Señalamientos ciudadanos colocan a la seguridad pública municipal de Nicolás Romero en el centro de una fuerte controversia, ante acusaciones de presuntos cobros de piso, protección privada irregular a negocios y omisiones institucionales frente al avance de la delincuencia.
De acuerdo con testimonios y reportes comunitarios, diversos establecimientos recurren a pagos adicionales para recibir vigilancia o protección, en un contexto donde la percepción de inseguridad continúa elevada. Habitantes sostienen que estos pagos reflejan la falta de condiciones reales para operar sin amenazas o extorsiones.
El señalamiento ocurre en un entorno donde la inseguridad es una preocupación constante. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestran que, en distintas zonas metropolitanas del Estado de México (EMX), más del 70 por ciento de la población percibe inseguro su entorno, una de las cifras más altas del país.
Además, el delito de extorsión mantiene tendencia al alza en varias regiones mexiquenses. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han colocado al Estado de México entre las entidades con mayor número de carpetas de investigación por este delito en los últimos años, lo que ha impulsado la expansión de esquemas de seguridad privada informal y pagos clandestinos de protección.
Dentro de las denuncias difundidas también se mencionan nombres específicos de presuntos mandos y operadores vinculados con el cobro de cuotas ilegales a comerciantes y particulares. Entre los señalados públicamente se encuentra Leonardo Javier ‘N’, identificado como RG1 en la región uno, así como su hermano Jonathan Urbina ‘N’, a quien denunciantes atribuyen la presunta tarea de recaudar pagos empresariales y recursos de procedencia ilícita relacionados con extorsión y cobro de piso.
Algunas versiones señalan que estos cobros incluirían pagos exigidos para permitir la operación de grupos delictivos en determinadas zonas comerciales, e incluso mencionan presuntos beneficios patrimoniales derivados de estas actividades, como vehículos recientes y propiedades inmobiliarias. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni imputaciones públicas formales derivadas de estos señalamientos.
Autoridades municipales no han informado de investigaciones abiertas específicamente relacionadas con los nombres mencionados, lo que ha incrementado la presión social para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades dentro de la corporación.
Frente a este panorama, ciudadanos y comerciantes demandan auditorías internas, supervisión externa y mecanismos reales de denuncia protegida. La exigencia central es que la seguridad pública recupere su función esencial: garantizar protección sin condicionamientos económicos ni redes paralelas de control.