En la madrugada de este miércoles salieron de la prisión del Campo Militar 1-A, los ocho militares presuntamente implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras pagar una multa de 50 mil pesos cada uno, para seguir su proceso en libertad.
Pasada la medianoche, la juez segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, notificó la libertad de los militares después del pago de la garantía dictada, confirmó a Mexiquense Digital, César Omar González, abogado de los soldados.
El litigante indicó que los militares fueron saliendo paulatinamente a partir de las 3 horas de la madrugada, para seguir su proceso en libertad, luego de que la juez Duarte Cedillo determinó el pasado 20 de enero cambiar sus medidas cautelares de prisión preventiva justificada a que tengan que acudir cada 15 días a firmar.
Además no pueden salir del país, tienen prohibido acercarse a las víctimas y testigos del caso e ingresar al estado de Guerrero, así como el pago de 50 mil pesos de fianza que ya lo hicieron.
El presidente López Obrador acusó al Poder Judicial en la decisión de estas liberaciones y reveló que la Secretaría de Gobernación (Segob) envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, alertando sobre este caso a mediados de diciembre, y solicitó que intercediera para evitar que los uniformados militares salieran de prisión.
En la misiva, que ayer hizo pública la secretaria Luisa María Alcalde, el gobierno federal señala que confía en que el Poder Judicial vele por los derechos de las víctimas.
En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclaró que el cambio de medida cautelar de los integrantes del cuerpo castrense ocurrió debido a que presentaron un amparo y fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el que resolvió que se volvieran a dictar medidas cautelares.
Asimismo, la Judicatura indicó que la Fiscalía General de la República no presentó el recurso de revisión y que tampoco presentó datos de prueba para justificar la prisión preventiva.
Otro que declaró al respecto fue exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien criticó al poder judicial y acusó de que les hicieron otro “sabadazo” y que el abogado de la defensa es cercano a la SEDENA, lo que el presidente negó.