A propuesta del Poder Ejecutivo del Estado de México, las comisiones legislativas del Congreso local analizarán una iniciativa de ley para desaparecer el delito de ultraje del Código Penal mexiquense a fin de que ya no se sancione a quienes emitan expresiones directas o indirectas, con el objetivo de ofender, en contra de alguna persona o institución pública.
Actualmente, este ilícito se castiga con una pena de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días de multa para quienes ofendan a integrante de la policía, funcionarios o instituciones públicas.
El planteamiento es eliminar dos artículos para evitar restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión y criminalizar la crítica hacia las personas servidoras públicas, pues se considera que vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales.
Su derogación, señala, contraviene el respeto pleno de los derechos humanos, la protección de las garantías constitucionales y la adecuación de la legislación local a los principios democráticos y los compromisos internacionales del Estado de México.