En la mañana del 21 de noviembre del 2024, dos visiones sobre la seguridad pública en México estaban a punto de chocar: en el municipio de Naucalpan, agentes federales montaban al alba un discreto operativo para detener al subdirector de la policía municipal, Omar “N”, mientras que a unos metros de ahí, el director de la municipal del vecino Atizapán se alistaba con su equipo para arrestar a integrantes del crimen organizado.
A ambos municipios del Estado de México los separa una avenida de tres carriles en la Zona Metropolitana del Valle de México. En algunas colonias, incluso el límite está marcado por un estrecho camellón o un simple semáforo. Y a pesar de esa cercanía, ambos territorios son radicalmente distintos. Uno tiene policías con cuentas pendientes con la justicia; en el otro hay uniformados que son cazadores de delincuentes.
El Operativo Enjambre, liderado por Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, lo dejaría claro esa mañana y en las horas siguientes, cuando se cumplirían órdenes de aprehensión en 12 municipios contra alcaldes y jefes policiacos que se sabría trabajaban para el crimen organizado.
En aquel jueves, Omar “N” fue esposado en Naucalpan de Juárez por agentes federales que le mostraron una acusación federal con su nombre por usar su placa y pistola para extorsionar a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Atizapán de Zaragoza, la policía municipal generó una investigación para detener, menos de 48 horas más tarde, a 11 miembros de La Nueva Familia Michoacana que usaban uniformes apócrifos del Ejército para vender droga y asesinar a sueldo.
Dos realidades distintas de México. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban ese contraste: por un lado, un alto mando arrestado; por otro, una jauría de criminales derrotados frente a su arsenal. La diferencia es más nítida, si se ven los números del Inegi: Naucalpan tiene una percepción de inseguridad del 88% y en Atizapán esa cifra se desploma a 50.6%. Es decir, de un lado de la banqueta hay un miedo parecido al que existe en Venezuela; del otro, los vecinos sienten una paz similar a la que hay en Canadá.
Así que esta tarde estoy en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza para entender cómo se logró esa distinción. Y lo primero que hay que anotar es que quien dirige a la policía municipal es todo menos un jefe común: tengo enfrente al teniente de Navío, Fabián Gómez Calcáneo, quien carga con un rifle de asalto israelí calibre 5.56, como quien porta un llavero en la bolsa.
“Entre los propios criminales de la zona tienen un dicho: no hay que meterse en Atizapán”, me dice con una sonrisa de satisfacción. “Ellos mismos lo dicen: ‘allá los policías son marinos y ellos sí nos rompen la madre’”.
Cuando alguien entra a las oficinas de la dirección de la policía municipal de Atizapán, queda claro que es una embajada de la Secretaría de Marina. Hay buques acorazados miniatura, timones de madera, insignias navales y hasta un tablón de madera, como los que se usaban para disciplinar físicamente a los marinos en entrenamiento. También hay regalos de empresarios, comerciantes y vecinos agradecidos con la limpia de delincuentes.
Uno cuelga en la pared: un afiche de la película Cobra con el actor Sylvester Stallone disparando a mansalva, pero intervenido con el rostro del teniente de Navío y la frase “El crimen es una enfermedad y yo soy la cura”.
Gómez Calcáneo es un abogado, de 38 años, que un día aventó el traje y la corbata y se enroló en la Marina para continuar su especialización en crimen organizado. Su fama de rudo, recto y experiencia en unidades de inteligencia criminal llegó a los oídos del alcalde electo Pedro Rodríguez, quien en 2021 lo invitó a unirse a la nueva administración de Atizapán, que en ese año enfrentaba la invasión de La Nueva Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y escisiones de los Beltrán Leyva.
Barrer con ese cáncer era una tarea compleja a la que sólo querían entrar civiles con espíritu suicida o ganas de beneficiarse de la derrama económica que deja el crimen organizado. Al alcalde electo le pareció que sólo un marino podía enfrentar esa situación, pero había un obstáculo: la Secretaría de Marina difícilmente “presta” a uno de los suyos para tareas de seguridad pública. El riesgo es muy alto para la imagen de la institución, si alguien es hallado culpable de corrupción o de coludirse con los criminales.
