La ministra en retiro, Norma Piña Hernández, reapareció en un foro público, a un año de que abandonó sus funciones por la entrada en operación de la nueva integración del máximo tribunal.
Durante una conferencia de la Escuela Libre de Derecho la exfuncionaria ironizó sobre el uso de acordeones (señalados como el principal apoyo para elegir a los integrantes de la actual Suprema Corte), criticó la falta de diagnóstico de la reforma judicial y denunció que las acusaciones contra los juzgadores carecieron de pruebas.
Al inicio de su participación, Piña bromeó con los asistentes sobre las hojas de apuntes que llevaba en las manos. La ponente justificó la ayuda de memoria con la explicación de que debía adaptarse a las modas de la sociedad actual.
“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos, y más los abogados, siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón, ¿verdad?… Entonces hay que adaptarse, ya vengo con acordeón”.
La jurista advirtió que la reforma al Poder Judicial de la Federación se aprobó sin un análisis previo del sistema de impartición de justicia. Señaló que la modificación a la norma constitucional demostró su propia deficiencia con la posterior aprobación de cambios secundarios antes de cumplir su primer año.
Piña argumentó que la carrera judicial y la meritocracia no constituyen privilegios para los jueces, sino que representan garantías directas para la ciudadanía. La ministra en retiro sostuvo que estas medidas aseguran la existencia de juzgadores imparciales e independientes que no deben su puesto a ninguna fuerza política.
La ponente denunció que el Poder Judicial enfrentó una campaña constante de descalificaciones sistemáticas durante más de seis años, refiriéndose a los señalamientos que recibió del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. Piña aseguró que la narrativa oficial posicionó acusaciones de nepotismo y corrupción generalizada sin presentar evidencias jurídicas sobre las irregularidades atribuidas a los tribunales.
Finalmente, la ministra en retiro recordó como focos rojos la incautación de los fideicomisos judiciales y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.
Apuntó que estas decisiones demeritan el juicio de amparo como mecanismo de defensa ciudadana y afectan la certidumbre necesaria para las inversiones.
