Inflación alimentaria. Cifra revelada por un monitoreo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, donde se reportó una variación del 3.73% en comparación con el pasado mes de marzo
De acuerdo con el último monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la inflación sigue al alza y el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubica este mes, a nivel nacional, en mil 810.26 pesos, lo que significa una variación de 0.36 en comparación con marzo, y equivale a 6.51 pesos más. Durango encabeza la lista nacional, pasó de mil 930 a mil 995 pesos.
Los cinco estados con la canasta más encarecida en el último mes fueron Veracruz con una variación de 8.05 por ciento y un precio de mil 919 pesos; Baja California Sur 5.41 y mil 810; Querétaro 4.67 y mil 807.76; Nuevo León 3.77 y mil 571.50; mientras que en el Estado de México fue de 3.73 por ciento y se ubicó en mil 896 pesos, es decir, 85.74 pesos más que a nivel nacional.
Los productos que más aumentaron en el último mes fueron el azúcar con 6.73 por ciento al pasar de 35.61 a 38 pesos; el frijol 5.35 por ciento al subir de 40.78 a 42.96 pesos; la chuleta de puerco con 5.10 por ciento de 116.50 a 122.44 pesos; avena 4.62 por ciento de 40.34 a 42.21 pesos, y la sardina 3.94 por ciento al subir de 38.17 a 39.67 pesos.
El líder de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, recordó que la pandemia de covid-19 llevó a más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas al cierre por falta de ventas y causó que se perdieran más de un millón y medio de empleos. A la fecha, estos puestos se han recuperado, pero en la informalidad, especialmente, por la falta de políticas públicas efectivas que apoyen el emprendimiento y la cantidad de trámites a cubrir tanto a nivel municipal, estatal y federal.
“En las 32 entidades del país no son pocos los permisos, licencias y requisitos que se piden para la apertura de un negocio, por lo que ya es una demanda de los ciudadanos su simplificación y desburocratización. En otras partes del mundo, para poner en marcha un negocio, las personas sólo tienen que abrirlo y posteriormente darlo de alta, es decir, los permisos y licencias no condicionan su apertura”, indicó Rivera Rodríguez.
El líder resaltó que en México, la burocratización significa tiempo, gastos y, en algunas ocasiones, pago de coyotaje, ya que sólo a través de los “gestores” es posible realizar un trámite, lo que no es otra cosa que una forma de corrupción. Ante este escenario, las personas terminan por renunciar a la meta poner un negocio dentro de la ley, por lo que se ponen a trabajar de facto, es decir, en la informalidad.
“Ésta situación los exime de pagar impuestos, contar con apoyos institucionales, los deja sin servicios médicos ni ahorro para la vivienda, fuera de toda ventaja del contrato social. La informalidad deja a la población desprotegida y genera un caldo de cultivo que fortalece las actividades de las pandillas de delincuentes que operan el mercado negro del país”, resalta el representante de Anpec.
Dijo que “Por donde se vea, la informalidad, al final del día, es un juego de perder-perder que impera en la realidad social actual de nuestro país, donde 54.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), alrededor de 32.4 millones de personas, están laborando en esta circunstancia, lo que podría considerarse como vivir una suerte de desempleo”.
Otra condición que favorece la informalidad, mencionó, son las prohibiciones comerciales que a cada momento se intentan imponer, envueltas en un discurso políticamente correcto, tal es el caso de la prohibición de exhibir las cajetillas de cigarro en los negocios, que gracias a la suspensión obtenida en el amparo interpuesto por Anpec, sus afiliados han recuperado la oportunidad de exhibirlos nuevamente.
La informalidad, subrayó el líder de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, trae como consecuencia el no pago de impuestos, corrupción, extorsión, contrabando y piratería, así como que exista piso disparejo, delincuencia, violencia y criminalidad. Por ello, finalizó, urge avanzar en la formalización de la economía del país.