Por unanimidad, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la eliminación del delito de ultrajes del Código Penal estatal, con el objetivo de evitar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y garantizar el derecho de la ciudadanía a criticar a las personas servidoras públicas sin temor a represalias legales.
El dictamen reunió las iniciativas presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde establece la derogación del Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, así como de los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México.
La legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio, del Grupo Parlamentario del PAN y encargada de presentar el documento en tribuna, mencionó que previo a esta reforma, el delito de ultrajes se definía como toda expresión o acción, directa o indirecta, que implicara ofensa o desprecio hacia una persona servidora pública o una institución del ámbito estatal o municipal.
De acuerdo con lo informado, la iniciativa plantea anular los artículos 126 y 127 lo cual permitirá la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y manifestantes, quienes hacen públicas sus puntos de vista, opiniones y expresiones.
Además, su sanción incluía penas de hasta dos años de prisión para quienes incurrieran en ultrajes contra instituciones públicas y hasta un año para aquellos dirigidos contra servidores públicos.
Destacó que la eliminación de este delito se fundamenta en la necesidad de preservar los derechos humanos y la libertad de expresión, considerados pilares fundamentales de una sociedad democrática.
También, se argumentó que la existencia de esta figura legal era anacrónica y contraria al orden constitucional, al vulnerar el derecho fundamental a la libre expresión, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales.
Por su parte, el diputado Jorge Jiménez Martínez destacó que, desde la LXI Legislatura, su bancada había promovido la derogación de este delito y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad y resolvió que las leyes penales no deben utilizarse como herramientas para coartar las críticas de la ciudadanía hacia sus gobernantes.
Con esta reforma, el Estado de México se suma a los esfuerzos por garantizar un marco legal acorde con los principios democráticos y el derecho ciudadano al escrutinio público de las autoridades.