Durante la tercera sesión itinerante de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, una mujer afrodescendiente, originaria de la Costa Chica de Oaxaca, obtuvo su libertad, por lo que su condena de 40 años de prisión por presunta extorsión quedó sin efectos.
El caso fue revisado bajo una perspectiva intercultural por parte de los integrantes de la Sala, que revocó la sentencia original, concluyendo que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público eran insuficientes para sostener la acusación.
Esta sesión fue desarrollada en la Universidad Intercultural del Estado de México y encabezada por Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdomex; Mario Eduardo Navarro Cabral, Presidente de la Sala, las Magistradas María Ledit Becerril García, Verónica Carrillo Carrillo y Erika Icela Castillo Vega, y el Magistrado Arturo Márquez González.
Los anteriores, analizaron también el caso de una mujer náhuatl acusada de violación a quien se le garantizó un intérprete en su lengua y el organismo confirmó su sentencia, al determinar que la condición indígena no exonera de responsabilidad penal.
Asimismo, la Sala emitió una opinión consultiva sobre la falta de abogados que dominen tanto la lengua como el contexto cultural de la mixteca baja, de donde proviene una mujer relacionada con un asunto patrimonial. En respuesta, el órgano judicial dictaminó que un intérprete debe acompañar al defensor de oficio asignado para reducir las barreras lingüísticas y culturales en el proceso.
Previamente, el PJEdomex y la Universidad Intercultural del Estado de México firmaron un Convenio Macro de Colaboración para el intercambio de acervo académico y documental, cuya finalidad es crear diplomados y seminarios de Interculturalismo jurídico, además del apoyo institucional para identificar intérpretes y traductores.
El Magistrado Presidente destacó el compromiso del PJEdomex con el acceso a la justicia plena y efectiva para los pueblos indígenas, resaltando la labor de la Sala de Asuntos Indígenas, además de reconocer la importancia de que estas comunidades preserven y transmitan sus tradiciones culturales y lingüísticas, ya que constituyen una riqueza invaluable para el país y un elemento distintivo a nivel mundial.
Subrayó la necesidad de transmitir las lenguas originarias como el náhuatl y el tlahuica a través de diversos medios para que las nuevas generaciones las conozcan y mantengan vivas.
Por lo anterior, el presidente del Poder Judicial mexiquense hizo un llamado para actualizar las leyes y hacerlas más comprensibles y menos formalistas; también propuso la creación de un anuario de derecho indígena y promover la enseñanza del derecho intercultural, aspirando a tender puentes de entendimiento entre los usos y costumbres de los pueblos indígenas y el derecho positivo mexicano.
Por su parte, el Rector de la Universidad Intercultural, Antolín Celote Preciado, enfatizó la importancia de fortalecer la educación lingüística en el sistema judicial, en el marco de la reciente reforma constitucional de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.