El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) solicitó al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli entregar la nómina de sus trabajadores en versión pública, vía el Sistema Saimex y multó a los titulares de Transparencia de los municipios de Joquicingo y de Tultitlán por incumplir resoluciones del pleno.
La mayoría del Infoem también decidió clasificar nombre y cargo de elementos operativos de policías.
Este miércoles, el órgano garante impuso 108 medidas de apremio, de las cuales 85 fueron apercibimientos a titulares de áreas de transparencia, 21 amonestaciones y dos multas.
De los apercibimientos, ocho fueron dirigidos al Ejecutivo, 71 a titulares de unidades de transparencia de los municipios, tres a organismos de agua municipales y tres a organismos DIFs.
También se hicieron 21 amonestaciones públicas, de las cuales una fue para el Ejecutivo, 17 para los ayuntamientos, dos a organismos de agua municipales y una más a un organismo DIF.
También se impusieron dos multas a titulares de las unidades de Transparencia del municipio de Joquicingo y al de Tultitlán por 150 veces el valor de la Unidad de Medida, es decir, 15 mil 561 pesos a cada uno, por omisión completa a las resoluciones del pleno.
En otro caso, un particular solicitó los recibos de nómina de las y los empleados del municipio de Cuautitlán Izcalli de la primera quincena y el ayuntamiento indicó que la información sobrepasaba un terabyte, por lo cual la ponía a disposición del solicitante, quien se inconformó por el cambio de modalidad y no acudió.
Al revisar la página del municipio, el Infoem detectó que hay tres mil 730 plazas de confianza que no superarían las capacidades del sistema del ayuntamiento, por lo cual consideró que no se garantizó el derecho de acceso a la información, advirtió la improcedencia del cambio de modalidad y solicitó que se entregue la información en la modalidad que eligió el particular, pero clasificó nombre y cargo de elementos policiacos.
La comisionada Guadalupe Ramírez Peña consideró que no se debían entregar los recibos de nómina de elementos de seguridad, pues se podría conocer la capacidad de reacción de las fuerzas públicas.
En tanto, la comisionada Sharon Morales señaló que el cambio de modalidad sólo debía ser cuando esté fundamentado y coincidió en no revelar datos que pudieran mostrar el estado de fuerza.
El comisionado Gustavo Parra opinó que se debía entregar la información en versión pública, pero reservar los nombres de los elementos de seguridad y acreditar la prueba de daño, pues el cargo, señaló, debe ser público.
La comisionada Rosario Mejía Ayala tampoco estuvo de acuerdo en reservar información relativa a seguridad, y en otro punto consideró que no se debían cobrar las copias.
Sharon Morales consideró en otros asuntos que no se debían entregar datos curriculares del cabildo, ni la fotografía de todas las personas servidoras públicas, mientras Gustavo Parra Noriega no compartió la clasificación del cargo de elementos de seguridad pública.