La Red Nacional de Comités y Sistemas Comunitarios de Agua Potable se pronuncia ante las autoridades de los tres niveles de gobierno por no reconocer acuerdos legislativos recientemente aprobados.
Aseguran que las autoridades municipales no están respetando las disposiciones legales del Comité Autónomo de Pueblo de San Sebastián Atlatelco, al querer introducir una red de agua dentro de la jurisdicción que administra, lo que derivó en un ataque el día de ayer por un grupo ajeno a la causa en la que varios pobladores resultaron lesionados.
Los integrantes del comité del agua de este poblado, denominado comunidad indígena, argumentan que, derivado de los trabajos que realiza el gobierno municipal en la carretera Zumpango-Los Reyes, se dieron cuenta de que, en un tramo, personal del Organismo de Agua Potable (ODAPAZ) se encontraba introduciendo una red de agua potable, lo que calificaron como ingerencia arbitraria. Por ello, el día de ayer decidieron bloquear la vía en espera de una mesa de diálogo; sin embargo, escaló en un zafarrancho.
El acuerdo que mencionan se firmó en diciembre del año pasado; en el, se refiere lo contenido en el artículo 4 de la Constitución mexicana y en la observación general No. 5 (OG15) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la cual establece que los Estados deben garantizar el acceso al agua sin discriminación, respetando los sistemas tradicionales, principio con el que se rigen los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua.
Por otro lado, reprueban el ataque que recibió Aram Leon Leal, presidente del Comité, quien se manifestaba con el grupo. Aram pertenece al mecanismo de defensores de derechos humanos y no fue respaldado por elementos de la Policía Estatal que se encontraban en el lugar. A versión del agredido, la manifestación era pacífica, en la que solo defendía su jurisdicción.
Durante la manifestación, solicitaron apoyo del enlace del gobierno del Estado para que se entablara una mesa de diálogo, pero nadie acudió, hasta cerca de las 14:00 horas, cuando un grupo arribó a violentarlos; aseguran que los policías estatales no intervinieron.
La organización nacional hace el llamado a la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, a la Comisión Legislativa, a la Contraloría del Estado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría del Agua, además de pedir respeto por parte de las autoridades locales.
Por su parte, autoridades municipales señalaron que la introducción de la red forma parte de un proyecto integral de modernización de infraestructura hidráulica y vial que realizan en el municipio, con importantes obras que han puesto a la vanguardia en este rubro a la entidad municipal; aseguraron que no se pretende afectar la autonomía del sistema comunitario, sino mejorar la distribución del servicio en la zona.
Por el momento no hay propuesta de diálogo, lo que pone a este conflicto en la tensión entre comunidades con sistemas autónomos de servicios básicos y los proyectos de infraestructura impulsados por los gobiernos municipales.