Debido a un repunte en el delito de despojo y la visibilización de la problemática con el caso de Carlota ‘N’., quien intentó recuperar su casa al asesinar al invasor, el Gobierno del Estado de México prepara una estrategia interinstitucional para contener los despojos e invasiones de viviendas que se han incrementado en distintas regiones, en especial en los municipios del oriente y Valle de México.
La medida, que se elabora desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, incluirá acciones conjuntas con la Federación, municipios, el Poder Judicial y la Fiscalía estatal.
En entrevista, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, informó que el diagnóstico preliminar señala indicios de colusión entre actores institucionales, desde áreas de catastro y registros públicos, hasta notarios que facilitan actos irregulares para que particulares se apropien de bienes inmuebles sin tener derecho a ello.
‘Cualquier tema que violente el Estado de Derecho, que afecte la tranquilidad de la gente, es preocupante. Como lo vimos en el caso de la señora Carlota en Chalco, son situaciones extremas que deben prevenirse con una revisión integral’, declaró Duarte.
El funcionario confirmó que el fenómeno se concentra en la zona oriente y en la franja metropolitana del Valle de México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios que concentran la incidencia de despojo son Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Tultepec y Cuautitlán Izcalli, entre otros.
En varios de ellos, miles de viviendas financiadas por el Infonavit permanecen vacías o sin vigilancia de sus legítimos propietarios, lo que ha facilitado las ocupaciones ilegales.
La estrategia que delinean autoridades mexiquenses forma parte de un enfoque interinstitucional que buscará restituir el patrimonio afectado a las víctimas de despojo y fortalecer la certeza jurídica de quienes habitan viviendas compradas legalmente.
Duarte explicó que el trabajo conjunto con el Gobierno federal incluirá la regularización de lotes urbanos, especialmente en terrenos de origen ejidal, a través de convenios como el firmado recientemente con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
‘El convenio con Sedatu busca regularizar un número muy importante de viviendas y lotes. Esta es una acción de todos los órdenes de gobierno, si no colaboramos entre todos, la estrategia no funcionará’, explicó el secretario.
También precisó que el Poder Judicial estatal y los municipios participarán en el diseño e implementación del esquema de intervención.
Aunque no se han revelado los detalles del plan, Duarte adelantó que un equipo técnico ya trabaja en su formulación dentro de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, y que una vez concluido se dará a conocer.
Las tareas incluirán medidas de prevención, atención a víctimas y seguimiento judicial a los responsables de los despojos.
El crecimiento del despojo como delito patrimonial ha sido sostenido en los últimos años. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el primer bimestre de 2019 y el mismo periodo de 2025, la incidencia creció 68.1% en el Estado de México.
Las cifras posicionan a la entidad como una de las más afectadas por esta conducta en el país.
De acuerdo con el Código Penal mexiquense, el despojo de inmueble ocurre cuando una persona utiliza un bien raíz sin tener título legítimo para ello, sea por medio de la ocupación o la alteración del uso del bien.
La sanción puede alcanzar hasta cinco años de prisión y multas económicas, además de otras consecuencias civiles y administrativas.
Uno de los casos recientes que visibilizó el problema fue el de Carlota N., en el municipio de Chalco. La mujer irrumpió por la fuerza en una vivienda que, denunció, le fue despojada meses atrás. Aunque ahora ella es procesada por el delito de homicidio calificado.
Según la información difundida por las autoridades, el hecho es investigado bajo el tipo penal de despojo, y se indagan posibles complicidades entre particulares y funcionarios para realizar el cambio irregular de posesión del inmueble.
El Gobierno estatal ha identificado que la violencia patrimonial derivada del despojo no solo genera pérdidas materiales, sino que provoca conflictos sociales, enfrentamientos entre particulares, presión sobre los juzgados civiles y penales, así como desconfianza generalizada en las instituciones de justicia y orden territorial.
En la misma Mesa de Coordinación, dijo, se analizan diariamente otros delitos de alto impacto como el homicidio, el robo a transporte público, el robo de vehículo y el robo en vía pública, que también afectan de manera directa a la población mexiquense.
El secretario subrayó que, pese a algunos repuntes en delitos de alto impacto, los primeros dos meses de 2025 registraron los niveles más bajos de incidencia delictiva en los últimos ocho años en la entidad.
No obstante, insistió en que la disminución sostenida debe complementarse con acciones específicas ante fenómenos como el despojo, cuyas consecuencias se agravan por la participación de redes organizadas o actores con acceso a documentos oficiales.
La estrategia interinstitucional busca atacar estas redes, así como generar condiciones para que las personas propietarias de viviendas en el Estado de México puedan ejercer su derecho a la posesión sin temor a ser desplazadas o violentadas.
Hasta ahora, no se ha fijado una fecha específica para el anuncio oficial del plan. Según Duarte, la estrategia aún se encuentra en fase de integración, aunque su implementación será prioritaria en las próximas semanas.
‘Ya se está trabajando, hay un equipo interno de la mesa, y en su momento se dará a conocer’, concluyó el funcionario.