El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) entró en un punto crítico de su historia financiera, ya que sus reservas se agotaron en 2024 y, a partir de entonces, las pensiones y servicios médicos que otorga dependen directamente de las transferencias que el gobierno estatal autorice cada año en el presupuesto, de acuerdo los informes actuariales incluidos en los decretos de egresos 2023, 2024 y 2025, los cuales advierten que el sistema de pensiones es ya insostenible sin una reforma de fondo.
De acuerdo con el estudio actuarial elaborado en 2023 por la empresa Lockton México, el año de descapitalización se fijó en 2024 y ese mismo documento muestra que, aun con ingresos anuales al Fondo de Pensiones por más de 15 mil 385 millones de pesos y activos calculados en 87 mil 548 millones, el déficit actuarial supera el billón de pesos.
‘El desbalance estructural se explica por la combinación de un mayor número de jubilados, un promedio de pensión creciente y aportaciones que resultan insuficientes para cubrir las obligaciones’, explicó un trabajador del instituto.
El impacto se refleja directamente en el presupuesto autorizado al Instituto, pues en 2020, el ISSEMyM ejerció 25 mil 152 millones de pesos; para 2021 y 2022, la cifra creció a 29 mil 271 millones; en 2023 dio un salto a 36 mil 951 millones y en 2024 alcanzó los 43 mil 328 millones de pesos. Para este año, el presupuesto ya ronda los 44 mil 30 millones. En otras palabras, en apenas cinco años el gasto del Instituto prácticamente se duplicó.
Sin embargo, la presión mayor proviene del pago de pensiones, puesto que en el 2020, este rubro representaba poco más de 10 mil millones de pesos; en 2021 y 2022 se mantuvo en 15 mil millones; en 2023 subió a 20 mil 834 millones; en 2024 alcanzó 26 mil 712 millones y en 2025 se mantiene en 26 mil 123 millones, es decir, que más de la mitad del presupuesto total del ISSEMyM se destina exclusivamente a cubrir a los jubilados.
Otro dato clave es el comportamiento de las pensiones. Durante 2020, 2021 y 2022 se registraron casos con montos máximos en las pensiones superiores a los 550 mil pesos mensuales, reflejo de un diseño con privilegios heredados y un saqueo de recursos a todas luces. A partir de 2023 las cifras cambian porque la pensión máxima se redujo a 84 mil pesos, aunque el promedio mensual aumentó de 14 mil pesos en 2020 a más de 21 mil en 2025. No obstante, el Instituto paga pensiones que oscilan entre los 985 pesos mínimos mensuales y los 120 mil máximos, con un promedio de 21 mil 426 pesos, lo que refleja una disparidad enorme.
Pero eso no es todo, el rezago en la entrega de pensiones dentro del ISSEMyM se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentan sus derechohabientes. De acuerdo con testimonios de trabajadores y extrabajadores, el trámite que debería resolverse en cuestión de meses puede prolongarse entre dos y tres años, generando incertidumbre económica para miles de familias.
Durante este tiempo, las personas jubiladas se ven obligadas a sobrevivir sin ingresos suficientes, dependiendo de apoyos familiares o endeudándose para cubrir necesidades básicas, pero en los casos más críticos, hay quienes han fallecido antes de recibir su pensión, lo que revela la magnitud del problema y la falta de respuesta institucional.
Este retraso abre espacio a un fenómeno cada vez más común: el coyotaje legal, donde abogados particulares, que conocen los vacíos y la lentitud del sistema, promueven juicios laborales o de amparo para obligar al ISSEMyM a pagar las pensiones atrasadas y, si bien, en un principio parecen representar una alternativa para agilizar el trámite, en la práctica muchos de estos litigantes prolongan deliberadamente los juicios con el objetivo de que se acumulen los pagos retroactivos, de los cuales luego exigen quedarse con una parte significativa como ‘honorarios’.
El resultado es una doble desventaja para los pensionados: por un lado, la institución no garantiza su derecho en tiempo y forma; y por otro, terminan cediendo hasta el 30 o 40% de su retroactivo a intermediarios que se aprovechan de su necesidad. En voz de extrabajadores, se trata de un círculo vicioso que agrava la desconfianza hacia la institución y que requiere con urgencia una reforma que priorice la dignidad y seguridad económica de los jubilados.
Un cambio importante ocurrió a partir de 2023, con el cambio de régimen, donde por primera vez se asignaron recursos etiquetados en el presupuesto del ISSEMyM. Ese año, se destinaron 5 mil 177 millones bajo este esquema; en 2024 aumentaron a 7 mil 267 millones.
Antes, todo el presupuesto era considerado ‘no etiquetado’, lo que dejaba al Instituto mayor margen de manejo, pero con la aparición de partidas específicas se refleja el interés del Congreso por garantizar que los recursos se utilicen prioritariamente en el pago de pensiones y no se desvíen a otros fines.
El estudio señala que el sistema de pensiones del ISSEMyM ya arrastra un ‘hueco financiero’ de 852 mil 699 millones de pesos que no tienen respaldo con las personas que actualmente trabajan y están por jubilarse. Además, cuando se calculan las pensiones que necesitarán las nuevas generaciones de trabajadores en el futuro, se proyecta que se generará otro faltante de 346 mil 839 millones de pesos, lo que resulta en un déficit prácticamente impagable, que se suma a los rendimientos de 3.25% anual, una tasa muy baja, pues con ese rendimiento, nunca se logrará cubrir ni acercarse a lo que se necesita, por lo que el sistema se vuelve insostenible.
El panorama del ISSEMyM muestra que el problema ya no es de futuro, sino de presente, pues el periodo de suficiencia se agotó en 2024 y hoy las pensiones se pagan con subsidios directos del Estado de México, pero los trabajadores reiteran que es urgente implementar una reforma legal que redefina la edad de retiro, las aportaciones y los topes de pensión.
Posterior a su comparecencia en el congreso local, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, destacó que el ISSEMYM enfrenta una crisis estructural de larga data, con un modelo de financiamiento insostenible y una creciente presión judicial sobre los servidores públicos debido a demandas de pensiones.
Señaló que esta situación no es nueva ni accidental, sino un problema acumulado que requiere una política de Estado integral y responsable para garantizar la continuidad de los servicios médicos y la seguridad social de los derechohabientes.
Flores Jiménez explicó que el gobierno estatal ha puesto en marcha un programa integral de reestructuración, sustentado con recursos del Estado, los municipios y organismos auxiliares, así como con la corresponsabilidad de todas las partes involucradas.
Este programa incluye replanteamiento de cuotas y aportaciones, ajustes normativos y financieros, y acciones legales para contener y resolver las demandas de pensiones que afectan la operación del instituto. Asimismo, aseguró que el instituto cuenta con el presupuesto y los recursos necesarios para atender cualquier contingencia mientras se desarrolla la reestructura, con el objetivo final de garantizar un sistema de seguridad social sólido, sostenible y confiable para los mexiquenses.