En la Ley de Ingresos 2026, el Gobierno del Estado de México plantea un incentivo fiscal inédito para impulsar el empleo: la exención total del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones durante 36 meses a las empresas que contraten a adultos mayores de 60 años y a jóvenes recién egresados de carreras técnicas o profesionales.
De acuerdo con el decreto se trata de una estrategia para combatir la exclusión en el mercado laboral y estimular la economía con un enfoque social, contenido en el Artículo 11 de la iniciativa de ley y forma parte de un capítulo más extenso de subsidios diseñados para generar oportunidades laborales entre los grupos que tradicionalmente enfrentan mayores barreras para emplearse.
Es importante señalar que no es un programa social, sino un estímulo económico directo al sector privado para que participe de manera conjunta en la edificación de un mercado de trabajo más equitativo y activo.
La propuesta establece dos categorías de contratación incentivada: La primera, para adultos mayores y recién egresados, donde las empresas recibirán 36 meses de subsidio, tras la contratación de personas de 60 años o más, y personas que hayan concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional en los años 2024, 2025 o 2026.
El principal beneficio es un subsidio del 100 por ciento en el pago del impuesto sobre nómina asociado a esos empleos específicos, por un periodo de tres años completos posteriores a la contratación.
La segunda categoría está dirigida para otros grupos en situación de vulnerabilidad y cuyas empresas tendrán 24 meses de subsidio también al 100 por ciento sobre el impuesto de la nómina de estos empleados.
Este subsidio está dirigido a personas que accedan por primera vez al mercado laboral, pertenecientes a comunidades indígenas, liberadas bajo la Ley de Amnistía de la entidad mexiquense, preliberados o ex reclusos, trabajadoras del hogar, y personas repatriadas a la entidad entre 2024 y 2026.
Dentro de las reglas y condiciones se destaca que el subsidio no aplica sobre la plantilla laboral completa de una empresa, sino específicamente sobre los nuevos empleos generados para estos grupos por encima de la plantilla que la empresa tenía al 31 de diciembre de 2025. Es decir, el incentivo premia la creación neta de plazas destinadas a la inclusión.
Por ejemplo, su una Pequeña o mediana empresa (Pyme) contrata a un ingeniero recién graduado con un salario mensual de 12 mil pesos, el ahorro sería del 2% de ese monto y multiplicado por 36 meses, la empresa dejaría de pagar 8 mil 640 pesos en ese impuesto estatal. A escala agregada, si miles de empresas aprovechan el incentivo, el impacto fiscal para el gobierno es significativo, pero el objetivo declarado es que ese “costo” se traduzca en mayor actividad económica, consumo y cohesión social.
Esta medida busca atacar problemas estructurales como el desempleo juvenil, al facilitar la transición de la escuela al trabajo para los recién egresados, un grupo con alta tasa de desempleo y subempleo; la discriminación por edad al hacer financieramente atractiva la contratación de adultos mayores, cuyo conocimiento y experiencia suelen ser desaprovechados.
También incentiva la reinserción social de personas en conflicto con la ley, un paso crucial para reducir la reincidencia y la equidad para comunidades indígenas: Incentiva la formalización y mejora de condiciones laborales para un grupo históricamente relegado.
La Secretaría de Finanzas deberá emitir a más tardar en febrero de 2026, las Reglas de Carácter General que detallen los trámites para que las empresas acrediten las contrataciones y apliquen el subsidio en sus declaraciones mensuales, por lo que será fundamental que el incentivo no se quede en el papel y sea ampliamente adoptado por el sector productivo del estado.