El Congreso del Estado de México analizará una iniciativa para imponer penas de hasta 5 años de prisión a abogados que incurran en simulación procesal, abandono injustificado de defensas, ocultamiento de expedientes o asesoría para presentar pruebas falsas, conductas que, según el promovente, afectan la administración y el acceso a la justicia.
La propuesta fue presentada por el diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, quien plantea ampliar los supuestos actualmente previstos y armonizar la legislación mexiquense con el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes.
De aprobarse, quienes incurran en estos actos enfrentarían penas de dos a cinco años de prisión, de 100 a 500 días multa, además de suspensión e inhabilitación hasta por tres años para ejercer la profesión, con privación definitiva en caso de reincidencia, lo que representa un endurecimiento frente al marco vigente.
La iniciativa contempla sancionar a quienes pidan términos para probar hechos notoriamente improcedentes, patrocinen intereses opuestos en un mismo asunto, sustraigan o destruyan documentos bajo su custodia o aconsejen la presentación de testimonios y pruebas documentales falsas.
También se mantiene la sanción para quienes abandonen una defensa sin causa justificada o extravíen documentos por negligencia inexcusable, aunque ahora con una redacción más detallada que busca cerrar vacíos legales y definir con mayor precisión las conductas consideradas delito.
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que estas prácticas retardan o entorpecen los procesos judiciales y pueden causar daños patrimoniales, además de vulnerar el derecho de las partes a una justicia pronta y expedita.
El proyecto señala que el objetivo no es criminalizar el ejercicio profesional, sino establecer consecuencias para conductas dolosas que afecten el sistema judicial y la credibilidad de las instituciones, por lo que la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis en la LXII Legislatura.