El pleno del Congreso del Estado de México recibió este miércoles dos iniciativas de ley para endurecer las penas en contra de las personas que incurran en el delito de despojo en la entidad.
También aceptó un exhorto de los distritos grupos parlamentarios para que la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) diseñe e implemente una estrategia interinstitucional.
La medida es para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, en especial en los municipios del Valle de México.
De esta forma, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez, dio a conocer que el acuerdo sobre el tema saldrá lo antes posible, “por la importancia que reviste este problema, el cual detonó públicamente en las últimas semanas, cuando la realidad es que siempre ha existido.”.
“Nosotros en la parte que podemos ayudar es en la que garantice que se adquieran documentos probatorios de propiedad. Lo trabajaremos, porque es un tema de importancia y creemos que, en el estado, por los números que nos reportan, hay muchos casos; procuraremos que salga el acuerdo, estamos a tres sesiones”, dijo.
Durante la sesión, el diputado de Morena Octavio Martínez propuso que el delito sea grave, se restituya el bien en menos de 72 horas y se sancione hasta con 10 años de prisión.
Lo anterior, luego de señalar el problema que representa para el municipio de Ecatepec la existencia del llamado grupo “Los 300” presuntamente vinculado con un personaje político.
A la iniciativa se sumó la ecologista Miriam Silvia Mata y el también morenista Samuel Morales Cruz. Ambos consideraron urgente hacer justicia y reducir este delito en la entidad.
Por su parte, Isaac Josué Hernández, del Partido del Trabajo, dijo que es urgente atender este problema y adelantó que en la siguiente sesión van a presentar un exhorto para que la Fiscalía agilice los casos que actualmente existen.
También del PT, Ernesto Santillán, pidió que la Fiscalía de Justicia informe al Congreso cuántas carpetas de investigación existen y en qué condiciones y Yareli Esparza se quejó de la mala integración de los mismos registros.
Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas planteó una sanción de 15 a 25 años cuando se cometa en contra de mujeres, indígenas y personas adultas mayores.
Además, de siete a 20 años cuando sean zonas protegidas y de seis a 25 años en contra de autores intelectuales.
En tanto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Lilia Urbina Salazar, presentó un punto de acuerdo para que la Legislatura exhorte a la Secretaría de Seguridad mexiquense para que se diseñen e implementen estrategias para atender este problema en la entidad.
Actualmente este delito contempla penas de uno a 5 años de cárcel y de 30 a 125 días multa. Solo cuando el despojo se comente en contra de un área natural protegida o se apoderan del cruce de aguas, no se permite la libertad bajo fianza, pero se busca castigar con mayor rigor y aminorar los percances para la víctima.