A cuatro días del operativo Caudal, desplegado en 48 municipios del Estado de México, únicamente 11 personas se han presentado ante el Ministerio Público para iniciar los trámites que les permitan recuperar alguno de los 189 inmuebles asegurados, entre los que se incluyen pozos y predios utilizados para la distribución de agua.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en diversas regiones del estado la comercialización del recurso estaba controlada por un solo grupo o por organizaciones que acaparaban el servicio y determinaban las condiciones de reparto. Entre estas agrupaciones destacan:
La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME)
La Unión 300
Grupo “Libertad”
Grupo “25 de Marzo”
Grupo “22 de Octubre”
La “Chokiza”.
Operativo “Caudal” en Edomex: ¿Qué sanciones enfrentan los responsables del comercio ilegal de agua?
La Fiscalía del Estado de México inició la Operación “Caudal” para frenar la venta ilegal de agua en 48 municipios. La ley establece penas de prisión y multas para quienes extraigan, distribuyan o restrinjan el suministro de forma no autorizada.
Los trabajos de inteligencia indican que estas organizaciones controlaban pozos, válvulas y puntos de carga desde donde se distribuía el agua hacia colonias enteras. Esta concentración derivó en denuncias ciudadanas y en la apertura de carpetas de investigación por la presunta extracción y venta irregular de agua potable. En algunos casos los reportes fueron presentados por autoridades locales y, en otros, las indagatorias se iniciaron de oficio al detectarse indicios de actividad ilícita.
Fuentes de la Fiscalía estatal informaron que, antes del operativo, se realizaron reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos municipales de agua, para delimitar los polígonos donde se llevarían a cabo los cateos y evitar afectaciones al suministro regular.
Durante el despliegue no se intervinieron pozos ni válvulas debidamente acreditadas ante las autoridades competentes, por lo que la red formal de distribución operó con normalidad. Las acciones se centraron en instalaciones que, según las investigaciones, operaban sin registro o comercializaban agua sin autorización.
La clausura de pozos por presunta venta ilegal de agua provocó escasez en tres localidades del municipio; autoridades locales aseguraron que no tienen nada que ver con la acción.
El operativo tiene como objetivo frenar el acaparamiento y la venta ilegal de agua en zonas donde el suministro depende del reparto mediante pipa.
El Código Penal del Estado de México establece en su artículo 145 Ter que quienes distribuyan o suministren agua potable sin permiso o registro oficial pueden recibir de dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 UMA (equivalentes a 5,428 a 21,714 pesos al valor vigente en 2025).
Cuando se trata de perforaciones o tomas clandestinas, las sanciones se agravan:
El artículo 145 Sexies castiga con dos a seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 UMA (54,285 a 108,570 pesos) a quien sustraiga o se apropie de agua sin autorización.
El artículo 145 Octies responsabiliza al propietario o poseedor de predios donde existan tomas irregulares, con penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 300 a 600 UMA (32,571 a 65,142 pesos).
Para almacenamiento, transporte o comercialización de agua extraída ilegalmente en volúmenes superiores a 5,000 litros, las sanciones van de cuatro a ocho años de prisión y multas de 200 a 400 UMA (21,714 a 43,428 pesos).
Este lunes, más de 300 transportistas de agua se manifestaron en distintos puntos del Estado de México para exigir la devolución de sus unidades y la reapertura de los pozos asegurados.
Los bloqueos se concentraron en municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, así como en los accesos al Valle de Toluca, donde permanecieron varias horas hasta que las autoridades accedieron a entablar una mesa de diálogo.
Representantes de la Secretaría General de Gobierno, junto con personal de Conagua y CAEM, sostuvieron una reunión con los líderes de los piperos, en la que se acordó liberar las vialidades y mantener un espacio de trabajo permanente para revisar permisos, tarifas y puntos de carga.
Como parte de los acuerdos, se programó una nueva reunión para la próxima semana, en la que Conagua presentará un informe técnico sobre pozos y fuentes de abastecimiento, mientras que la CAEM propondrá un esquema actualizado para regular la distribución mediante pipas.
El objetivo, informaron las autoridades, es evitar la concentración del servicio en unos cuantos grupos, garantizar acceso equitativo al agua y mantener el abasto en las comunidades que dependen de este sistema.