La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos agentes del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos y enfrentarán sanciones administrativas y penales, por presunta negligencia en la atención de la denuncia de la madre de Fernandito, niño localizado sin vida en La Paz el pasado 4 de agosto.
La Fiscalía recordó que los presuntos responsables del homicidio (Carlos ‘N’, Lilia ‘N’ y Ana Lilia ‘N’) fueron detenidos en flagrancia y actualmente enfrentan proceso bajo prisión preventiva por los delitos de desaparición y secuestro que causa la muerte, con penas que podrían alcanzar hasta 160 años de prisión.
La institución reconoció que el 3 de agosto la madre del menor acudió al Centro de Justicia de La Paz para denunciar que una conocida no le devolvía a su hijo. Sin embargo, en lugar de recibir la denuncia, un agente del Ministerio Público instruyó al personal en prácticas a que la canalizara con otra funcionaria, argumentando que él ya terminaba turno. La madre decidió retirarse y presentar la denuncia hasta el día siguiente en el Centro de Justicia para la Mujer.
Ese 4 de agosto, al iniciar la investigación, autoridades acudieron al domicilio señalado por la víctima, donde hallaron bolsas con el cuerpo sin vida del menor.
Las periciales confirmaron que Fernandito presentaba fracturas en clavícula y costilla, además de traumatismo craneoencefálico como causa de muerte. El dictamen médico estableció que el deceso ocurrió entre el 30 de julio y el 2 de agosto.
La Fiscalía admitió que existió dilación institucional, ausencia de empatía y falta de vocación de servicio en la atención brindada a la madre del menor. Por ello, el agente del Ministerio Público que negó la atención el 3 de agosto fue cesado y enfrentará responsabilidades administrativas y penales. Además, una agente del área de Género fue removida y se revisará su actuación en el caso.
En relación con las declaraciones de la activista Fabiola Villa, quien acusó que la Fiscalía le negó acceso a la carpeta de investigación, la institución aclaró que ella no estaba acreditada como asesora jurídica ni acompañada por la madre del menor, por lo que legalmente no podía acceder al expediente.