Tlalnepantla, Estado de México. 06 de octubre de 2025.- Mientras figuras del partido Morena se atribuyen la «recuperación» del Hospital Valle Ceylán, la obra se encuentra bajo supervisión judicial forzada por un amparo ganado contra la pasada administración estatal, con sentencias que hoy son cosa juzgada.
En medio del reinicio de la construcción del Nuevo Hospital Valle Ceylán, ubicado en la zona de Caracoles en Tlalnepantla, se ha desatado una controversia sobre la verdadera razón detrás del avance de la obra.
Políticos de Morena han tomado crédito por la recuperación del nosocomio a través del programa IMSS-Bienestar, sin embargo, el Coordinador Jurídico del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México (SESSEM), Miguel Ángel Carrillo Martínez, asegura que el cumplimiento se debe a un juicio de amparo que interpuso y ganó.
Carrillo Martínez dijo que la realidad legal es que la construcción, el equipamiento y la contratación de personal son una obligación impuesta por el Poder Judicial Federal.
El abogado del SESSEM, quien también funge como parte demandante a nombre del sindicato, aseveró haber ganado el juicio de amparo contra del gobierno del exgobernador Alfredo del Mazo Maza y las autoridades de salud anteriores, que en ese entonces estaba dirigido por Gabriel Oshea Cuevas, logrando la condena para que se concluyera la edificación a la brevedad.
En una declaración, Carrillo Martínez detalló: «El proyecto de infraestructura nuevo Hospital Valle Ceylán (Caracoles) para su construcción, equipamiento y contratación, corresponde a un juicio que lleva su servidor en contra del aquel entonces gobernador… el cual se ganó, y que actualmente se está cumpliendo la sentencia de dicho juicio de amparo.»
El litigante subrayó que, como prueba de la vinculación judicial, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) le informan de los avances «cada 30 días», siendo el último reporte del pasado 30 de septiembre de 2025.
Los juicios que sustentan esta obligación son el Amparo 327/2020 y el Amparo 334/2020 (ahora 5/2024), ambos ventilados en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México.
Este conflicto de narrativas se intensificó luego del anuncio realizado el pasado 4 de julio, donde la cúpula de Morena, incluyendo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, se adjudicaron el «rescate» del nosocomio a través del programa federal IMSS-Bienestar. En dicho evento, se anunció una inversión superior a los mil 758 millones de pesos para convertir el hospital en una unidad de segundo nivel con 110 camas censables y 20 especialidades.
Sin embargo, el avance de la obra está siendo escrutado directamente por la autoridad federal.
Un documento judicial con fecha del 25 de septiembre de 2025 establece un requerimiento perentorio: el Juzgado Octavo de Distrito requirió a la Directora General del ISEM informar a dicho órgano jurisdiccional, de manera periódica, cada 10 días, sobre las acciones realizadas para dar total cumplimiento a la sentencia de amparo.
La construcción del Hospital Valle Ceylán inició el 21 de febrero de 2014 con un presupuesto inicial de aproximadamente 556 millones 477 mil pesos, y debió ser entregada el 21 de enero de 2016.
La obra quedó suspendida con un avance de solo el 65%, afectando a más de medio millón de habitantes de Tlalnepantla y municipios aledaños.
El antecedente directo del litigio se remonta al 20 de diciembre de 2020, cuando el SESSEM ganó el juicio de amparo contra el entonces Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Oshea Cuevas, por negarse a continuar la construcción para atender pacientes de COVID-19 y otras enfermedades.
Carrillo Martínez también señaló que el SESSEM lleva un tercer juicio de amparo ganado (expediente 7/2024) para la construcción, equipamiento y contratación del personal para el nuevo hospital del municipio de Zinacantepec.
Lo que refuerza la tesis de que la infraestructura de salud en el estado se está completando por mandato judicial y no por iniciativa administrativa.
Todas las sentencias, insistió el abogado, se encuentran «elevadas a cosa juzgada» y están en vías de cumplimiento por parte de las autoridades vencidas y vinculadas.