A partir de 2025, la entidad mexiquense deberá tener una partida presupuestaria específica para la comunidad de la diversidad sexual por lo que la asociación civil Fuera del Clóset solicitó al Ejecutivo y al Legislativo local que se aplique para temas de salud, seguridad y capacitación.
Este presupuesto se dio luego de que ocho personas denunciaran que el presupuesto 2023 no contemplaba a la población Lésbico-Gay-Bisexual-Travestí-Transexual-Transgénero-Intersexual-Asexual-Queer y más (LGBTTTIAQ+).
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Si bien en primera instancia se perdió la demanda, las ocho personas que la impulsaron, decidieron impugnar, por lo que el Primer Tribal Colegiado del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de revisión y concedió que la población de la diversidad tenga el recurso etiquetado.
“Nos llena mucho de orgullo ya que, las ocho personas que demandamos al Gobierno del Estado de México y a la Legislatura, ganamos. De manera generalizada, dentro del Plan de Desarrollo y del Presupuesto, se generarán políticas públicas para la comunidad ya con un presupuesto establecido y, por tanto, que la población LGBTTTIAQ+ sea garante de derechos”, comentó Ricardo Torres, presidente de Fuera del Clóset A.C. y uno de los ocho demandantes.
Esta sentencia, clasificada como histórica por la comunidad, tiene tres resolutivos como forma de reparación de los derechos de igualdad y no discriminación de las población de la diversidad sexual en la entidad.
La primera, explicó Ernesto Montes de Oca, secretario de Fuera del Clóset, es que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez deberá ordenar que se publique en el diario oficial una síntesis de la ejecutoria en la que se reconozca que el decreto de presupuesto de 2023 no cumple con la perspectiva de diversidad sexual y de género.
También, abundó, las autoridades responsables deberán informar de manera bimestral las acciones que se implementen en cumplimiento a la ejecutoria.
Mientras que el recurso etiquetado debe ya estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2025, para lo que las ocho personas que demandaron al gobierno y a la Legislatura, deberán ser parte de las mesas de trabajo.
“Vigilaremos que los recursos que se destinen sean aplicados de manera eficaz, transparente, que haya una rendición de cuentas pública, que las políticas públicas que se hagan tengan un diagnóstico, que existan indicadores para poder evaluarlos y que se puedan medir”.
Montes de Oca aseguró que no buscan que se implementen acciones a la deriva como las de sensibilización, eventos o campañas publicitarias, sino que en las diversas áreas de la administración pública se aplique el presupuesto LGBT.
En el Estado de México, de acuerdo con el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que medio millón de personas se auto perciben como parte de la diversidad sexual.
Si bien el amparo obliga a que exista el presupuesto, no existe una partida presupuestaria asignada, es decir, aún no se sabe de cuánto será el recurso por lo que no se ha determinado en qué podría ser aplicado, los demandantes consideraron urgente que se aplique en rubros como seguridad y salud, pues son en los que más padecen discriminación, en especial la población trans.