Para revisar y darle seguimiento al incremento en la tarifa del transporte público en la entidad mexiquense, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de México presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a crear una Comisión Especial que supervisará el proceso de autorización y aplicación del incremento tarifario de cuatro pesos.
La diputada Ruth Salinas Reyes, quien presentó la iniciativa, advirtió que el incremento propuesto por algunas organizaciones de transportistas, que llevaría la tarifa mínima de 12 a 16 pesos, representa un golpe directo al bolsillo de millones de mexiquenses.
Recordaron que el último aumento al pasaje se autorizó el 19 de diciembre de 2019 y, desde entonces, las condiciones del servicio no han mejorado y aunque los concesionarios justifican la necesidad de cubrir mayores costos de operación, la diputada sostuvo que el Código Administrativo del Estado de México establece que cualquier ajuste debe garantizar una prestación satisfactoria y responder a necesidades públicas, situación que actualmente no se cumple.
De acuerdo con la exposición de motivos, el servicio presenta severas deficiencias, entre las cuales está las malas condiciones sin higiene en la unidades, la inseguridad en los trayectos, acoso sexual y accidentes viales provocados por operadores.
‘Hoy en día pagamos una de las tarifas más elevadas del país por un servicio deficiente e inseguro, los llamados tarifazos no resuelven el problema estructural de la movilidad en el Estado de México’, enfatizó
Salinas Reyes recordó que el Congreso mexiquense ya ha recibido diversas iniciativas para regular las tarifas y subsidios al transporte, establecer tarifas preferenciales a grupos vulnerables y avanzar en una reforma integral en materia de movilidad, que incluye la mejora en la flota de autobuses, aumento de seguridad, tarifas justas, regularización en la frecuencia y horarios, así como en la innovación tecnológica de las unidades.
Respecto a la creación de una Comisión Especial, esta supervisará el proceso de autorización y aplicación del incremento tarifario, una medida de alto impacto social que requiere discusión parlamentaria, transparencia y seguimiento puntual.
‘En la Bancada Naranja estamos convencidos de que la movilidad debe ser un derecho garantizado con calidad, seguridad y tarifas accesibles, no un negocio que recaiga en la ciudadanía’, finalizó la legisladora.