El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México resolvió en favor de la ciudadanía que el Gobierno Federal atienda la crisis hídrica en la que se encuentra Valle de Bravo.
Lo anterior fue informado por las asociaciones civiles ambientales: el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco y Sé la Voz de la Naturaleza; con lo cual se obligará a autoridades federales a atender la problemática hídrica en la región.
«En un término no mayor a 30 días, autoridades federales deberán de emitir un programa conjunto para la preservación, el suministro y el saneamiento sustentables de los recursos hídricos de la Subcuenca Valle de Bravo Amanalco”, precisaron.
Se trata de un amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos representados por dichas asociaciones por la omisión de las autoridades de programar una política pública hídrica en la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco ya que argumentaron legalmente que no existía política pública alguna que atendiera la situación crítica de sobreexplotación, escasez y contaminación del agua en esta región de la entidad mexiquense.
En este, presentaron una demanda de amparo en contra de diversas autoridades como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Organismo de Cuencas Agua Valle de México y del Balsas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras.
«Recordemos que la problemática hídrica en la subcuenca se ha manifestado en el bajo almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala, el cual al 9 de noviembre del presente año, era del 39%, 44 puntos porcentuales debajo del promedio histórico», recordaron las organizaciones civiles.
Destacaron que en los últimos cuatro años, la crisis hídrica en la zona se ha agudizado por una sequía severa así como por los cambios de uso de suelo forestal a urbano en la región.
Esta situación ha obligado a la Conagua, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, a tomar acciones más que preventivas, «como se debieron de haber tomado de forma inmediata, un tanto reactivas y urgentes», precisaron.
¿Qué dice la resolución del juzgado?
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por ambas asociaciones, durante la tramitación de este amparo las autoridades antes mencionadas no fueron capaces de demostrar haber cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales.
Por tal motivo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México resolvió en favor de la ciudadanía dando razón sobre la inacción de las autoridades.
La resolución obligó a estas autoridades a cesar las acciones que continúen y/o agraven la condición de disponibilidad nula o escasez extrema de los recursos hídricos de la subcuenca.
Asimismo, determinó que, en un término no mayor de treinta días, se emita un “programa conjunto para la preservación, el suministro y el saneamiento sustentables de los recursos hídricos de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco”.
En este documento debe preverse la obligación de cada una de las autoridades de garantizar que, antes de otorgar concesiones y asignaciones sobre los recursos hídricos del acuífero, se emita la manifestación de impacto ambiental.
«Es importante indicar que esta sentencia será aplicada hasta que la sentencia quede firme, situación que será confirmada en los próximos días», precisaron en el comunicado difundido.
«Como ciudadanía vallesana, estaremos pendientes del cumplimiento de la acciones contenidas en la sentencia y con la apertura a participar de forma conjunta ciudadanía-gobierno en pro de nuestra subcuenca y de las acciones que sean necesarias para revertir la situación de explotación, escasez y contaminación del agua», concluyeron.