La noche de ayer jueves trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)l bloquearon vialidades como la carretera federal México- Pachuca en ambos sentidos, a la altura deTecámac.

Así como los carriles laterales de la vía José López Portillo, a la altura de Villa de las Flores, en Coacalco, la avenida Central en Ecatepec, la vía Gustavo Baz y Periférico Norte en Tlalnepantla para exigir incremento salarial, abasto de medicamentos e insumos de trabajo, contratación de personal y la destitución del Secretario General.

Los manifestantes portando lonas y pancartas en las que exigen la atención de un pliego petitorio, donde se destaca el abasto de insumos y medicamentos, la contratación de mayor personal, un salario justo y la destitución de Rafael Olivos, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Con ello se suman a las protestas que se están haciendo en algunas vialidades como Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y del Estado de México, así como en los estados de Aguascalientes y Colima, luego que no se alcanzaron acuerdos en la reunión de este día.

Como parte del pliego petitorio piden aumento salarial del 10%, la destitución de líderes sindicales, un congreso extraordinario, la revisión de los estatutos sindicales, así como medicamentos, equipo médico, basificación de trabajadores, mejores pensiones y jubilaciones.

Los bloqueos se prolongaron hasta la madrugada de este viernes, en zonas en donde hay una ligera llovizna en espera de un resolutivo a sus peticiones.

Derivado de actos de investigación realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y estatales que integran el Gabinete de Seguridad Nacional y la Mesa de Paz estatal, la Operación “Enjambre” en el Edoméx ha obtenido sentencias de condena por mil 208 años y 10 meses de prisión en contra de 27 objetivos prioritarios.

Esta Operación surgió en seguimiento a la investigación por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas, localizados al interior pozos del municipio de Nicolás Romero, hechos en los que se estableció la participación de elementos de la policía municipal, por lo que, aunado a información integrada en diversas investigaciones por delitos de alto impacto, se identificó la infiltración de grupos criminales en diferentes cuerpos de seguridad y administraciones de ayuntamientos en la entidad, lo que les garantizaba una red de protección para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas; por ello se advirtió la necesidad de realizar acciones conjuntas con el Gobierno de México y autoridades estatales para su captura tras la judicialización de los expedientes correspondientes.

Por ello, y como resultado de un acciones coordinadas de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (DEFENSA) y Marina (MARINA), así como Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Gobierno de México; en conjunto con el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), así como de la Fiscalía del Estado de México, el 22 de noviembre del 2024 se llevó a cabo el primer despliegue de la Operación “Enjambre”, lo que permitió la detención de servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.

A través de los diversos despliegues operativos y actos de investigación, han sido detenidos servidores públicos y ex servidores públicos estatales y municipales como presidentes, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad, entre otros, mismos que son investigados por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, secuestro exprés, secuestro exprés con fines de robo, secuestro exprés con fines de extorsión, extorsión, desaparición forzada, además de su relación con grupos criminales con presencia en diferentes zonas de la entidad.Consultar atlas

Pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, han permitido acreditar la participación de 27 individuos en diversos ilícitos lo que ha derivado en que jueces del Poder Judicial del Estado de México hayan dictado 16 sentencias condenatorias, las cuales, en conjunto suman mil 153 años y cinco meses de prisión.

El 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, fue sentenciado por dos delitos, el 29 de enero de 2026 a 40 años de prisión por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, el 9 de julio de 2025 fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, fue sentenciado el 9 de febrero de 2026 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, de igual forma suma dos sentencias en su contra. La primera de 68 años y 6 meses de prisión del 27 de octubre de 2025 por desaparición forzada de personas. y la segunda, el 21 de noviembre del mismo año, de 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue sentenciado el 23 de septiembre de 2025 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, fue sentenciado el 11 de noviembre de 2025 a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Edgar Jiménez Ramos, ex servidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue condenado el 28 de agosto de 2025 a un año de prisión por el delito de evasión.

Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 3 de julio de 2025 a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, ex policía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés.

Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex policía municipal de Santo Tomás, fue sentenciado el 12 de diciembre de 2025 a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos ex policías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio.

También fueron sentenciados a 47 años y 6 meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El pasado 30 de septiembre, el Órgano Jurisdiccional dictó sentencia de 14 años de prisión para Ángel Díaz Zarco, responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. En tanto que para Martín Santana Martínez una pena de 12 años y 8 meses de prisión por evasión y robo con violencia.

