La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el conflicto entre los ayuntamientos de Cuautitlán y Teoloyucan, derivado de una disputa por límites territoriales, no puede resolverse en la vía electoral, aun cuando haya sido denunciado como un caso de presunta violencia política.
Por unanimidad, los magistrados resolvieron que se trata de un problema administrativo y territorial, ajeno a la materia electoral, por lo que revocaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y ordenaron la terminación del procedimiento sancionador.
El asunto se originó a partir de una queja presentada ante autoridades electorales locales, en la que se denunciaban actos de confrontación, amenazas y uso de fuerza entre autoridades municipales. Sin embargo, la Sala Toluca concluyó que los hechos no podían analizarse de manera aislada, ya que estaban directamente vinculados con una disputa limítrofe histórica entre ambos municipios del Valle de México.
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Los magistrados señalaron que el error del Tribunal Electoral del Estado de México consistió en entrar al estudio de fondo del asunto, cuando debió declararse incompetente desde un inicio, pues al no tratarse de una controversia relacionada con procesos electorales ni con el ejercicio de derechos político-electorales en sentido estricto, la vía electoral resultaba improcedente.
El conflicto territorial entre Cuautitlán y Teoloyucan ha generado al menos cuatro episodios de violencia y confrontación durante el 2025, principalmente por la construcción de un Centro de Distribución (Cedis) sobre un tramo de la carretera federal Las Ánimas–Coyotepec, una franja que ambos ayuntamientos reclaman como parte de su territorio.
El alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, ha sostenido públicamente que existen resoluciones judiciales y administrativas que reconocen que la zona pertenece a su municipio. No obstante, ha acusado al gobierno de Cuautitlán de insistir en realizar actos de autoridad, como clausuras e inspecciones, lo que ha derivado en enfrentamientos entre pobladores y servidores públicos.
La escalada del conflicto incluye una serie de hechos relevantes: el 10 de enero, personal de Teoloyucan clausuró una obra en la colonia Venecia, lo que provocó un zafarrancho entre vecinos y dejó una patrulla de Cuautitlán volcada; el 22 de mayo, policías de Cuautitlán instalaron una torre de vigilancia en la zona en disputa, lo que generó protestas de habitantes de Teoloyucan y el retiro del módulo; el 2 de agosto, funcionarios de Cuautitlán suspendieron obras de una nave industrial, con detonaciones de arma de fuego y movilización vecinal; y el 19 de septiembre, trabajadores de Cuautitlán colocaron sellos de clausura en San Bartolo, Teoloyucan, lo que derivó en un enfrentamiento con palos y piedras, dejando a un policía lesionado.
En su resolución, la Sala Toluca enfatizó que este tipo de controversias deben atenderse por instancias administrativas, legislativas o constitucionales, pero no por tribunales electorales, por ello fijó un criterio relevante para el Estado de México al delimitar el alcance de la justicia electoral y evitar que se utilice para dirimir conflictos territoriales entre gobiernos municipales.