A nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas.
La ONU-DH enfatizó que el amor de los padres y madres hacia sus hijos, así como su legítima búsqueda de la verdad y la justicia, son las fuerzas que los impulsan y merecen el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.
Mencionaron que tanto la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) como la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) han logrado avances significativos en el proceso de búsqueda e identificación de los responsables de estos crímenes.
Respecto a los involucrados en los hechos ocurridos durante y después del 26 de septiembre del 2014, destacaron que se ha detenido a 132 personas presuntamente responsables, incluyendo a 14 militares, y se ha accedido a diversas fuentes de información, incluyendo archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, según en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se mencionó que aún persiste la negativa de algunas corporaciones civiles y militares para entregar toda la información disponible.
La ONU-DH subrayó que es esencial que todas las corporaciones de seguridad e inteligencia, tanto civiles como militares, colaboren de manera efectiva y proporcionen toda la información disponible de manera diligente y completa.
Los avances logrados no deben verse empañados por demoras y obstrucciones por parte de actores públicos.
Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”, enfatizaron.
La organización hace hincapié en la importancia de consolidar y expandir los avances para esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortalecer los procesos judiciales en curso.
Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.
La Oficina reconoce el compromiso y la valentía de las familias que continúan exigiendo justicia y la localización de sus seres queridos a lo largo de estos nueve años.
Asimismo, reconocen el papel de las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado estas causas a través de la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, reafirmaron su compromiso de brindar asesoría y acompañamiento a las familias y a las autoridades comprometidas con la verdad, la búsqueda efectiva y la reparación integral en este caso tan importante y doloroso.