Más de la mitad del personal judicial y siete de cada 10 abogados litigantes han sufrido ataques contra su profesión, según documentó este lunes un estudio del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y México Evalúa, algo que podría agravarse con la reforma judicial.
En la presentación del informe ‘Cuando impartir justicia es peligroso’, especialistas advirtieron de que ejercer la justicia en México es una tarea arriesgada, cuyos peligros pueden aumentar con la iniciativa que impulsa el oficialismo para elegir a los juzgadores por voto popular.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su preocupación ante la reforma que avanza en el Congreso, pues va a “exponer a los jueces a una condición de enorme peligro” porque tendrán que responder a los intereses de quienes financien sus campañas, y no al electorado.
“Los políticos, de lo que no se han dado cuenta es que los jueces no van a acabar siendo de ellos, los jueces van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de los capitales, de todos esos agentes que juegan en contra del Estado”, alertó Cossío, socio fundador IFED.
Cossío señaló que, aunque los legisladores estén satisfechos de aprobar las reformas, los jueces tendrán la libertad de interpretarlas como quieran, lo que dificultará el cumplimiento de las legislaciones, “y ni siquiera por la vía judicial van a poder realizar todos los mandatos que son propios de las leyes”.
Cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quién los financió o cuando esos jueces no puedan cumplir los deseos de los financiadores, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos visto.
Entre otros hallazgos, el informe identificó entre 2012 y 2023 15 homicidios a personas juzgadoras a nivel estatal, dos a nivel federal, así como seis asesinatos a personal actuario, aunque advirtió de la falta de registros oficiales para dimensionar la problemática.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, lamentó que la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no atiende las debilidades del sistema y “no quiere que haya una discusión sobre la vulnerabilidad que existe realmente en los poderes judiciales”.
“Parece ser que pone a estas instituciones como todopoderosas, de jueces millonarios que ganan salarios altísimos, y no pone realmente en su justa dimensión la situación de los poderes judiciales”, apuntó Campos.
Por ello, la experta destacó que la mayoría de los estados tienen presupuestos muy limitados, y hay una carencia de jueces en el país, frente a un número creciente de casos.
Tenemos muchas demandas de la sociedad que atender en cuanto que se busca que los juicios cada vez se resuelvan más rápido, con justa razón. Pero entonces no hemos puesto en la mesa todos los retos que en verdad enfrentan los poderes judiciales a nivel operativo.
Campos resaltó que en un 50% de los ataques documentados en el informe, el agresor buscaba un cambio en el sentido de la sentencia, lo que ha sido “ignorado” por las autoridades.
“Esto habla de que hay puertas abiertas, esto habla de que hay una incapacidad para prevenirlo, pero también para atenderlo”, avisó.
Coincidió en que “hay un pronóstico muy negativo de que esta situación se va a recrudecer” si se aprueba la reforma, que a partir de 2025 instauraría elecciones populares para jueces, magistrados y la Suprema Corte
“Y me parece grave que se le prometa a los ciudadanos algo que no va a suceder, sino que va a ser todo lo contrario”, enfatizó.
Los ataques más frecuentes al personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes, según el informe, son las amenazas, las agresiones y la extorsión, que derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares.
Además, el estudio encontró, tan solo de enero de 2023 a enero de 2024, 167 señalamientos en contra de personal judicial, de los que el 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el presidente López Obrador.