Celdas saturadas, internos que duermen en el suelo, módulos rebasados y conflictos recurrentes dentro de los centros penitenciarios forman parte de las condiciones documentadas en el sistema carcelario del Estado de México, según diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un contexto donde la población privada de la libertad rebasa en 158.7% la capacidad instalada, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional Penitenciario.
Al cierre de noviembre de 2025, los penales mexiquenses albergaban 37 mil 468 personas privadas de la libertad, pese a contar con infraestructura para 14 mil 481 espacios, lo que representa una sobrepoblación absoluta de 22 mil 987 internos, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
Actualmente, la entidad mexiquense concentra 14.6% de toda la población penitenciaria del país, de acuerdo con el mismo registro oficial.
De acuerdo con el Sistema Nacional Penitenciario, el Edomex cuenta con 22 centros penitenciarios en total, de los cuales 20 son estatales, además de un Centro Federal de Reinserción Social y un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. La sobrepoblación; sin embargo, no se distribuye de manera homogénea.
Los datos oficiales muestran que la presión se concentra de forma particular en penales ubicados en la zona oriente de la entidad, entre ellos Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Santiaguito.
En conjunto, estos cinco centros concentran una población excedente de 18 mil 789 personas, es decir, internos que se encuentran por encima de la capacidad instalada de estos penales.
Para dimensionar esta cifra, el excedente acumulado equivale a llenar más de ocho veces la capacidad total del penal de Santiaguito, uno de los centros penitenciarios más grandes del Estado de México, de acuerdo con los registros oficiales.
Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, el penal de Tlalnepantla registra la mayor sobrepoblación absoluta en la entidad, con 4 mil 360 personas por encima de su capacidad instalada, al albergar 5 mil 899 internos en espacios diseñados para mil 539.
En términos proporcionales, el penal de Chalco presenta uno de los escenarios más severos. Con capacidad para 591 personas, este centro alberga 3 mil 739 personas privadas de la libertad, lo que representa una ocupación de más de 532% de su capacidad instalada, uno de los porcentajes más altos del sistema penitenciario estatal.
Otros centros con alta presión son Ecatepec, con un excedente de 4 mil 342 personas, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, con 3 mil 989, y Santiaguito, con 2 mil 950 internos por encima de su capacidad, de acuerdo con los mismos registros.
En contraste, existen centros que no presentan sobrepoblación. La Penitenciaría Modelo reporta 250 espacios disponibles, mientras que Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur y Sultepec también mantienen capacidad ociosa, según los cuadros oficiales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la sobrepoblación penitenciaria tiene efectos directos en las condiciones de internamiento.
En sus diagnósticos, el organismo señala que el hacinamiento limita la prestación de servicios básicos, dificulta el acceso oportuno a atención médica y reduce la capacidad institucional para separar adecuadamente a personas procesadas y sentenciadas, así como a distintos perfiles de riesgo.
De acuerdo con la CNDH, cuando la población rebasa de manera significativa la capacidad instalada, se incrementa el riesgo de cogobiernos y autogobiernos, al disminuir el control efectivo de la autoridad sobre módulos y áreas comunes.
En estos contextos, documenta el organismo, se eleva la probabilidad de riñas y hechos de violencia intramuros, al tiempo que surgen estructuras internas informales que asumen funciones propias de la autoridad penitenciaria.
En materia de salud, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estudios especializados han señalado que la concentración excesiva de personas en espacios reducidos favorece la propagación de enfermedades respiratorias, infecciones cutáneas, padecimientos gastrointestinales y enfermedades transmisibles, particularmente cuando existen deficiencias en ventilación, suministro de agua potable y acceso regular a medicamentos.
A ello se suma la limitada cobertura de atención en salud mental en centros con alta saturación.
La sobrepoblación también impacta los procesos de reinserción social. Diagnósticos nacionales del sistema penitenciario señalan que el hacinamiento reduce la disponibilidad de actividades educativas, talleres laborales y programas de capacitación, considerados elementos clave para disminuir la reincidencia.
En centros rebasados, la operación cotidiana se concentra en resolver necesidades básicas de alojamiento y seguridad, en detrimento de estos programas.
Frente a este escenario, la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha planteado una estrategia institucional basada en el fortalecimiento de infraestructura y personal.
De acuerdo con la dependencia, los penales de Nezahualcóyotl y Chalco han sido identificados como prioritarios para ampliaciones de capacidad, proyectos contemplados dentro del presupuesto estatal del próximo año, con el objetivo de reducir la presión sobre los espacios existentes.
De manera paralela, la Secretaría ha reconocido que el crecimiento de la población penitenciaria ha rebasado la capacidad operativa del personal de custodia.
Según la propia dependencia, el sistema enfrenta un déficit de custodios penitenciarios, por lo que se contempla incrementar la plantilla como una de las medidas centrales para fortalecer el control institucional dentro de los centros.
Además de las ampliaciones físicas, el sistema penitenciario del Estado de México registra mil 807 personas bajo esquemas distintos a la reclusión tradicional, conocidas como población vigilada, de acuerdo con los registros oficiales.
Se trata de personas que cumplen su sanción fuera del penal, pero bajo supervisión de la autoridad, como parte de los mecanismos legales para reducir la presión intramuros.
Del total, 130 personas accedieron a beneficios de libertad anticipada, de las cuales 62 se encuentran en tratamiento preliberacional, 54 en revisión parcial de pena, siete en libertad supervisada y siete bajo lo previsto en los artículos 68 o 75 del marco legal.
A estas se suman mil 115 personas en condena condicional, además de 13 en tratamiento de semilibertad, 20 en tratamiento en libertad y 529 personas que realizan jornadas de trabajo en favor de la comunidad, todas bajo esquemas de vigilancia institucional.
Estos mecanismos forman parte de las alternativas legales previstas para contener la sobrepoblación penitenciaria. No obstante, los diagnósticos oficiales advierten que su impacto depende de una aplicación consistente, evaluaciones adecuadas de perfil y un seguimiento efectivo, para evitar reincidencias y garantizar tanto la reinserción social como la seguridad pública.
A este escenario se suma la falta de revisión sistemática de penas como un factor que incide en la permanencia de personas en prisión. El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” ha señalado en diagnósticos sobre el sistema penitenciario mexiquense que existen personas privadas de la libertad que ya cumplen con los requisitos legales para acceder a beneficios, pero que permanecen internadas debido a la lentitud en los procesos de revisión de sentencia y otorgamiento de beneficios preliberacionales.
De acuerdo con el organismo, la ausencia de mecanismos periódicos y sistemáticos para revisar expedientes contribuye a que la prisión siga siendo la regla, incluso en casos donde la ley prevé alternativas al internamiento, además de que han documentado casos que, a consideración del propio CDHZL, corresponden a personas que consideran injustamente privadas de la libertad, lo que impacta de manera directa en la sobrepoblación de los centros penitenciarios.
En ese contexto, la revisión periódica de penas, junto con la ampliación de infraestructura y el fortalecimiento del personal penitenciario, se perfila como uno de los mecanismos institucionales para contener la sobrepoblación sin recurrir exclusivamente a la construcción de nuevos centros.
Diagnósticos en materia penitenciaria advierten que, mientras estos procesos no se agilicen ni se apliquen de forma sistemática, la presión sobre los penales del Estado de México continuará reflejándose en las condiciones cotidianas de internamiento.