Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron las propuestas de tarifas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales para 21 municipios, entre ellas ajustes diferenciados para Coacalco, Cuautitlán y Huixquilucan.
En total, tres municipios plantearon aumentos o reducciones y 18 solicitaron mantener las tarifas vigentes para 2026, aplicando únicamente el ajuste correspondiente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las comisiones también exhortaron a todas las demarcaciones involucradas a reforzar acciones de recaudación y administración del servicio.
Durante la reunión de dictamen, las comisiones de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos autorizaron:
Coacalco: aumento de 4% en tarifas de uso doméstico y no doméstico.
Cuautitlán: reducción de 22% en uso comercial y 14% en uso industrial.
Huixquilucan: incremento de 15% en tarifa residencial media.
La diputada Jennifer Nathalie González (Morena) votó en contra del aumento solicitado por Huixquilucan al considerar que el municipio requiere primero una mejora administrativa.
Para 2026 se ratificaron las tarifas vigentes en:
Acolman
Amecameca
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Cuautitlán Izcalli
El Oro
Jilotepec
Lerma
Metepec
Naucalpan
Nicolás Romero
Tecámac
Tepotzotlán
Tlalnepantla
Toluca
Tultitlán
Valle de Bravo
Zinacantepec.
El diputado Gerardo Pliego pidió que los organismos de agua aumenten sus inversiones en reparación y ampliación de redes. Aseguró que, en promedio, solo 37 de cada 100 metros cúbicos suministrados se cobran, debido a fugas, rezago en pagos y deficiencias administrativas.
Mencionó que el organismo de Toluca recibió una deuda de 500 millones de pesos, con una inversión anual de 150 millones pese a un presupuesto de 1,500 millones. Reconoció, además, a las demarcaciones que no solicitaron incrementos para el próximo año.
El diputado Octavio Martínez pidió transparentar las finanzas de los organismos operadores, pues aseguró que existen casos de doble contabilidad y dependencias que no pagan su propio consumo. También señaló que, en municipios como Ecatepec, solo 15 de cada 100 usuarios pagan el servicio, lo que agrava la operación.
Desde el PVEM, la legisladora Miriam Silva consideró que la crisis de abasto es resultado de ineficiencia municipal y de la ausencia de una política hídrica integral.
La diputada Leticia Mejía (PRI) advirtió que la falta de infraestructura adecuada impacta el servicio y planteó destinar parte de la recaudación a rehabilitación y modernización de la red.
Finalmente, la legisladora Ruth Salinas (MC) afirmó que las actualizaciones a tarifas representan un mayor pago para los contribuyentes, pese a que la distribución de agua ha disminuido. “Los municipios buscan cobrar más por un servicio que ha empeorado”, sostuvo.