Desde el Congreso del Estado de México (EMX), la bancada morenista propone proteger a todos aquellos niños y niñas que quedaron huérfanos debido al feminicidio o la desaparición forzada con la intención de dotarlos siempre de un hogar y del amor familiar.
La propuesta fue lanzada por Brenda Colette Miranda Vargas, al señalar que el objetivo es otorgar prioridad en los programas, acciones y servicios de asistencia social a las personas en esta situación, hasta los 25 años, siempre que acrediten estar cursando estudios. E
sto, debido a que enfrentan una forma extrema de vulnerabilidad estructural. La iniciativa también fue respaldada por la diputada panista Krishna Karina Romero Velázquez al detallar que su contenido coincide con la visión humanista y de derechos de su bancada, además de que coloca el interés superior de la niñez en el centro de la acción pública.
En su momento la diputada morenista María del Carmen de la Rosa Mendoza propuso añadir que el Estado brinde atención multidisciplinaria, una restitución de derechos y un plan de vida para las personas afectadas. Asimismo, pidió especificar en qué casos de desaparición sería aplicable.
En tanto, la parlamentaria Miriam Silva Mata (PVEM) planteó incorporar una fracción específica para la atención dirigida a estos casos, argumentando que, sin establecer su obligatoriedad, la medida podría no aplicarse de manera efectiva. Como ejemplo, señaló el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, cuyo padrón, dijo, se encuentra desactualizado.
Cabe señalar que la iniciativa refiere que la pérdida de los padres —especialmente de la madre, en muchos hogares jefa de familia— no sólo genera una fractura emocional profunda, sino también un vacío estructural en el entorno social, lo cual tiene un impacto devastador, particularmente cuando es resultado de un hecho violento, dejando marcas psicológicas, emocionales y sociales graves en los hijos y las hijas de las víctimas.
El documento indica que estudios en materia de trauma infantil han documentado que las y los menores bajo estas condiciones presentan altos índices de ansiedad, depresión, dificultades en la escolaridad, aislamiento, ruptura del proyecto de vida y, en casos graves, riesgos de revictimización, consumo de sustancias o reclutamiento por redes criminales, por lo que es imperioso que el Estado los reconozca como beneficiarios prioritarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social.