El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) propuso a la Legislatura local una nueva Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costos Judiciales, para actualizar los montos que deben cobrar los abogados y abogadas por sus servicios, pues la norma existente data de 1962 y estipula cobros, por ejemplo, de 5 pesos por notificación y de hasta 2 mil pesos por tramitar y lograr la libertad de una persona inculpada.
La iniciativa fue presentada en la diputación permanente y remitida a comisiones para su dictaminación. En la exposición de motivos se informó que la propuesta fue trabajada por el PJEM, especialistas en el tema, así como diversas asociaciones de abogados para contar con un ordenamiento moderno, actual y de fácil aplicación, que cumpla con las exigencias de la realidad económica y jurídica actual, en cuanto al pago de honorarios que reciben los y las abogadas.
En el documento, firmado por el magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuéllar, se puntualiza que la regulación en cuestión resulta obsoleta y deficiente, al hacer referencia a montos de honorarios anacrónicos, fuera del contexto social y económico actual, aunado a ello, es demasiada compleja su comprensión y aplicación de las fórmulas para su cálculo.
Esta ley lleva en vigor 62 años y hasta la fecha sólo ha tenido una reforma, en agosto del 2015, pero en su mayoría se mantiene intacta. En esa ocasión sólo se señaló que, en los negocios judiciales de litigio, relativos a unidades económicas de bajo impacto, cuya superficie sea menor a los 2 mil metros cuadrados, el cobro de honorarios no será mayor a 12 por ciento del importe total del monto del negocio.
En esta ley, expedida durante el mandato del gobernador Gustavo Baz se señalan diversos pagos, por ejemplo, de 100 a mil pesos por la formulación del pliego de conclusiones y de 100 a 2 mil pesos por reformular agravios en segunda instancia, de 100 a mil pesos por solicitar y obtener la libertad de una persona sentenciada. Hay cobros de 50 pesos por diversas acciones que llevan a cabo, incluso de 20 pesos por notificación de sentencia y de 5 pesos por cada notificación, entre otros montos.
En la iniciativa se refiere que los profesionistas que prestan su servicio pueden implicar un contrato de prestación de servicios por escrito con sus clientes, aunque no siempre se lleva a cabo, por lo cual resulta imprescindible su regulación e incluir todo tipo de gestiones.
En la propuesta se contempla, a diferencia de la anterior, que el pago de los honorarios que deberán cubrirse a los profesionistas de derecho por su intervención en asuntos previos a la judicialización, con una regulación clara y sencilla, en cuanto la cuantificación y pagos.