La diputada de Morena, Elena García Martínez impulsa una iniciativa para armonizar la Constitución local con la federal y fortalecer el derecho humano a la salud frente al consumo de sustancias adictivas.
La legisladora advirtió que el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas, representa una “amenaza creciente para la salud pública”, especialmente entre jóvenes y señaló que los vapeadores, promocionados como una opción menos dañina que el cigarro tradicional, contienen nicotina, saborizantes y compuestos químicos sin regulación, “lo que los convierte en productos altamente adictivos” y sin control sanitario.
“No existe regulación alguna en la creación ni en la distribución de estos dispositivos y se está poniendo al alcance de la población el consumo de sustancias químicas peligrosas, baratas y sin control de calidad, lo que representa un riesgo directo para la salud”, expresó.
García Martínez, advirtió que la situación es aún más preocupante ante la aparición de vapeadores con fentanilo, un opioide sintético cuya potencia es 100 veces mayor que la morfina. Si bien este fármaco tiene un uso médico controlado, su desvío al mercado ilegal ha dado lugar a combinaciones letales con otras drogas, con consecuencias devastadoras en distintos países.
La iniciativa presentada busca armonizar la Constitución mexiquense con la reforma constitucional federal publicada el 17 de enero de 2025 en el *Diario Oficial de la Federación, la cual establece que el Estado debe sancionar todas las actividades vinculadas con cigarrillos electrónicos, sistemas análogos, sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo.
En su propuesta, plantea adicionar un párrafo al artículo correspondiente de la Constitución local para garantizar que el Estado de México no sólo proteja el derecho a la salud de sus habitantes, sino que también prohíba el ejercicio de profesiones, industrias o comercios relacionados con estos productos o sustancias.
“El consumo de drogas no solo deteriora el cuerpo, también destruye el tejido social. Debemos actuar con decisión, alineando nuestras leyes con la Constitución federal para proteger el bienestar físico, emocional y social de todas las personas”, subrayó.
Finalmente dijo que de aprobarse la propuesta, el Congreso local dispondrá de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para ajustar su marco normativo y emitir las leyes secundarias que definan sanciones y mecanismos de control.