, afirmó. Como medida de protección, Farías Laguna fue trasladado al penal de máxima seguridad de Ezeiza, explicó el abogado.
“El riesgo a su vida es inminente”, afirmó, y puso como ejemplo los asesinatos de personas vinculadas con el huachicol, como el caso del contralmirante Guerrero Alcántar, entre otras personas.
Adelantó que la defensa cuestionará la solicitud de extradición a partir de la naturaleza de los delitos que México atribuye al contralmirante. Señaló que uno de los requisitos en materia de extradición es que exista una correspondencia entre las conductas consideradas delictivas en ambos países.
En el caso de Farías Laguna, explicó, México solicitó su detención con fines de extradición por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Sostuvo que la figura conocida mediáticamente como “huachicol fiscal” no necesariamente tiene una equivalencia jurídica en Argentina y planteó que los hechos descritos por la FGR podrían corresponder a una conducta de carácter fiscal relacionada con la importación de combustibles. “Si podemos creer que hay defraudación fiscal entonces no había delincuencia organizada”, sostuvo.
Ante la posibilidad de que las autoridades argentinas busquen una vía distinta para trasladar a Farías Laguna a México, planteó como hipótesis el uso de una figura relacionada con la seguridad nacional, similar a la que México ha utilizado en otros casos para trasladar personas que ya se encontraban sometidas a procesos penales o cumplían condenas.
Consideró que una decisión de ese tipo implicaría reconocer que los procedimientos ordinarios no permiten concretar el traslado y cuestionó las consecuencias que tendría recurrir a una decisión política para eludir las formalidades de extradición o expulsión.
“Quién va a tomar la decisión final de la entrega del solicitado, es la autoridad política la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo o tomando la decisión en representación del Ejecutivo”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre si, ante una eventual decisión política, Argentina podría preferir entregar a Farías Laguna a EE.UU. en lugar de México, Mendieta señaló que existe una mayor cercanía política entre el Gobierno de Javier Milei y el de EE.UU. Añadió que ha habido diferencias entre los gobiernos de México y Argentina y señaló que las posiciones políticas de ambos Ejecutivos no coinciden.
“Justicia selectiva”
Mendieta también se refirió a la resolución mediante la cual un juez de control invalidó la orden de aprehensión contra el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz alias “Capitán Sol”, señalado como uno de los implicados en la investigación y quien permanece prófugo.
El abogado consideró que la resolución puede respaldar sus señalamientos previos sobre un trato diferenciado dentro de las investigaciones. “Pues me parece que eso corroboraría lo que yo he venido señalando en otros momentos, la justicia selectiva que hay para tratar a unos de una forma y a otros de otra”, afirmó.
Explicó que la defensa de Fernando Farías también impugnó la orden de aprehensión contra su cliente y solicitó una suspensión provisional para que pudiera llevar su proceso en libertad.
Según relató, inicialmente obtuvieron una suspensión definitiva, pero posteriormente se promovió en Zacatecas otro juicio de amparo que incluía el nombre de Farías Laguna, Miguel Ángel Solano Ruiz y el de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo y Andrés Manuel, así como de otras personas.
La existencia de ese segundo amparo provocó que la suspensión obtenida previamente por Farías fuera sobreseída, explicó. “Curiosamente, ese amparo no lo promovió Fernando y con eso le fue cancelada esa suspensión y la posibilidad de poner a su proceso en libertad”, afirmó.
Identificó el expediente como el juicio de amparo 2098/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Zacatecas, y señaló que fue promovido contra una orden de aprehensión. El abogado explicó que el nombre del abogado cuya identidad habría sido suplantada para promover el recurso es Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, quien, según Mendieta, ya manifestó públicamente que utilizaron su nombre para presentar el amparo.
La primera resolución, explicó, concedió una suspensión provisional el 16 de septiembre de 2025. Sin embargo, posteriormente, en la audiencia incidental celebrada el 24 de noviembre de ese año, se negó la suspensión definitiva a los quejosos.
Sobre la posibilidad de que alguno de los hijos del expresidente López Obrador hubiera ratificado el amparo promovido a su nombre, señaló que en las constancias que tenía disponibles en ese momento no contaba con la información suficiente para confirmarlo. Aclaró que solo el interesado podría ratificar al amparo.
Aristegui Noticias
