El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la adición del artículo 307 Ter al Código Penal estatal, con el cual se tipifica el delito de usura y se castiga con penas de uno a 15 años de prisión y multas de hasta 395 mil pesos o 3 mil 500 UMAs a quienes, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia de otras personas, otorguen préstamos con intereses desproporcionados.
La reforma, impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas del grupo parlamentario de Morena, busca frenar los abusos financieros que afectan principalmente a personas de bajos recursos y pequeños comerciantes.
De acuerdo con el dictamen avalado en el Pleno, comete el delito de usura quien, “aprovechándose de la necesidad económica, apremiante, ignorancia o inexperiencia de otro, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios mediante contratos o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluso aquellos simulados, obteniendo intereses superiores al doble de la tasa fijada por el Banco de México”.
Con esta disposición, el Estado de México se suma a las entidades que penalizan el préstamo con fines de explotación económica, particularmente el esquema conocido como “gota a gota”.
Este modelo de préstamo informal, de origen colombiano, se ha extendido en municipios mexiquenses como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, donde pequeños comerciantes, repartidores y trabajadoras del hogar han sido víctimas de cobros violentos e intereses impagables.
En muchos casos, los deudores son extorsionados o amenazados cuando no logran cubrir los pagos diarios y detrás de estos préstamos suelen operar bandas delictivas vinculadas al crimen organizado, que utilizan la usura como medio de control económico.
Uno de los casos que conmovió al país y expuso la gravedad del problema fue el de “Fernandito”, un niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado por tres prestamistas en Los Reyes La Paz. Su madre había solicitado un préstamo de mil pesos a un grupo de prestamistas “gota a gota” y, ante la falta de pago, los agresores atacaron su domicilio y le quitaron la vida al menor.
Este hecho, junto con otros reportes de amenazas y ataques en municipios del Valle de México, impulsó el debate legislativo sobre la necesidad de tipificar la usura como delito autónomo y no solo como una falta administrativa o civil.
Durante la discusión, el diputado destacó que el objetivo de la reforma es proteger el patrimonio y la integridad de las personas más vulnerables, quienes suelen caer en redes de préstamo informal por falta de acceso a servicios financieros formales.
“No podemos permitir que la necesidad se convierta en una trampa de violencia y muerte”, expresó en tribuna al subrayar que la práctica de la usura “atenta contra la justicia social y la dignidad humana”, dijo.
El nuevo artículo 307 Ter establece que la pena de prisión podrá incrementarse si el responsable es reincidente, utiliza violencia o amenazas, o si el afectado pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, con penas que van de uno a 15 años con las agravantes anteriores, así como de 100 a 3 mil 500 veces el valor diario de la UMA vigente. Asimismo, la reforma deroga la fracción novena del artículo 306 del mismo Código Penal, para evitar duplicidades normativas y dar certeza jurídica al nuevo tipo penal.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta de Gobierno, con lo que entrará en vigor tras su promulgación.