El Congreso del Estado de México aprobó un dictamen que exige a los directores de seguridad pública municipales y comisarios obtener una certificación avalada por la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS). Esta reforma a la Ley de Seguridad busca garantizar que los mandos municipales cuenten con los conocimientos necesarios en gestión policial, derechos humanos y estrategias de seguridad.
Durante la discusión en la Comisión de Seguridad y Tránsito se determinó que los comisarios y directores municipales deberán acreditar conocimientos en liderazgo policial, toma de decisiones estratégicas, perspectiva de género, y derechos humanos. Esto se debe a que la ley actual carecía de claridad en estos aspectos, lo que generaba ambigüedades.
La reforma establece que los mandos municipales se capacitarán en áreas clave, como la gestión de tecnología y protocolos anticorrupción, lo que promoverá una mayor coordinación entre policías municipales y estatales, reduciendo la corrupción y mejorando la confianza ciudadana. La capacitación tendrá una duración de 120 horas y será proporcionada por la UMS.
Los directores de seguridad pública sin un título universitario podrán acceder a un programa de profesionalización que la UMS implementará. Este programa brindará una oportunidad de mejora para aquellos sin formación formal en el área.
El diputado Octavio Vargas destacó la obligatoriedad de contar con una licenciatura que avale la formación de los directores, corrigiendo la situación anterior en la que se permitía a personas con estudios parciales ocupar el cargo.
El diputado Vladímir Hernández subrayó que este es solo un primer paso, ya que la descoordinación entre los tres niveles de gobierno sigue siendo un desafío. Además, cuestionó la actitud de algunos titulares de seguridad, quienes tratan la inseguridad como una cuestión de ‘percepción’.
La diputada Ruth Salinas propuso adicionar un párrafo al Artículo 22 bis, para incluir al Centro Estatal de Control de Confianza y garantizar una certificación constante. Salinas también denunció la opacidad de dicho Centro, que tras 15 años de existencia aún no ha presentado informes sobre sus actividades.
El dictamen será votado mañana en el pleno del Congreso, en la penúltima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones.