Entre el 01 de enero y el 14 de julio de este año el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) contabiliza 6 sentencias en Primera Instancia por el delito de maltrato animal, 3 menos que en el mismo periodo de 2024, sin embargo, este año aumentó un 28.89 por ciento el número de casos iniciados en Primera Instancia respecto de lo registrado el año pasado.
De acuerdo con las estadísticas registradas por el PJEM, este año en el periodo de referencia se contabilizan 58 casos iniciados en Primera Instancia, mientras que en 2024 sólo se contabilizaban 45 casos.
De los 58 casos iniciados en Primera Instancia por el delito de maltrato animal durante este año, 27 tenían autos de vinculación a proceso, con un total de 32 órdenes de aprehensión autorizadas. En 2024, entre el 01 de enero y el 07 de julio se contabilizaban 26 autos de vinculación a proceso y 20 órdenes de aprehensión autorizadas.
En este contexto, el PJEM dio a conocer que algunos casos llegan a una solución a través de la mediación, sin embargo, no se especificó el número de casos en los que se optó por esta alternativa.
En el primer informe de gestión de la Gobernadora Delfina Gómez se dio a conocer la atención de mil 179 denuncias por maltrato animal, así como 843 inspecciones en las que se aseguraron 290 animales maltratados, mismos que fueron canalizados para su resguardo rehabilitación y adopción a las protectoras y Centros de Control y Bienestar Animal Municipal.
Entre las principales acciones realizadas con motivo del maltrato animal se emitieron 203 sanciones por incumplimiento a la normatividad en materia de protección y bienestar animal, derivado de los distintos procedimientos instaurados por denuncias, inspecciones y visitas generadas por esta administración, según lo referido en el documento.
A la fecha, no se cuenta con una estadística precisa sobre la población de perros y gatos que hay en la entidad, con y sin hogar.
Uno de los casos más siniestros y recientes es el ocurrido en Mexicaltzingo en febrero de este año, donde vecinos denunciaron la presunta venta de carne de perro en un predio, que al ser cateado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se logró el rescate de casi 100 caninos.
En el lugar también se encontraron restos de posible carne animal que estaba en estado de descomposición y se llevó el aseguramiento de una persona que fue vinculada a proceso.
El caso provocó conmoción entre los vecinos de ese municipio, rescatistas y la población en general, tanto por el nivel de maltrato animal como por la posible comercialización de carne de perro, pues Mexicaltzingo es uno de los más reconocidos en el Valle de Toluca por la venta de carne de res y puerco que abastece a taquerías, restaurantes y carnicerías de la región.
El pasado viernes 18 de julio la FGJEM dio a conocer la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato de dos perros en el municipio de Texcoco; fue derivado de las denuncias ciudadanas que las autoridades lograron conocer los hechos que incluso fueron captados en video, mismo que se difundió a través de redes sociales.
En junio pasado las plataformas digitales también fueron esenciales para la difusión de un video de corta duración en el que se mostraba la decapitación de un canino, al interior de un Centro de Bienestar Animal en Ixtapaluca, hechos por los que la Fiscalía mexiquense inició una investigación de oficio.
Dicha denuncia fue suficiente para la acción de la autoridad, que llevó a cabo el aseguramiento del inmueble y rescató 52 perritos.
Cabe recordar que el maltrato animal es un delito castigado en el Estado de México con uno a seis años de prisión y multas que van de 50 a 150 días de salario mínimo, según la gravedad del caso.
El maltrato animal se puede ejercer con lesiones o heridas a un animal, a través del abandono, abuso sexual o actos eróticos, la introducción de objetos por la vía vaginal o rectal del animal o si se le provoca la muerte.
La pena es mayor si se ejecutan las anteriores provocando la muerte lenta que incluso prolongue el sufrimiento del animal, además de que estos actos sean grabados y difundidos por la persona agresora.