“Yo pedí tres condiciones”, recuerda el teniente Gómez Calcáneo. “La primera: nadie me podía pedir moches y el que lo hiciera yo lo denunciaría penalmente. La segunda: ningún habitante del municipio –por más rico que fuera– podría usar a los policías como guardaespaldas privados, todos volverían al servicio público. Y tercera: llevar los valores de la Secretaría de Marina –honor, deber, lealtad y patriotismo– a los policías”.
Para sorpresa del teniente, el alcalde atizapense aceptó sus condiciones, así que solicitó permiso a la Marina para incorporarse como jefe policiaco municipal. Tras la aprobación, él mismo eligió a un equipo de élite que se ha convertido en la clave del éxito: cuatro capitanes, tres oficiales y 16 elementos de marinería. En total, 23 integrantes de las Fuerzas Armadas que lo acompañan en cada misión y que se apoyan entre ellos.
“Atizapán estaba rodeado: al norte están los grupos criminales de Izcalli, al sur los de Toluca, al lado Naucalpan. Y estamos a unos minutos en vehículo de Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl”, dice a DOMINGA, rodeado de su equipo de marinos. “Pero también teníamos enemigos dentro de la corporación”.
Ese problema interno era las pésimas condiciones de los policías municipales: había quienes ganaban menos de nueve mil pesos al mes, quienes llevaban 15 años sin pararse en un campo de tiro o que acumulaban dos décadas sin un ascenso. En el “mejor” de los casos, unos se ausentaban de las calles para ir a los fraccionamientos a trabajar como choferes o jardineros; en el peor, trabajaban con criminales locales en las colonias pobres para dar “moches” a los mandos y quedarse con un pequeño porcentaje.
La limpia empezó por dentro. Al tomar posesión, el 1 de enero de 2022, el teniente Gómez Calcáneo despidió a más de 400 policías con acusaciones de corrupción y por no aprobar los exámenes de control de confianza. “Me decían [los vecinos] que, si los corría, se iban a ir con el crimen; yo les dije ‘que se atrevan y yo mismo los detengo’”, ataja.
Los despidos masivos, al principio, no cayeron bien entre los uniformados, quienes veían azorados cómo los marinos tomaban el control de las tareas que estaban en manos de civiles. La desconfianza se expandió a los vecinos, quienes veían con recelo las camionetas balizadas con la imagen de la Secretaría de Marina, que suele intervenir en las calles cuando la violencia ha escalado a niveles inéditos. Y calladamente, entre los políticos locales se hablaba del miedo a la militarización.
Pero las críticas internas quedaron enterradas cuando el teniente de Navío recompensó a los policías del municipio: les aumentó el sueldo en 30%, les sustituyó las pesadas jornadas de 24 horas por turnos de mediodía, les capacitó en tiro, reacción, inteligencia y los empapó de los valores de la Secretaría de Marina.
En unos meses, la policía transformó su rostro y cuerpo, porque hasta un gimnasio todo equipado y con ‘ring’ de box se estrenó en una bodega en desuso, de donde ya han salido campeones nacionales en peso pesado y peso crucero. El escepticismo de vecinos, comerciantes y políticos locales también cedió ante los cambios. El orgullo estaba cambiando de bando.
“Si nadie se roba el presupuesto, alcanza para muchas cosas. Y ahí fue cuando nos empezamos a hacer fama de la mejor policía del Estado de México. Y empezamos a escuchar que los criminales decían ‘ahí están los marinelas, no vayan a Atizapán”.
“Unos de plano se fueron del municipio porque ya no era negocio estar aquí. Otros criminales aprendieron a la mala, para ellos, que con nosotros no se juega”, dice el también doctor en Seguridad Pública.
