Ante el alarmante incremento de delitos sexuales perpetrados bajo el uso de sustancias que anulan la voluntad de las víctimas, la diputada del PAN Rocío Alexia Dávila Sánchez, presentó una iniciativa que busca modificar el Código Penal del Estado de México para endurecer las penas por abuso sexual cuando este se realice tras el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia que prive a la persona de su capacidad de consentir.
La propuesta, plantea que, en los casos de abuso sexual cometidos bajo estas circunstancias, las penas de prisión sean de hasta 20 años, o bien, se apliquen hasta mil 333 días de multa. Esta medida tiene como objetivo no solo castigar de manera más severa este tipo de conductas, sino también visibilizar y generar conciencia social sobre la gravedad de los delitos cometidos bajo el uso de sustancias que anulan la voluntad de la víctima.
Actualmente, según el Código Penal estatal, el abuso sexual se castiga con penas que oscilan entre los dos y los 15 años de prisión y una multa que va de los 200 a los mil días.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, a nivel nacional se registraron mil 471 víctimas de abuso sexual relacionadas con el suministro de sustancias para anular su voluntad, de las cuales el 90 por ciento fueron mujeres.
En tanto, datos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), en 2023 se registraron más de dos mil 500 denuncias por abuso sexual, con un porcentaje considerable relacionado con el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima. En este sentido, la propuesta de reforma tiene un gran peso, ya que responde directamente a una realidad preocupante en el estado, donde las mujeres siguen siendo las principales víctimas de estos delitos.
Ante ello, Dávila Sánchez subrayó que, según el estudio Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, una gran parte de las víctimas de este tipo de agresión sexual no denuncia el delito. Cuando finalmente lo hacen, se enfrentan a serios obstáculos para acceder a la justicia. Entre los principales impedimentos se encuentra la falta de un protocolo claro de atención a las víctimas y la tendencia de algunas autoridades a argumentar que la mujer accedió de manera voluntaria a consumir la sustancia que anuló su voluntad.
“Es de suma importancia hacer conciencia social sobre este problema, tanto para prevenirlo como para crear una percepción de riesgo en aquellos que piensan que pueden actuar impunemente al agredir a una persona en estado de narcosis”, comentó.
Finalmente, la panista afirmó que la propuesta representa un paso crucial hacia una mayor equidad de género en el sistema de justicia penal de la entidad. «Nuestro objetivo es claro, proteger a las mujeres, darles voz y justicia, y hacer que aquellos que intenten vulnerar sus derechos enfrenten las consecuencias que su conducta merece», acotó.