La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la prisión vitalicia en el Estado de México tendrá un impacto en 42 sentencias ya dictadas, afirmó Fernando Díaz, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
La eliminación de esta figura en el Código Penal local obliga a las autoridades judiciales a modificar las penas impuestas en esos casos, ajustándolas a la normatividad vigente antes del 12 de junio de 2019, fecha en que se estableció la prisión de por vida en la entidad.
“La Suprema Corte de Justicia emitió una determinación de invalidez de la prisión vitalicia, lo que nos obliga a estar atentos a la comunicación de los resolutivos para que surtan efectos plenos en el Congreso del Estado”, explicó Díaz en entrevista para El Sol de Toluca.
Añadió que, aunque todavía se espera la comunicación oficial de los resolutivos, es un hecho que se tendrá que adecuar el Código Penal mexiquense.
La modificación de las penas será responsabilidad de los jueces de ejecución penal, quienes deberán revisar cada caso para determinar la pena correspondiente con base en la legislación previa a la prisión vitalicia.
“La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que es el juez de ejecución penal la autoridad competente para la implementación, modificación, extinción o, en su caso, disminución de penas”, detalló el magistrado.
La eliminación de la prisión vitalicia responde a criterios de derechos humanos y al principio de reinserción social en el sistema penal acusatorio.
El magistrado presidente subrayó que los ajustes deberán garantizar el equilibrio entre la sanción y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
“Tendremos que modificar las penas atendiendo al grado de punición que tenía cada sentenciado antes de la publicación de la prisión vitalicia en el Estado de México”, puntualizó.
La senadora Olga Sánchez Cordero, calificó dicha sesión cómo un momento histórico en el desarrollo institucional de la justicia alternativa ya que es un logro en conjunto entre autoridades federales y de los gobiernos estatales
En cuanto a las víctimas y sus familiares, el magistrado negó que la decisión de la SCJN represente una revictimización o que atente contra su derecho a la no repetición.
Explicó que los ajustes en las sentencias no significan impunidad, sino una adecuación legal derivada de la declaratoria de invalidez.
“De ninguna manera tendría que impactar a los familiares de las víctimas. Este es un proceso en el que, al invalidarse la prisión vitalicia, se ajustará a la punición establecida en el Código Penal para cada delito”, afirmó.
Díaz reiteró que el Poder Judicial mexiquense se apegará a los lineamientos que establezca la SCJN y a los principios de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Indicó que el Congreso del Estado tendrá que legislar para eliminar formalmente la prisión vitalicia del Código Penal estatal y definir con claridad las penas aplicables en adelante.
A la espera de los lineamientos específicos, las autoridades judiciales iniciarán la revisión de los 42 casos en los que se dictaron sentencias con base en la figura ahora invalidada.
El proceso, agregó, deberá garantizar la seguridad jurídica de todas las partes involucradas y la correcta aplicación de la justicia conforme a los nuevos parámetros establecidos.