El memorándum de que Atizapán se estaba volviendo un territorio complicado para el crimen organizado no llegó a las manos del clan Beltrán Leyva. Apenas un año después de que el teniente Gómez Calcáneo inició la transformación de la policía municipal, se enteró que uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI se escondía en Atizapán detrás de una fachada de empresario respetable: José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, jefe regional de esa escisión del Cártel de Sinaloa y con una orden de aprehensión pendiente por el asesinato de un hombre en Southlake, Texas.
El marino y su equipo se dedicaron a un plan de extirpación que se concretó el 7 de enero de 2023 con ayuda de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la República. El Gato que valía un millón de dólares en recompensa cayó frente a la estrategia trazada en el escritorio del teniente de Navío.
Ocho meses después, los marinos recetaron otra dosis contra los Beltrán Leyva: Norberto Valencia González, El Socialitos, el máximo operador financiero de ese grupo criminal también fue ubicado en un escondite en Atizapán y detenido en un operativo sin violencia. Univisión calificó a ese criminal en desgracia como “el último gran lavador de dinero de los Beltrán Leyva”. Ahora, espera su extradición a Estados Unidos.
Más operativos en territorio atizapense están enlistados en la base de datos de la policía: la detención de La Zarigüeya del Cártel Nueva Alianza, la caída del Memo de la banda Los Soto Jiménez, la detención de 12 mexicanos y colombianos dedicados al robo de casa habitación y hasta el cierre del Periférico Norte para detener a un vehículo que circulaba por el municipio con una mujer secuestrada que la corporación rescató de una cajuela.
“No es común que una policía municipal tenga este historial de detenciones”, le digo. “Por lo general, usan como pretexto que el crimen organizado es competencia federal para no meterse con los criminales más violentos”.
El jefe policiaco asiente, dice que si siguiera las directrices de lo “normal” no podría sentirse orgulloso del trabajo que ha hecho con 23 marinos y mil 407 policías en un municipio de medio millón de habitantes que, hasta hace poco, estaba tomado por criminales que se paseaban con arrogancia.
A diferencia de otras policías municipales que se enfocan en controlar las cifras de homicidio doloso o narcomenudeo, en este municipio una de las prioridades desde el inicio fue disminuir radicalmente el robo de vehículos.
“Es simple: la mayoría de los delitos en México tienen una cifra negra de 92%, es decir, que no se denuncian. Pero el robo de vehículos es distinto”, explica. “La gente no denuncia el robo de unas llantas o de su teléfono, pero sí lo hace cuando les quitan un coche o una moto, porque necesitan el acta de robo para cobrar el seguro o porque no quieren que se les vincule a un mal uso de sus propiedades”.
Al seguir esa métrica, el municipio tiene un diagnóstico más acertado de la seguridad. Puede saber dónde están funcionando bien los patrullajes y dónde hay que aumentar la presencia. Y con policías capacitados para hacer investigación también pueden adelantarse a los crímenes. “¿Para qué roba alguien un auto o una moto? Para delinquir. Con esa huyen, extorsionan, secuestran, matan. Si les impido que se roben un coche, les amarro las manos. Ya no tienen cómo moverse y se tienen que ir del municipio”, dice.
A la par de la nueva estrategia, con el dinero ahorrado en “moches”, la policía instaló un nuevo C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) con mil 250 cámaras de videovigilancia, renovó 220 camionetas para uso rudo, cambió su armería desactualizada por un arsenal israelí adaptado a la estatura promedio de la policía y renovó los uniformes viejos por la prestigiosa marca ‘5.11 Tactical’, que usan las mejores corporaciones del mundo, como las de Nueva York, Los Ángeles y Tokio.
Por fin, Atizapán tenía una policía municipal capaz de tumbar a un gran capo de las drogas, no sólo a los dealers de la esquina. “Y nos fuimos a la calle: imprimimos folletos para enseñarle a la gente qué hacer para cuidarse –cómo poner una cámara de seguridad, qué hacer en caso de extorsión– y cada policía las entregaba mano a mano, diciendo su nombre, su placa y ponerse a la orden de la gente”.
