El Congreso del Estado de México aprobó el plan estratégico para garantizar la protección y derechos de las personas migrantes.
Durante una reunión de la Comisión de Apoyo a Migrantes, presidida por la diputada Anai Esparza, de Morena, se destacaron los retos actuales que enfrenta este sector y la necesidad de fortalecer la labor legislativa.
«Combatimos un monstruo que vulnera a las personas migrantes. Nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad y respeto a sus derechos humanos», afirmó Esparza, al exponer las prioridades del plan anual.
La legisladora señaló que fenómenos como la globalización, el cambio climático y los conflictos bélicos han intensificado los flujos migratorios, demandando respuestas legislativas urgentes.
El documento presentado incluye siete líneas de acción clave:
Estudio de iniciativas legislativas. Análisis de propuestas para reformar o crear leyes relacionadas con el fenómeno migratorio.
Actualización de la Ley de Apoyo a Migrantes. Evaluación de cambios legislativos y creación de una nueva normativa estatal que atienda los desafíos actuales.
Coordinación interinstitucional. Colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos especializados.
Capacitación y vigilancia. Formación para prevenir abusos contra migrantes y seguimiento de las acciones implementadas.
Visitas a centros de apoyo. Supervisión directa de instalaciones que atienden a personas migrantes en el estado.
Foros y mesas de trabajo. Espacios de diálogo para enriquecer las políticas públicas.
Protección de menores migrantes. Promoción de medidas especiales para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
La diputada enfatizó que este plan representa un compromiso legislativo para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes, a menudo víctimas de discriminación, abuso y marginación.
Asimismo, llamó a sumar esfuerzos para enfrentar este fenómeno global desde lo local, asegurando soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
La sesión concluyó con un exhorto a autoridades y sociedad civil para colaborar en la construcción de una política migratoria que refleje empatía, justicia y compromiso social.