La 62 Legislatura mexiquense analizará la iniciativa para modificar la Ley de Amnistía estatal, para indultar a las mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos; así como a las personas que cometieron delitos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o existencia de alguna categoría sospechosa.
La propuesta explica que la inclusión de estos dos nuevos supuestos busca promover una justicia más equitativa y restaurativa, en concordancia con el marco constitucional vigente, así como que el beneficio de amnistía es una herramienta correctiva del sistema de justicia penal, para evitar que se actúe con prejuicios o sin considerar las desigualdades que afectaron el debido proceso.
El documento destaca que la iniciativa también busca decretar el perdón a personas mayores de 65 años que padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave diagnosticada; así como aquellas privadas de la libertad independiente del delito de que se trate, incluidos los de alto impacto, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a estos y al debido proceso, en la que se proponga su libertad.
No habrá trato diferenciado
Asimismo, se señala que se declarará amnistía en favor de las personas a las que se les decretó auto de vinculación a proceso o se les dictó sentencia firme en tribunales del orden común, por delitos previstos en esta ley, sin trato diferenciado, en un marco de constitucionalidad, respeto a los derechos humanos y no discriminación, siempre y cuando no sean personas reincidentes.
Por el contrario, explica el documento, no se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo excepciones expresamente previstas en la ley.
Finalmente, la iniciativa refiere que la determinación que resulte del análisis de cada caso será turnada a la autoridad judicial o procuradora de justicia para que atienda la recomendación legislativa y resuelva lo procedente.