Pronto el plan dio resultado: en 2021 Atizapán estaba en octavo lugar municipal en robo de vehículo en el Estado de México con cerca de mil 343 hurtos al año. Para 2022, lograron bajar al escaño 11. En 2023, al 13. Y este diciembre de 2024 se ubicaron en el peldaño 15. Esa disminución provocó un efecto dominó en otros delitos como robo a transeúnte, a casa habitación y a local comercial. En tres años, el municipio comenzó a nombrarse como “el más seguro del Estado de México”.
La estrategia llevó, incluso, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a la Policía Nacional de Colombia a dar reconocimientos a la policía de Atizapán por su desempeño.
Pero los laureles no le dan paz al teniente de Navío, quien está lejos de sentirse satisfecho. Dos males lo mantienen atento: la extorsión y el narcomenudeo.
Como sucede en muchos municipios con un largo pasado de violencia, un viaje en una patrulla con un jefe policiaco se vuelve un tour de desgracias. Cada parada tiene una historia terrible, cada esquina una atrocidad. Lo mismo sucede con el teniente de Navío, Fabián Gómez Calcáneo, quien detrás del volante de una camioneta sin blindaje recorre Atizapán y va enumerando lo que ha cambiado desde que los marinos tomaron control.
“Ahí agarramos a una banda de robo de vehículos… y en esa casa estaba un operador de un grupo delictivo… acá vivía un narco pesado… ahí era la casa de un sicario muy violento, un tipo que era el terror de la colonia”, cuenta transformándose en un guía de turismo negro. En su voz hay una mezcla de orgullo y dolor. Es un tono que he escuchado en quienes logran volver a su casa después de años de ser desplazados por la violencia. Esperanza y pena. Por un lado, el jefe policiaco se da cuenta que su estrategia se ha posicionado como una de las mejores; por otro, debe cambiar rápido el plan para seguir dando buenos resultados. Para que la enfermedad no se haga resistente.
“¿Qué problema tenemos ahora? Por un lado, la extorsión a comercios que tenemos controlada, pero ahora necesito dar contención, mucho apoyo psicológico a los vecinos. Y el que más me preocupa: cada vez veo a más menores de edad usando drogas”, dice.
Atizapán, como otros municipios vecinos, sufre de una epidemia de metanfetaminas baratas en las escuelas secundarias y preparatorias, donde una dosis personal puede costar hasta 20 pesos. El cristal ya no sólo se consume recreativamente en menores de 16 años, sino que algunos más jóvenes incluso lo usan como preentreno en los gimnasios o como inhibidor de apetito para bajar de peso. Las presiones de los cuerpos perfectos en redes sociales atenazan a la juventud y requiere de nuevas tácticas contra los traficantes.
“Pero mira… esa casa está vacía porque ahí estaba un narco que se fue en cuanto llegamos al municipio… esa cancha de futbol ya la despejamos de criminales porque ahí reclutaban chavos… y en esta calle ya llevamos semanas sin un robo de vehículo… y ese negocio ya reabrió porque antes le pedían piso y ya expulsamos a esa banda”, dice y le regresa un tono esperanzador.
El último día de nuestra entrevista, el teniente Gómez Calcáneo está especialmente de buen humor: es el Día del Policía y gracias a las donaciones de empresarios agradecidos hará la rifa de varios premios, entre ellos, una casa. Los boletos para participar, aclara, son gratuitos para los policías. Es el incentivo de barrer con los criminales con la misma tenacidad y arrojo, como si hubieran sido egresados de la Secretaría de Marina.
“¿Sabes cómo le apodan los criminales a la policía de Atizapán? Los marinos locos”, le digo, mientras lo rodea su tropa. “Suena bien”, sonríe el teniente de Navío. “Ojalá nos digan peor. Quiero ser su peor pesadilla”.
Milenio