El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) fue oficialmente extinto mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de México, marcando el fin de una era en la gestión de estos derechos fundamentales en la entidad.
De acuerdo con el decreto, el artículo tercero transitorio del decreto establece un plazo perentorio de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo, para que el Congreso local expida y apruebe las leyes secundarias que materializarán este nuevo modelo.
Este período es crucial, ya que en él se deberán detallar los procedimientos, bases y principios generales que regirán el ejercicio del derecho a la información y la protección de datos en la nueva estructura con la entrada en vigor de esta legislación secundaria será, a su vez, el detonante formal para la extinción definitiva del INFOEM.
Entre las opciones analizadas se encuentra la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que podría fungir como autoridad garante, pero falta determinarlo legalmente cuando se presenten las leyes secundarías.
Con la desaparición del organismo autónomo, las atribuciones en materia de transparencia serán absorbidas por las autoridades de control interno y vigilancia de cada uno de los poderes del estado, municipios y organismos autónomos.
Esto significa que la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización del Legislativo y las contralorías internas de los ayuntamientos, entre otros, se convertirán en las nuevas autoridades garantes locales.
El decreto constitucional reformado estipula que estas instancias serán las responsables de conocer los procedimientos de revisión, atender las solicitudes de información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
El presidente de la Jucopo reiteró que el instituto debe seguir atendiendo solicitudes y garantizando el acceso a la información mientras haya personal y recursos disponibles.
El artículo cuarto transitorio del decreto garantiza la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores adscritos al INFOEM, donde el personal operativo, así como los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales, registros, padrones y plataformas tecnológicas del extinto instituto, serán transferidos integralmente a las instancias que asuman sus facultades.
Esto significaría que no habrá despidos como consecuencia directa de la extinción, sino una reasignación masiva del personal a las dependencias que ahora ejercerán estas funciones, particularmente a la autoridad garante de la vigilancia en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vásquez Rodríguez, afirmó que se requerirán alrededor de 60 millones de pesos para la liquidación de los 200 trabajadores que actualmente conforman el instituto.
El comisionado presidente, José Martínez Vilchis, recordó que solo falta la publicación del dictamen por parte del Poder Ejecutivo estatal, a partir del cual correrá un plazo máximo de 90 días para concretar el cierre definitivo del instituto.
Respecto a los Comisionados del INFOEM que se encuentren en funciones, el decreto establece que concluirán su encargo al momento de la entrada en vigor de la nueva legislación secundaria, salvo que el plazo de su nombramiento concluya antes de esa fecha.