Este miércoles, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad que, en casos de feminicidio, el sujeto activo pierda todos los derechos inherentes a la patria potestad, tutela, guardia, curatela y custodia sobre las hijas e hijos, así como los de tipo sucesorio.
De acuerdo con el dictamen, se establece que quien haya sido sentenciado por el delito de feminicidio, homicidio doloso o feminicidio en grado de tentativa, perderá este derecho, y que las o los hijos deberán ser resguardados únicamente por su madre, y a falta de ésta, por su familia, atendiendo el interés superior de la niñez, por lo que el juez de lo familiar deberá nombrar a un tutor o tutora.
Conforme al documento podrá decretarse la suspensión de la patria potestad al sujeto activo por acto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio o tentativa en contra de la madre de las o los menores sujetos a la patria potestad, cuando sean testigos presenciales del delito.
La reforma puntualiza que, en el caso de feminicidio, cuando el delito se cometa frente a los hijos de la víctima directa, se impondrán penas de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia.
Además, precisa que se entenderá como homicidio doloso la privación de la vida de una mujer por razones de género, para los efectos de la suspensión provisional de la patria potestad o tutela y del régimen de convivencia con los descendientes o ascendientes de la víctima en los casos en los que las hijas e hijos menores de edad sean testigos presenciales del hecho.
En el Congreso mexiquense se guardó un minuto de silencio para honrar la lucha colectiva a favor de la inclusión de las personas no binarias y la libertad de expresión ante el fallecimiento de Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, a quien, de acuerdo con las primeras indagaciones de la Fiscalía de Justicia de esa entidad, le habría quitado la vida su pareja sentimental antes de suicidarse.
Las diputadas lamentaron que la entidad ocupe el primer lugar nacional en feminicidios y puntualizó que era necesario que en la entidad se aprobara una reforma para quitar la patria potestad a feminicidas, como ya ocurrió en Puebla y Sinaloa.
Finalmente, compartieron que se han censado, de diciembre de 2018 a marzo 2021, a cuatro mil 966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus madres a manos de parejas o exparejas, así como que en la entidad se han contabilizado, con corte a 30 mayo de 2022, a 531 menores por la misma situación, con lo que esta iniciativa aprobada puede cambiar el rumbo de sus futuros.