Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron reformas legales que imponen sanciones más severas para quienes cometan delitos sexuales utilizando tecnologías de la información y comunicación.
La iniciativa, promovida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, contempla penas que podrían alcanzar hasta 16 años de prisión y multas por el equivalente a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de 90 mil 515 pesos, en casos donde las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, avalaron por unanimidad este paquete de reformas, que modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
El texto especifica que serán sancionadas con penas de hasta ocho años de prisión y 400 UMAs, alrededor de 45 mil 256 pesos, a las personas que, a través de redes sociales, plataformas digitales, mensajería o cualquier medio electrónico o escrito, pretendan o logren concretar un acercamiento físico con otra persona para obtener favores sexuales o material audiovisual con contenido explícito.
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Cuando la víctima sea una persona menor de edad, que requiera apoyos para comprender el significado de los hechos, o necesite apoyos extraordinarios, las penas se duplicarán, alcanzando hasta 16 años de prisión.
Las diputadas respaldaron la iniciativa y coincidieron en la urgencia de fortalecer el marco jurídico para frenar el incremento de delitos sexuales digitales que afectan a menores, ya que estas conductas, son cada vez más frecuentes en plataformas en línea, por lo que deben ser abordadas desde un enfoque preventivo, punitivo y con medidas de reparación integrales.
Carlos Martínez Zurita, autor de la propuesta, expresó que la violencia sexual en el entorno digital representa una amenaza creciente para la niñez y adolescencia, por lo que es indispensable adoptar medidas legales claras y efectivas que impidan la impunidad.
Una de las innovaciones del dictamen consiste en otorgar nuevas atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, que podrá intervenir de forma activa en procedimientos judiciales o administrativos relacionados con menores víctimas de violencia.
En particular, se establece que las autoridades deberán consultar a dicha Procuraduría antes de aceptar el perdón legal en casos de delitos sexuales, con el objetivo de evitar presiones indebidas hacia las víctimas o sus familias que puedan favorecer a los agresores.
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Asimismo, se ordena que las instituciones de salud del Estado de México den atención prioritaria e inmediata a menores víctimas de violencia sexual, de modo que esta atención incluirá servicios médicos, psicológicos y jurídicos, además de pruebas diagnósticas y anticoncepción de emergencia, cuando sea necesario. Los centros de salud estarán obligados a notificar al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección, activando así protocolos de protección inmediatos.
De forma paralela, las reformas establecen que las autoridades estatales deberán brindar acompañamiento integral a las víctimas, asegurando su derecho a una restitución completa de sus derechos vulnerados y a una reparación del daño libre de revictimización. El objetivo es generar un entorno institucional en el que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén plenamente garantizados desde el momento en que se detecta un posible caso de violencia.
La propuesta será turnada al pleno del Congreso mexiquense para su discusión y eventual aprobación en una sesión extraordinaria, dado que el periodo ordinario concluyó el pasado 13 de mayo.