La Autoridad Judicial de igual forma emitió sentencia para Litzy Mariana Domínguez Vilchis de 8 años y 8 meses de prisión tras quedar acreditada su responsabilidad en los delitos de evasión y daño en bienes. Además, María Raquel Rubio Rodríguez fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de evasión y abuso de autoridad.

Finalmente, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron sentenciadas a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de evasión.

En el Estado de México, las acciones de la Operación “Enjambre” son permanentes por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mexiquense continúa con la integración de expedientes de investigación en contra de servidores públicos de las actuales y anteriores administraciones, los cuales será judicializados por su probable participación y/o relación con hechos delictivos.

Morena abrió el registro para las personas interesadas en encabezar las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Estado de México, como parte de su organización territorial rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el partido, las solicitudes se recibirían del 8 al 18 de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma https://registro.morena.app, donde cada aspirante podrá solicitar su inscripción para una sola coordinación municipal.

El procedimiento es gratuito y personal y la plataforma permite iniciar el registro de manera automática, mediante la carga de una imagen o archivo PDF de la credencial para votar para que el sistema lea los datos, o manualmente, ingresando la CURP.

Para completar la solicitud, las personas interesadas deberán llenar los formatos oficiales que genera el sistema, firmarlos de manera autógrafa, digitalizarlos y cargarlos en la plataforma.

El expediente contempla siete formatos:

Solicitud de registro

Currículum vitae

Carta compromiso de cumplimiento de los principios de Morena

Carta de conformidad con el proceso organizativo

Manifestación bajo protesta de decir verdad

Aceptación de los criterios de paridad de género

Consentimiento informado para consultas relacionadas con antecedentes penales.

Además, deberán adjuntar copia legible de la credencial para votar vigente por ambos lados, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y documentación relacionada con su militancia en Morena. También podrán incorporar archivos para acreditar su trabajo territorial y compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación.

El sistema solicita datos personales como nombre completo, CURP, RFC, clave de elector, correo electrónico, teléfono celular, fecha y lugar de nacimiento, así como el estado y municipio por el que se busca participar. El nombre con el que la persona desea aparecer en una encuesta es opcional.

La convocatoria establece que los aspirantes deben ser mexicanos por nacimiento, mayores de edad y tener sus derechos vigentes. También deben ser originarios del municipio en el que buscan participar o acreditar la residencia efectiva exigida por las reglas del proceso.

Entre los criterios de elegibilidad se encuentran las disposiciones relacionadas con antecedentes penales, violencia política contra las mujeres en razón de género, obligaciones alimentarias y derechos partidistas. Asimismo, se exige haber participado en al menos una actividad de formación ética y política organizada por el Instituto Nacional de Formación Política.

La convocatoria contempla condiciones específicas para servidores públicos y dirigentes partidistas. En el documento consultado, las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones federales y locales pueden participar sin separarse de sus cargos, mientras que para otros puestos se prevén obligaciones de renuncia o licencia, según corresponda.

La Comisión Nacional de Elecciones será responsable de revisar los expedientes y valorar la trayectoria política y social, el reconocimiento territorial, los antecedentes, los atributos éticos y la afinidad de cada aspirante con los principios del partido.

Cuando existan más de seis perfiles considerados idóneos para una coordinación, la Comisión podrá realizar un sondeo para identificar hasta seis personas que posteriormente podrán ser consideradas en una encuesta o estudio de opinión.

Las encuestas no serán necesariamente el único mecanismo de selección, ya que la convocatoria también permite realizar consultas y sondeos, además de considerar otros elementos para determinar quién encabezará cada coordinación.

El documento establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para publicar los registros aprobados. Sin embargo, obtener un acuse de inscripción no garantiza que la solicitud sea aceptada ni que la persona resulte designada.

Durante el proceso, Morena prohíbe utilizar recursos públicos, programas sociales, dinero o dádivas para obtener respaldo. También restringe la promoción dispendiosa y establece reglas de imparcialidad para determinados funcionarios y dirigentes.

Las actividades permitidas incluyen recorridos casa por casa, reuniones vecinales y asambleas para fortalecer la organización territorial.