Este lunes fueron entregadas las llaves digitales que operarán el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), una herramienta que pretende calcular el número de deudores de pensiones y los derechos que quedarán restringidos si es que están inscritos.
La presentación fue hecha en el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) en Toluca, en donde se dieron a conocer los alcances de este mecanismo. El director general de asuntos jurídicos del SNDIF, Alejandro Cárdenas Camacho, destacó que a la fecha se ignora el número de morosos alimentarios y cómo es que fueron inscritos al padrón.
“Se desconoce la cifra exacta de deudores alimentarios en todo el país, menos aún conocemos en qué región o entidad existe mayor incidencia de incumplimiento o las causas que lo provocan. Se desconoce también cuántos de todos los juicios de alientos erradicados en el país se han logrado cumplir con una orden o un mandato judicial”, dijo.
Explicó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un mecanismo que garantiza a la niñez y grupos vulnerables acceder a esta obligación, ya que aseguran, se trata de una lucha emprendida por las mujeres que han ido a los tribunales a pedir el cumplimiento de estas obligaciones.
Informó que en México hay aproximadamente 38 millones de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de calle, que por diversas circunstancias ya trabajan, que sufren de violencia intrafamiliar y que no reciben pensiones alimenticias, lo cual llevó al Poder Ejecutivo federal a tomar acciones, en este caso, una plataforma de deudores.
“Con la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tendremos una herramienta valiosa para empezar a generar estadísticas en la materia y construir políticas públicas a nivel nacional”, dijo.
Cárdenas Camacho explicó que la difusión de datos de estos deudores será pública y la información será alimentada desde este martes por parte de los expedientes de los distintos poderes judiciales del país.
“En el DIF de hoy no buscamos la revancha contra cualquier deudor, sino contribuir decididamente en la restitución de los derechos alimentarios de todas las personas y grupos vulnerados”, expresó.
“Nuestro objetivo principal es motivar a los deudores a cumplir con el pago de su pensión; la implementación del registro va acompañada del firme compromiso de iniciar una tarea de difusión y convencimiento a nivel nacional sobre la importancia que tiene cubrir las pensiones alimenticias y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento”, indicó.
En este sentido, indicó que la inscripción será por mandato judicial y los derechos que quedarán suspendidos a los morosos son:
Tener pasaporte o documento de identidad y viaje.
Ocupar cargos públicos consejibles ni de elección popular.
Aspirar a cargos de magistrados o jueces federales.
Realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles o derechos reales.
Salir del país salvo que otorguen una garantía suficiente.
Además, se le informará a los cónyuges si su pareja está inscrito en el registro de deudores de pensiones.
Sobre este tema, Nuria Fernández Espresarte, titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), exhortó a los poderes judiciales del país a que suban la información correspondiente sobre las sentencias de morosos alimentarios.
“Es necesario que los juzgados respondan, luego es necesario un siguiente paso que es cuando se dicte sentencia, se suba el registro. Sin ustedes, sin el poder judicial, el esfuerzo del DIF sería inútil, necesitamos que efectivamente se registren los deudores alimentarios y que dicte sentencia sobre los deudores alimentarios”, declaró.
Asimismo, se indicó que corresponde a los congresos locales decidir quién tiene la calidad de deudor y tienen un plazo de 90 días para adecuar sus códigos estatales. Asimismo, destacaron que este nuevo registro no implica la extinción de los registros estatales.
El presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar, destacó la importancia sobre estas políticas públicas. De igual forma, destacó que hay un reto en lo que refiere a la implementación de estos datos, toda vez que en promedio la justicia penal entre 8 y 10 por ciento del trabajo total; mientras que la civil y familiar representa entre 70 y 75 por ciento de la carga laboral.
“En el Estado de México nos declaramos listos en nuestra palatalícense tecnológica para operar este registro nacional de obligaciones alimentarias con base en los lineamientos publicados y con los métodos que ya ha aprobado el Consejo de la Judicatura del Estado de México”, informó.
¿Cómo acceder al registro?
Los lineamientos del registro establecen que es gratuito, digital y nacional, con lo cual permitirá a los tribunales recabar y cruzar información para una eficaz administración de justicia en materia alimentaria.
En el registro público no habrá información confidencial más allá del nombre y el tiempo del incumplimiento, estos datos serán alimentados por los tribunales de justicia. “No es automático, ningún usuario podrá acceder a esta plataforma para hacer inscripciones, tendrá que ser mediante un mandato judicial”.
Bajo ese contexto, hay tres modalidades para acceder a este registro, una de ella es de consulta pública, es decir, cualquier usuario puede ingresar y colocar el nombre de la persona que desea saber si está o no inscrito, en caso de estar en la plataforma será visible el nombre del deudor, su RFC, su CURP, el plazo de pensión adeudada y el juzgado que ordenó su inscripción al registro.
Los otros dos accesos son para tribunales, quienes van a suministrar y actualizar la información de deudores alimentarios morosos de su entidad, mientras que el otro es para la base de datos de las Procuradurías de Protección a la niñez.
Por otra parte, los usuarios podrán descargar desde su ordenador certificados de “no inscripción”, los cuales pueden ser requeridos por las autoridades competentes para diversos trámites; por ejemplo. “Tenemos incluso ya en el Sistema Nacional un acuerdo con el Registro Nacional de Población para verificar que la CURP de todos aquellos que pretendan descargar un certificado de no inscripción este sea debidamente validado”.