A pocos días de que concluyan las administraciones municipales actuales en el Estado de México, el balance del último trienio revela la gravedad de la corrupción en las estructuras de gobierno local.
Aunque las detenciones de alcaldes y funcionarios marcaron un hito en la lucha contra la impunidad, el profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, advierte que estos casos son solo una muestra de un problema estructural profundamente arraigado.
Para López Montiel, la corrupción en los municipios no es un fenómeno nuevo, sino una práctica perpetuada por la debilidad institucional y la falta de controles efectivos.
Según el especialista, esta situación no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además facilita la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
‘Los municipios carecen de un sistema robusto de fiscalización y rendición de cuentas. Esto permite el desvío de recursos destinados a resolver problemas sociales, de infraestructura y de seguridad, mientras se perpetúan las carencias sociales y se agrava la violencia’, explicó López Montiel.
El académico señaló que la corrupción también propicia delitos como extorsión, secuestros y homicidios, a menudo vinculados a funcionarios públicos.
En el último trienio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementó el ‘Operativo Enjambre’, una estrategia que sacó a la luz la corrupción en algunos gobiernos locales. Sin embargo, no todos los casos de detenciones de alcaldes están vinculados a este operativo.
El expresidente municipal de Ocuilan, Emilio Arriaga Villa fue detenido en 2021 acusado de ser el autor intelectual del secuestro de un adversario político. En 2023, fue condenado a 75 años de prisión, marcando un hito en la lucha contra la corrupción.
En tanto, el exalcalde de Toluca, Raymundo N., fue detenido en enero de 2024 en la Ciudad de México, acusado de abuso de autoridad, secuestro exprés y violencia familiar, las acusaciones no están vinculadas al Operativo Enjambre, sino a eventos específicos de su gestión. Entre los hechos destacados se encuentra un operativo ilegal ordenado por Raymundo en abril de 2023.
También destaca el caso de Diego Eric N., quien fue detenido en mayo de 2024 por delitos de extorsión y violación. La investigación reveló que extorsionó a un servidor público y agredió sexualmente a una empleada municipal en 2023.
El caso más reciente es el de María Elena N., éste sí está relacionado con el Operativo Enjambre. La alcaldesa de Amanalco fue detenida en noviembre de 2024, acusada de ser autora intelectual del homicidio del síndico municipal, quien había denunciado desvíos de recursos.
Aunque el Operativo Enjambre no abarca todos los casos destacados, ha permitido destapar una red de complicidades en varios municipios. Además de María Elena N., otros funcionarios, principalmente en áreas de seguridad pública, han sido detenidos.
Entre ellos se encuentran Rodolfo N. y Roberto N., de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca, acusados de extorsión y secuestro exprés. Asimismo, Omar N., subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, fue detenido por corrupción y vínculos con el crimen organizado, mientras que Eraclio N., director de Seguridad Pública de Tejupilco, facilitó actividades ilícitas en su región.
El operativo también identificó a varios objetivos prioritarios prófugos, entre ellos la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y el alcalde electo de esa misma demarcación.
Para el académico del Tec de Monterrey, Gustavo López Montiel aunque las detenciones son un avance significativo, no son suficientes para erradicar la corrupción en los municipios.
Es indispensable realizar reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas’, afirmó.
El especialista enfatizó que estas reformas deben incluir el desarrollo institucional de las policías municipales y fiscalías locales, así como la implementación de políticas públicas que promuevan la transparencia y la ética en el servicio público.
Además, cuestionó la eficacia de los exámenes de control de confianza, señalando que estos, aunque útiles, no resuelven los problemas de fondo.
El académico lamentó que los principales afectados por esta crisis sean los ciudadanos. La corrupción no solo desvía recursos, sino que perpetúa la inseguridad y las carencias sociales, agravando la pobreza y la desigualdad.
‘El balance del último trienio es un reflejo de la profunda crisis que atraviesan los municipios del Estado de México. Sin reformas estructurales, las detenciones seguirán siendo medidas aisladas en un sistema que sigue siendo vulnerable a la corrupción y el abuso de poder’, concluyó López Montiel.
Además, consideró que el panorama actual en los municipios mexiquenses exige una acción decidida por parte de los próximos gobiernos. Aunque las detenciones de alcaldes y funcionarios son un avance, la magnitud del problema requiere un enfoque más amplio y estratégico.
Solo con reformas profundas y una voluntad política genuina, sostuvo el experto, será posible garantizar un sistema más transparente y eficiente que realmente beneficie a la ciudadanía.