Martín, familiar de Joel, uno de los seis policías municipales detenidos en Nicolás Romero por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por las fosas clandestinas en San Francisco Magú, denunció que a su hermano como a los otros detenidos se les han violado sus garantías individuales e incluso los han torturado hasta causarles daño físico para que acepten estar involucrados en el multihomicidio.
Explicó que de hecho ninguno de los policías municipales detenidos fueron asegurados por el multihomicidio ocurrido en El Mirador donde ubicaron las fosas clandestinas, entre San Francisco Magú y El Vidrio, al norte de Nicolás Romero, sino por supuestos delitos distintos.
El hermano de Joel explicó a MILENIO Estado de México que ellos no están asegurados por ninguna carpeta relacionada con las fosas; sin embargo, a esas seis personas se les han violación sus garantías y el debido proceso.
“Los torturaron hasta causarles múltiples fracturas para que acepten que ellos habían cometido esos multihomicidios. Y como no lo hicieron, los amenazaron con la familia y ahora les han fabricado carpetas, pero ninguna, absolutamente ninguna de esas carpetas es de las fosas”, refirió Martín.
Dijo en la entrevista que estando detenido ilegalmente su hermano le informaron que tenía un segundo proceso por secuestro exprés, “a la fecha ya se le dio libertad de uno de los delitos que se le acusa, pero sigue preso por el otro”.
Explicó que a su hermano el comandante Joel, lo detuvieron en su domicilio particular en la madrugada, “primero llegaron a la casa de su vecino, lo sacaron en presencia de su familia y además saquearon su casa se llevaron muchos de los valores. Luego cuando se dieron cuenta del error ya acudieron a casa de mi familiar e hicieron lo mismo. Sin una orden de aprehensión se lo llevan detenido y acusado de muro para facilitar la huida de dos individuos que habían matado a una persona”.
Destaca Martín que ya se comprobó que la patrulla que llevaba su hermano el día de los hechos en que se le inculpa no estaba en el sitio, como aseguraba el supuesto testigo de la Fiscalía, quien por cierto sólo se identificó con la Curp. Ya que traía una licencia del estado de Morelos que sacó el mismo día de la audiencia.
Luego describió que otro error de la Fiscalía fue dar a conocer a la opinión pública los rostros de los presuntos inculpados, violando también su derecho a la secrecía. “Enviaron a los medios de comunicación un comunicado donde difunden los rostros de los detenidos”, dijo.
A su vez el abogado Sergio David Nava Álvarez, quien se apoyó con su compañero Ulises Esperanza para llevar los casos de algunos de los detenidos, explicó que, al atender una audiencia de control de legalidad, por la detención de sus clientes, que intentaron relacionar con el hallazgo de cadáveres en las fosas de Nicolás Romero y posteriormente por diverso delito. “Tras un feroz debate logramos la libertad de todos nuestros clientes”.
Dijo que conoció por medios de comunicación que otras personas también fueron detenidas por las mismas razones, por lo que opinó que “en condiciones por demás violatorias de derechos fundamentales, y que dichas violaciones se siguen prolongando en el tiempo con la difusión de las imágenes de los rostros de esas personas detenidas como se dijo, en condiciones ilegales en medios de difusión”.
Describió que es claro que se viola el principio de presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. “Hasta donde conozco, ese proceso se encuentra en etapa de investigación complementaria, y nadie ha sido sentenciado y por lo que se ve, existe una presunción de culpabilidad y se les exhibe como culpables, lo cual es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros ordenamientos”.
El abogado pidió a la autoridad que investiguen de manera profesional esos hechos para que se conozca la verdad y se castigue a los verdaderos responsables, “pero no destruyendo la credibilidad de las instituciones ni las vidas de personas inocentes y sus familias”, indicó.
Trascendió que inicialmente fueron detenidas 17 personas, supuestamente responsables de la privación ilegal y por el homicidio de las 10 personas localizadas en la fosa clandestina, aunque no todas las detenciones fueron legales, al no existir ordenes de aprehensión, “a muchos de los que venían de trabajar y solo porque los vieron en la calle los detuvieron, también se metieron a muchas casas por la fuerza y sin órdenes de cateo y encima se robaron diversos valores, celulares, computadoras y hasta electrodomésticos de las casas”, explicó Martín.
Hoy en día, 10 de los detenidos ya obtuvieron la libertad por los delitos que se le imputaban, por faltas al debido proceso y únicamente 6 de ellos continúan presos; no obstante, a ninguno de ellos, en sus respectivas audiencias, les han imputado algunos de los homicidios de las fosas clandestinas, “están allí porque fueron acusados de otros homicidios ocurridos en el municipio en fechas distintas”.
En la audiencia de vinculación de Erick Adrián “N”, alias ‘Tocino’, acusado por un presunto doble secuestro exprés ocurrido el 15 de mayo de 2023, la Fiscalía no presentó a ningún testigo, ni parte acusadora o algún otro medio que lo vinculara con los hechos denunciados, por lo que la jueza no tuvo elementos para vincularlo a proceso, por este delito por lo que ordenó su libertad.