Sólo seis estados del país cuentan con un fondo propio de estabilización en caso de contingencias financieras derivadas por bajos ingresos recaudatorios que afectan la distribución del Gasto Federalizado, entre los cuales no se encuentra el Estado de México cuyo presupuesto, igual que el resto de entidades, depende casi en 90 por ciento de los recursos federales.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), difundió un estudio en relación con los “Fondos de Estabilización Subnacionales. Mecanismos propios para enfrentar momentos de incertidumbre”, donde identificó a seis estados “que cuentan en sus legislaciones con un fondo de estabilización, cada uno con sus propósitos, metodologías de manejo y obtención de recursos”.
“Sin embargo, ninguno de ellos tiene la capacidad de ser una herramienta contracíclica”, refirió el análisis, donde se hizo un llamado a mejorar “la transparencia de esos fondos, así como potenciar la recaudación subnacional, con el fin de que los fondos puedan contar con más recursos”.
En el documento se hizo referencia a Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Oaxaca y Zacatecas, únicamente, pero estableció que en ninguno de estos estados los fondos “tienen la capacidad de ser una herramienta propia capaz de compensar pérdidas de ingresos en momentos de incertidumbre. De igual manera, se encuentra que Zacatecas es la única entidad que ha hecho aportaciones a su fondo en los últimos tres años. Además, se carece de información suficiente para determinar su saldo”.
Después de explicar que los fondos de estabilización son mecanismos que se utilizan para hacer frente a caídas repentinas en los ingresos públicos, provenientes de ahorros que se pueden utilizar para mitigar problemas que se presentan ante la fluctuación de los medios y de los precios, como el tipo de cambio o los del petróleo, en el estudio se hizo ver que esos fondos ayudan a evitar “un alza repentina de impuestos o una contracción del gasto y se activan cuando los ingresos públicos son menores a los esperados”.
El análisis refirió que en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, en su artículo 14, los ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición (ILD) deben ser destinados a la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones; o bien a inversión pública productiva o a la “creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes”.
Por otro lado, menciono que hay dos fondos de estabilización: el FEIP y el FEIEF. “El primero busca subsanar los ingresos públicos del gobierno federal cuando estos son menores a lo esperado, mientras que el segundo se utiliza para apoyar a las entidades federativas cuando las participaciones federales son menores a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)”.
El FEIEF se ha utilizado en diversas ocasiones, más recientemente en la pandemia y en el 2023, y su saldo se ha potenciado mediante el endeudamiento, por lo cual para este año “ya no contaría con recursos suficientes para una nueva crisis”.
En el caso del Estado de México, previo a la pandemia y más durante ésta, el gobierno estatal tuvo que recurrir a préstamos con la banca comercial por poco más de 7 mil 500 millones de pesos para cubrir “insuficiencia de liquidez temporal”, esto ante la caída de la economía y de los ingresos federales.
De hecho, en el presupuesto del 2024 no se estableció ningún fondo de estabilización. En la exposición de motivos se hizo referencia que se tuvo que recurrir, hasta octubre del 2023 y vía FEIEF, a un monto de más de 8 mil 622 millones de pesos, según la Ley de Ingresos mexiquense.
Aunque en el estudio del CIEP se recomienda aumentar los ingresos propios, el Estado de México es de los que no recauda siquiera para cubrir su gasto de nómina: en el 2022 y según datos de la Secretaría de Hacienda y del INEGI, la recaudación propia (impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamiento) apenas alcanzó los 43 mil 760 millones 695 mil 300, contra un gasto de nómina de 67 mil 443 millones 904 mil 004 pesos.
En otras palabras, la entidad mexiquense recauda el 64.88 por ciento de su gasto en servicios personales, mismo que no fueron modificados para los altos funcionarios con el ingreso del nuevo gobierno en el 2023, sino que se quedaron igual que los de las administraciones anteriores, según un comparativo realizado entre los presupuestos del 2022, 2023 y 2024 correspondiente a los salarios del titular del Poder Ejecutivo y el de secretarios.
Por ejemplo, el tabulador presentado en el presupuesto en el paquete fiscal del 2024 contiene las mismas remuneraciones para los servidores públicos de alto rango que fueron aprobadas durante los últimos ejercicios fiscales del gobierno que finalizó en septiembre del 2023, con la excepción de que fueron eliminadas dos plazas (31-B y 31-C) que estaban dos puestos abajo del rango más alto y que, en conjunto, representan un ahorro anual de 2 millones 141 mil 487.92 pesos, ya sumados sueldo base, gratificaciones, aguinaldo, prima vacacional y gratificación especial.
Pero en la clasificación de mandos superiores (los más altos), el nivel salarial del servidor público con el puesto de responsabilidad más elevado en el gobierno del Estado de México, el “32”, devengará un salario base de 95 mil 675.55 pesos y una gratificación de 63 mil 668.99 pesos, para un sueldo bruto de 159 mil 364.54 pesos, reducidos a 104 mil 714.86 pesos ya descontados pago de impuestos (ISR) y cuota al ISSEMYM.
Sin embargo, en la tabla presentada por la Secretaría de Finanzas el salario base y la gratificación referidos sumaron 148 mil 190.42 pesos, es decir, 11 mil 174.12 pesos menos.
Eso permitió que una vez descontados los 41 mil 159.71 pesos de ISR y los 10 mil 069.42 pesos de ISSEMyM, el sueldo neto quedara en 96 mil 961.30 pesos, esto es, una disminución de 7.1 por ciento en relación con el sueldo del anterior ocupante de la mencionada plaza.
La misma suma del sueldo base y gratificaciones en las siete plazas que siguen al nivel más alto presentan alteraciones, se “resta” en vez de sumar en el sueldo bruto, como se pudo apreciar en la tabla respectiva.
Según el gobierno estatal, la presunta reducción salarial generaría ahorros por 3 mil 500 millones de pesos, pero el hecho es que la nómina pasó de 74 mil 987 millones 851 mil 630 pesos en el 2023 a 79 mil 564 millones 015 mil 312 pesos, es decir, aumentó 6.1 por ciento, una diferencia de 4 mil 576 millones 163 mil 682 pesos.
Hay que mencionar que según datos de la SHCP y del INEGI del segundo del 2021, sólo diez entidades tienen un nivel de recaudación propia que les permite cubrir su nómina: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.
En esa relación están la primera y la tercera economías del país por su aportación al PIB: Ciudad de México y Nuevo León, pero no la segunda en importancia, como es el Estado de México. Cabe decir que en ese orden está la lista de estados con mayor deuda subnacional, donde el Estado de México está por encima de los 59 mil millones de pesos.