La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) presentó una iniciativa para sancionar hasta con siete años y seis meses de prisión las amenazas dirigidas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en casos que involucren delitos graves y se realicen de forma anónima, mediante redes sociales, armas, escritos, o con la participación de varias personas. La propuesta también contempla sanciones para servidores públicos que abusen de sus funciones.
De acuerdo con la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Defensores, entre mayo de 2023 y julio de 2025 se documentaron 232 agresiones en la entidad, de las cuales 32 fueron amenazas cumplidas: 23 contra defensores y nueve contra periodistas.
La iniciativa establece distintos niveles de sanción:
Hasta tres años de prisión para amenazas de daño a la persona, su familia, bienes o derechos.
Hasta dos años si la amenaza no constituye delito, pero genera temor fundado.
Hasta cinco años si el daño amenaza un delito grave.
Las penas podrían incrementarse hasta 50% en caso de agravantes, como la participación de más de una persona o el uso de armas.
En la propuesta se aclara que no se consideran amenazas a las expresiones derivadas del ejercicio de la libertad de expresión, el periodismo, la defensa de derechos humanos, la protesta social o la crítica a funcionarios públicos. Además, si la amenaza se cumple, se acumularía la sanción con la del delito cometido.
La iniciativa también busca protocolos de protección y un registro voluntario para localizar a periodistas y defensores en situaciones de riesgo. La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección aprobará los protocolos, elaborados en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal y autoridades municipales, siguiendo estándares internacionales de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.