La Legislatura del Estado de México aprobó sanciones de hasta 6.2 millones de pesos y penas de prisión de hasta 25 años para quienes modifiquen artificialmente el ciclo hidrológico sin autorización oficial.
El dictamen aprobado por unanimidad en las comisiones unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático, y de Recursos Hidráulicos, conjunta iniciativas del PVEM, PT, PRI y Morena, además de contar con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez.
Esta regulación responde a preocupaciones ambientales y sociales sobre el uso de tecnologías como cañones antigranizo y avionetas antilluvia, que, según expertos, alteran los patrones de precipitación y pueden contribuir a sequías en diversas regiones del estado.
El decreto modifica el artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad, estableciendo sanciones a quienes “inhiban, modifiquen o alteren el ciclo hidrológico mediante el uso de tecnologías de alteración artificial del tiempo para la precipitación pluvial […] sin contar con autorización de las autoridades competentes”.
Las penas varían dependiendo de la magnitud del daño ambiental. En los casos más graves, donde se provoquen afectaciones irreversibles a ecosistemas o se impacten masivamente fuentes hídricas, los responsables podrían enfrentar hasta 25 años de prisión, bajo figuras penales ambientales acumulativas.
Además, los artículos 2.137 y 2.141 amplían la regulación de emisiones contaminantes, incluyendo ahora sistemas antigranizo y tecnologías similares en el inventario de fuentes fijas o móviles sujetas a monitoreo estatal. Estos dispositivos deberán registrarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y obtener permisos específicos para operar. En caso de incumplimiento, se procederá a la clausura inmediata de los equipos y se iniciarán procesos judiciales contra los responsables.
A nivel económico, el decreto establece multas que pueden alcanzar los 6.2 millones de pesos, equivalentes a 55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, para quienes alteren el clima sin autorización.
Durante la discusión, el legislador Carlos Alberto López Imm del Partido Verde y presidente de las comisiones unidas, destacó que la regulación permitirá frenar el uso indiscriminado de tecnologías que pueden afectar la biodiversidad y desestabilizar los ciclos hídricos en el estado.
Por su parte, la diputada Leticia Mejía García, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que esta reforma es pionera en México, ya que hasta ahora no existía una legislación a nivel federal o estatal que regulara estas prácticas.
La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza de Morena reconoció el trabajo de las bancadas y de la gobernadora Delfina Gómez para impulsar la regulación de estas tecnologías, con el objetivo de proteger el agua como recurso estratégico.
En tanto, el legislador Gabriel Kalid Mohamed Báez de la bancada del PT advirtió que, aunque las sanciones económicas y penales son importantes, también se debe trabajar en la prohibición total del uso de estas tecnologías por parte de particulares, evitando que puedan obtener permisos que les permitan modificar artificialmente los procesos climáticos.
Algunos legisladores coincidieron en que el uso de cañones antigranizo ha sido una práctica común en regiones agrícolas del Edomex como Atlacomulco y Valle de Bravo, donde los productores de aguacate y maíz buscan proteger sus cultivos de tormentas de granizo.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas han denunciado que estos dispositivos afectan la distribución natural de las lluvias, impactando la recarga de acuíferos y alterando el balance de nutrientes en el suelo.
Para atender la relación entre agricultura y protección ambiental, el decreto incluye un Transitorio Terceroque obliga a la Secretaría del Campo, en coordinación con las secretarías del Agua y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a emitir una Norma Técnica Estatal antes de 2025. Esta norma establecerá los criterios específicos para el uso de productos químicos y tecnologías de modificación climática con fines agrícolas, asegurando que no se comprometa el equilibrio ecológico.
El dictamen también ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con los gobiernos municipales, la creación de un inventario de fuentes contaminantes, incluyendo tecnologías que alteren el clima. Este registro será de acceso público y contendrá información sobre permisos, proveedores de equipos y servicios relacionados.