Durante 2024, en el Estado de México se registraron al menos dos nacimientos en los que las madres eran niñas menores de 13 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSA). En ambos casos, los padres son adultos con una diferencia de edad considerable.
El primero ocurrió en Texcoco, donde una niña de apenas 10 años figura como madre en el acta de nacimiento, mientras que el padre tiene 32 años. Este caso, lidera la tabla de embarazos infantiles a nivel nacional.
El segundo se presentó en El Oro, donde la madre tiene 12 años y el padre 65.
Ambas situaciones colocan a la entidad entre las que concentran los casos más graves a nivel nacional, según la edad de las niñas y la disparidad con los hombres registrados como padres.
La organización Reinserta, con más de una década de trabajo con niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia, subrayó que los embarazos infantiles deben ser considerados como señales graves de riesgo y no como simples datos administrativos.
De acuerdo con la organización, dos de cada tres sobrevivientes de violencia sexual que acompañan son niñas o adolescentes.
Además, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), nueve de cada diez delitos sexuales en México no se denuncian, lo que incrementa la posibilidad de que las agresiones permanezcan en la impunidad o no reciban atención institucional.
Ante este panorama, Reinserta hizo un llamado al Estado mexicano para aplicar tres acciones urgentes.
La segunda consiste en implementar una Ruta Nacional de Atención Integral, que garantice acceso efectivo a servicios médicos, psicológicos, legales y educativos especializados.
Mientras que la tercera plantea activar, de manera obligatoria, protocolos de denuncia y protección en hospitales, escuelas y registros civiles cada vez que se detecte un embarazo infantil.
El Estado de México aparece también en el listado nacional de nacimientos donde existe una amplia diferencia de edad entre los padres, aunque en estos casos las mujeres ya son mayores de edad.
Municipios como Otzolotepec y Toluca reportaron alumbramientos en los que las madres tenían entre 19 y 22 años, mientras que los hombres superaban los 70, e incluso alcanzaban los 85 años. Esto representa brechas de hasta seis décadas.
Si bien esos casos no constituyen por sí mismos un delito, especialistas advierten que estas relaciones pueden estar mediadas por condiciones de desigualdad, dependencia económica o coerción, especialmente cuando las mujeres jóvenes carecen de redes de apoyo o de autonomía plena.
Reinserta reiteró que los embarazos en niñas deben ser atendidos como consecuencia de violencia sexual, y no asumidos como parte de un fenómeno social inevitable.
Además, recordó que la maternidad forzada en menores de edad compromete gravemente su salud física, emocional y su desarrollo a largo plazo.
Por ello, llamó a las autoridades estatales y federales a asumir su responsabilidad y garantizar entornos seguros, libres de violencia, donde las niñas no sean obligadas a convertirse en madres ni a convivir con sus agresores.