La Asociación Civil Plataforma Social Tratados de Teoloyucan solicitó formalmente al Presidente Municipal Constitucional, Luis Domingo Zenteno Santaella, replantear la participación de María Guadalupe Martínez Franco como organizadora de los festejos conmemorativos por el aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, al considerar que su involucramiento representa un agravio histórico y administrativo para el municipio.
En un documento dirigido al alcalde, la asociación fijó su postura oficial respecto a los festejos de este evento cívico, histórico y cultural que marcó la rendición del ejército federal en 1914, y que año con año es recordado como una fecha solemne para la nación.
Según expone Plataforma Social, el origen de estos festejos contemporáneos se remonta a 2013, cuando se organizó el Festival Nacional Tratados de Teoloyucan como parte de la conmemoración del centenario del acontecimiento. Un año después, por diferencias políticas, los actuales integrantes de la asociación decidieron no colaborar con el gobierno municipal en turno, y lanzaron por cuenta propia la segunda edición del festival, con el respaldo de otras organizaciones.
No obstante, afirman que de forma paralela, la administración municipal de aquel entonces —encabezada por Juan Salvador Montoya— impulsó un evento bajo el nombre Festival Internacional Tratados de Teoloyucan (FIT), el cual, aseguran, retomó el esquema original creado por los ciudadanos sin ser una evolución legítima del mismo.
De acuerdo con la Asociación Civil, fue la señora María Guadalupe Martínez Franco quien registró el nombre del festival ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el aval institucional del entonces alcalde, a pesar de —según señalan— no haber sido la autora intelectual ni creadora del concepto.
“Registró a su nombre un festival que no tuvo una primera edición como tal, que no permite utilizar el nombre original, y que ha cobrado o buscado cobrar regalías por un concepto que siempre ha sido auspiciado con recursos públicos municipales”, denuncia el documento.
La organización exige que Guadalupe Franco no sea partícipe ni organizadora principal del evento, a menos que “en un acto de reflexión” y en beneficio del interés colectivo, desista del registro legal del nombre del festival y “se lo regrese al pueblo”.
Plataforma Social subrayó que el festival es un patrimonio cultural impulsado por la ciudadanía, financiado por el erario y sin derechos exclusivos que permitan su apropiación individual.
