La elección judicial no sólo representa un cambio en la forma cómo se elegirán a los jueces, ministros y magistrados; sino también en la estructura de las instituciones que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Como muestra de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasó de tener 11 ministros a sólo nueve, y entre ellos Irving Espinosa Betanzo es uno de los virtuales ganadores. Aquí te decimos quién es.
Espinosa Betanzo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, es especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.
Cuenta con una maestría en Derecho en la UNAM y otra en Gestión Pública para la Buena Administración en la escuela donde estudió dicha carrera.
También realizó un doctorado en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (INAP), aunque está en proceso su título.
En cuanto a su currículum profesional, el nuevo ministro virtual destaca que, desde 2019, formó parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Se ha desempeñado como magistrado de la Sección Especializada, en materia de responsabilidades Administrativas (anticorrupción) de la sala superior.
Hasta antes de la elección judicial, se desempeñó como presidente de la Sección Especializada, en Materia de Responsabilidades Administrativas, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
También trabajó en la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, siendo subprocurador jurídico de planeación, coordinación interinstitucional y de derechos humanos.
Propuestas de campaña: ¿Cómo fue?
Materia: combate de corrupción
Durante su campaña, el virtual ministro propuso garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.
Además, de rendir cuentas a la ciudadanía a través de los informes de labores. Colaborar y facilitar la actividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción que cometa el personal del Poder Judicial, incluidos los de la propia Corte.
También ha manifestado que se debe juzgar con valores, no con favores.
“Los principios deben guiar la actuación de las personas juzgadoras, por ello deben actuar con honestidad, combatir la corrupción y la impunidad. La función jurisdiccional debe ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, con profundo amor al pueblo y libre de influencias, privilegios y discriminación; consciente de que las decisiones trascienden en la vida de las personas y de nuestro pueblo”.
En su visión de la impartición de justicia refirió:
“La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y el progreso sin justicia es retroceso. La justicia tiene que estar al servicio del pueblo, no del mejor postor”.
“No llegar para solo ocupar cargos públicos, sino para transformar al país en beneficio de todas y todos, pero en principio de los más débiles. Privilegiar el interés colectivo sobre el interés particular. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las personas juzgadoras, pero principalmente en la justicia mexicana”.
Entre sus principales propuestas destaca el combate a la corrupción, garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.
Propuso establecer un programa de capacitación constante y permanente en la materia para todo el personal, de tal suerte que no sólo le sirva para realizar la labor jurisdiccional, sino para que le sea útil en su vida cotidiana.
En el caso del personal jurisdiccional, difundir y profundizar en el estudio y aplicación de los diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia, a fin de que todas las personas accedan a la justicia.
De igual manera, resalta la importancia de una cercanía con la ciudadanía.
“Las oficinas de la Corte deben ser de puertas abiertas, para que ello ocurra no solo basta dar una orden. Es necesario capacitar a todo el personal en la atención al público, de tal forma que cualquier persona que acuda sea atendida con dignidad y respeto. Eliminar el formalismo sin que ello implique perder calidad en el estudio y resolución de casos, incorporando el formato de lectura fácil. Usar las redes sociales como vías de comunicación directa con las personas”.